Fomento pasa a las comunidades aut¨®nomas la ¡®patata caliente¡¯ de la guerra entre los VTC y el taxi

Uber y Cabify deber¨¢n contar con una segunda licencia auton¨®mica o municipal para poder seguir realizando trayectos urbanos. Para ello, el Gobierno ceder¨¢ las competencias estatales sobre la concesi¨®n de licencias de veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC) a las autonom¨ªas, para que estas puedan restringir su actividad en las ciudades donde no se cumple la exigencia legal de un VTC por cada 30 taxis. Con la norma, el Ministerio de Fomento traslada a las comunidades la patata caliente del conflicto que enfrenta al sector del taxi y al de los VTC. Estas empresas amenazan con pleitos millonarios si se vulneran sus derechos.

El Gobierno pretende quitarse de un plumazo el engorroso problema surgido por la proliferaci¨®n de licencias de VTC, que ha desatado las iras del sector del taxi, y cuyo m¨¢ximo exponente fue la huelga patronal protagonizada por los taxistas a finales de julio pasado, con bloqueo de calles en varias ciudades como Madrid y Barcelona y episodios de vandalismo contra veh¨ªculos y conductores de Uber y Cabify.

Para ello, el Ministerio de Fomento prev¨¦ sacar adelante una norma que traslade a las comunidades aut¨®nomas la capacidad de legislar la actividad de los VTC, pudiendo en su caso exigir una segunda licencia auton¨®mica o municipal, que restrinja los trayectos en los que pueden operar estos veh¨ªculos, seg¨²n las directrices que el departamento que dirige Jos¨¦ ?balos ha trasladado a las diferentes asociaciones de taxistas sobre el decreto ley que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros.

Cesi¨®n a los ayuntamientos

La normativa tambi¨¦n permitir¨¢ que las comunidades cedan esa regulaci¨®n a los ayuntamientos, como demandan Madrid y Barcelona, de forma que sean estos los que exijan una segunda autorizaci¨®n municipal para poder operar.

A partir de esa nueva norma, las comunidades aut¨®nomas tendr¨¢n que legislar sobre la actividad de los VTC, pudiendo en su caso exigir una segunda licencia auton¨®mica o restringir los trayectos en los que pueden operar estos veh¨ªculos. La normativa tambi¨¦n permitir¨¢ que las comunidades cedan esa regulaci¨®n a los ayuntamientos, como demandan Madrid y Barcelona, de forma que sean estos los que exijan una segunda autorizaci¨®n municipal para poder operar.

No obstante, el decreto de Fomento no tendr¨¢ consecuencias inmediatas porque da un plazo ¨Clas asociaciones de taxistas hablan de entre cuatro y cinco a?os- a las comunidades aut¨®nomas para que legislen en materia de VTC y expidan las licencias auton¨®micas, o deriven esa responsabilidad hacia los ayuntamientos.

Con este plazo, se trata de aminorar el impacto de la medida para los propietarios de VTC y los 15.000 conductores que emplean, y evitar una catarata de recursos judiciales que previsiblemente presentar¨¢n las empresas due?as de las licencias. Como ya ha avisado Unauto, patronal de los VTC, las compa?¨ªas (Moove Cars, Vector Ronda, Ares Capital o Auro, entre otras) poseedoras de las licencias, que operan a trav¨¦s de las plataformas de Internet de Uber o Cabify, est¨¢n dispuestas a llevar el asunto tanto a los ¨®rganos de competencia nacionales (CNMC) como de la UE, y a los tribunales ordinarios al entender que se rompe la unidad de mercado, con medidas anticompetitivas, y se les expropian derechos adquiridos como el poder operar en los trayectos urbanos. Las indemnizaciones reclamadas a las comunidades y ayuntamientos que aprueben estas restricciones pueden alcanzar los 3.500 millones de euros, seg¨²n fuentes del sector.

Y es que a trav¨¦s de esta segunda licencia y de su desarrollo reglamentario, los entes regionales y locales podr¨¢n restringir la actividad de los VTC con el objetivo ¨²ltimo de que se cumpla la exigencia legal de un coche de VTC por cada 30 taxis, cuyo ratio real actualmente a escala nacional es de 1/6 por la proliferaci¨®n de licencias concedidas al amparo de la legislaci¨®n liberalizadora aprobada por el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero en 2009.

La principal de esas limitaciones ser¨¢ negarles la posibilidad de realizar trayectos en el interior de las ciudades (los m¨¢s frecuentes), eliminando as¨ª en la pr¨¢ctica la actividad de la mayor parte de los veh¨ªculos. Tambi¨¦n podr¨¢n endurecer el r¨¦gimen sancionador, con la retirada de la licencia por infracciones graves o reiteradas.

Una vez que las comunidades o los ayuntamientos hayan asumido las competencias, adem¨¢s de restringir el n¨²mero de licencias, podr¨¢n tambi¨¦n someter a los VTC a una normativa similar a la del taxi o incluso m¨¢s restrictiva en materia de horarios, descansos obligatorios semanales o condiciones laborales para los conductores.

A espaldas de las comunidades aut¨®nomas

El Ministerio de Fomento ha llevado con sigilo la redacci¨®n del borrador del decreto sobre las VTC. Solo las asociaciones de taxistas han sido informadas de las l¨ªneas generales de la normativa, manteniendo al margen a las empresas de VTC y a las comunidades aut¨®nomas.

De hecho, las comunidades de Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla Le¨®n y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, han exigido sin ¨¦xito al ministro de Fomento, el documento del decreto y la convocatoria de una conferencia sectorial con las comunidades aut¨®nomas para discutirlo.

La consejera madrile?a de Transportes, Rosal¨ªa Gonzalo, cuya comunidad es la m¨¢s afectada con 5.000 licencias de VTC, ha denunciado el hecho ¡°sin precedentes¡± de que se regule ¡°al margen de las comunidades¡± una materia de las que se les va a hacer responsables y que puede provocar costosos procesos judiciales.

De hecho, una de la mayores inc¨®gnitas que plantea el decreto es qu¨¦ medidas coercitivas se adoptar¨¢n contra aquellas comunidades que no quieran asumir la nueva competencia, o no regulen sobre la materia

Las comunidades d¨ªscolas entienden que el Ministerio de Fomento "quiere quitarse de encima el problema, y que los taxistas o los conductores de Uber, en vez de manifestarse y cortar La Castellana [sede de Fomento] se trasladen a la Puerta del Sol [sede de la Comunidad de Madrid]", se?alan en fuentes del Gobierno regional.