La ¡®uberizaci¨®n¡¯ llega al mundo del Derecho

Suele decirse, y con raz¨®n, que el mundo de la abogac¨ªa presenta una mayor resistencia a la innovaci¨®n que otros sectores de actividad. Sin embargo, ese apego por lo tradicional no se traduce en una impermeabilidad absoluta a la revoluci¨®n digital que sacude todos los ¨¢mbitos econ¨®micos. Prueba de ello es el florecimiento de las plataformas digitales que ponen en contacto a abogados y clientes. Unas aplicaciones que, aqu¨ª tambi¨¦n, est¨¢n suscitando el recelo y las cr¨ªticas de muchos letrados, que consideran que atentan contra los principios y la regulaci¨®n de la profesi¨®n.

El funcionamiento de todas ellas es sustancialmente el mismo. De forma gratuita, el potencial cliente de alg¨²n servicio jur¨ªdico hace una exposici¨®n de su caso, que es remitida a los abogados inscritos en la aplicaci¨®n, a quienes s¨ª se les cobra alg¨²n tipo de cuota o suscripci¨®n, y estos deciden si aceptan o no el asunto.

Seg¨²n explican los gestores de estas plataformas digitales, la idea sobre la que se fundan estas herramientas es que la mayor¨ªa de ciudadanos no sabe a qui¨¦n dirigirse cuando tiene un problema legal o bien acude a un abogado que no es especialista en la materia. Frente a ello, estas aplicaciones no solo ofrecen un listado de profesionales clasificados por localizaci¨®n y especialidad, sino que, adem¨¢s, permiten conocer la valoraci¨®n que de ellos han hecho otros usuarios.

?Cu¨¢l es el problema con este nuevo modelo de negocio? Que la relaci¨®n abogado-cliente no es una simple contrataci¨®n de servicios, sino que cuenta con unos condicionantes adicionales, fruto de ser la manifestaci¨®n del derecho fundamental a la defensa jur¨ªdica. As¨ª, el art¨ªculo 5.4.2 del C¨®digo Deontol¨®gico de los Abogados Europeos determina que los letrados no podr¨¢n pagar "honorarios, comisi¨®n ni ninguna otra compensaci¨®n como contrapartida" por la remisi¨®n de un cliente. Una prohibici¨®n que tambi¨¦n recoge el art¨ªculo 19 del C¨®digo Deontol¨®gico del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE). ?Es la cuota o suscripci¨®n de estas plataformas digitales un pago il¨ªcito? La respuesta no es sencilla y, como ha sucedido con los litigios de Glovo y Deliveroo, el funcionamiento de cada aplicaci¨®n puede conducir a resoluciones diferentes.

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En ElAbogado.com, que cuenta con 12.000 profesionales dados de alta, son los letrados los que fijan cu¨¢nto pagar¨¢n a la aplicaci¨®n por cada caso. Su fundador, Mart¨ª Manent remarca que no puede decirse que est¨¦n vendiendo los asuntos al mejor postor, porque ese precio es solo una de las variables que el algoritmo tiene en cuenta para decidir a qu¨¦ usuario remite la consulta. "Hay abogados que me dicen: 'yo te pago mucho pero me env¨ªas pocos asuntos'. Claro, porque hay otros factores como el tiempo de respuesta o la satisfacci¨®n del cliente", explica. La configuraci¨®n del algoritmo, no obstante, es confidencial.

Tuappbogado, que tiene 7.000 abogados inscritos en su plataforma, cobra a los profesionales una suscripci¨®n fija: 66 euros al mes, m¨¢s IVA. En este caso, la aplicaci¨®n remite a los usuarios una zona y una determinada especialidad con los casos que pueden interesarles y son los propios letrados los que dedicen.

Algo m¨¢s complejo es el sistema que desarrolla Lexgoapp, una aplicaci¨®n que cuenta con 2.000 usuarios registrados. En concreto, cuando un ciudadano plantea un caso, los gestores de la plataforma lo valoran y le ponen un precio de entre dos y siete cr¨¦ditos. Hay distintos paquetes de cr¨¦ditos: el de ocho vale 49 euros m¨¢s IVA; el de 39, alcanza los 199 euros; y el de 75 cr¨¦ditos llega a 499 euros.

El sistema aparentemente m¨¢s agresivo es el de Soldier Lawyer (cuenta con casi 200 abogados inscritos), que se oferta como una aplicaci¨®n de "subastas jur¨ªdicas". En ella, los potenciales clientes especifican cu¨¢nto es el m¨¢ximo que est¨¢n dispuestos a pagar por su caso y, a partir de ah¨ª, los letrados deciden si pujan o no por llevar la defensa. El consejero delegado de la plataforma, Carlos Tormo, aclara que el t¨¦rmino "subasta" responde a una estrategia publicitaria, pero que en ning¨²n caso se pretende devaluar el asesoramiento jur¨ªdico tirando los precios. "Las pujas son secretas, quedan entre el abogado y el cliente", explica este empresario para apuntalar la idea de que ni pretenden mercadear con los honorarios ni incentivar una venta a p¨¦rdidas de los servicios jur¨ªdicos.

Esther Montalv¨¢, del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), reconoce la inquietud que estas aplicaciones han despertado entre muchos letrados, pero considera que, mientras se ci?an a lo que determina la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n, no hay objeci¨®n legal alguna. "Si se limitan a unir oferta y demanda, son un avance fabuloso. Mi opini¨®n cambia si se asigna un profesional u otro en funci¨®n de qui¨¦n pague m¨¢s", asevera. M¨¢s tajante se muestra con este tema Fernando Candela, del CGAE: "La Abogac¨ªa no puede estar a favor de estas plataformas; el servicio jur¨ªdico no es una mercanc¨ªa". Eso s¨ª, de momento, ni el Consejo ni el ICAM han recibido queja alguna por estas aplicaciones digitales, lo que les impide actuar contra ellas.

En este contexto, y antes de iniciar un tortuoso camino judicial, Candela cree que la soluci¨®n pasa por la autorregulaci¨®n. De hecho, el CGAE trabaja en ese sentido. "Estamos trabajando en un c¨®digo de conducta y, quien se adhiera, contar¨¢ con un sello de cumplimiento que aportar¨¢ confianza en sus servicios", explica.

Desde el Instituto de Innovaci¨®n Legal, su socia, Laura Fauqueur, apunta que esta es, precisamente, la soluci¨®n que se ha adoptado en Francia. All¨ª, abogados y plataformas digitales han suscrito una carta que sirve, a quien la suscribe, para acreditar que respeta los principios de la profesi¨®n. Una v¨ªa que, a su juicio, es la correcta porque "siempre es mejor querer participar en c¨®mo se har¨¢n las cosas en el futuro, que intentar bloquear los cambios", a?ade.