El Supremo decide que el cliente pague el impuesto de las hipotecas tras un duro debate y por 15 votos a 13

Las tres semanas de caos jur¨ªdico a cuenta de a qui¨¦n corresponde pagar el impuesto de actos jur¨ªdicos documentados han dejado partido por la mitad al pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo. 28 magistrados se han reunido durante 15 horas (divididos en cuatro sesiones de ma?ana y tarde en dos d¨ªas) para decidir si manten¨ªan el criterio fijado el pasado 16 de octubre por una sentencia que estableci¨® que el sujeto pasivo de este tributo (quien debe pagarlo) es el banco, en contra de la jurisprudencia consolidada durante m¨¢s de dos d¨¦cadas por el Tribunal Supremo. Ese fallo caus¨® fuertes ca¨ªdas en Bolsa de los bancos.

La fractura entre los defensores de una y otra postura se evidenci¨® nada m¨¢s empezar la deliberaci¨®n y se confirm¨® con el resultado final: 15 votos a favor de revocar la nueva jurisprudencia y, por tanto, que sigan pagando los clientes, frente a 13 partidarios de mantenerla y que pague el banco el impuesto. El resultado m¨¢s ajustado posible y que muestra la oposici¨®n de buena parte de la sala a cambiar una jurisprudencia reci¨¦n estrenada y que hab¨ªa sido fijada por la secci¨®n experta en impuestos. Al pleno no han asistido adem¨¢s, por diversos motivos, tres de sus 31 miembros, lo que ha dejado la sensaci¨®n entre muchos magistrados de que el fallo, aunque leg¨ªtimo, es m¨¢s controvertido si cabe por la exigua mayor¨ªa. Las sentencias con los argumentos de los magistrados (revisaban tres casos por lo que habr¨¢ tres resoluciones), se conocer¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas.

La deliberaci¨®n comenz¨® el lunes y, tras ocho horas y ante la falta de acuerdo, los magistrados se emplazaron a ayer por la ma?ana. La reuni¨®n empez¨® como hab¨ªa acabado la del d¨ªa anterior: con posturas enfrentadas entre los partidarios de mantener el nuevo criterio y los defensores de revocarlo. Antes del receso para comer, hab¨ªan tomado la palabra 14 miembros del pleno cuyas intervenciones evidenciaron la ruptura de la sala. No hab¨ªa una mayor¨ªa clara hacia una postura u otra aunque la balanza a esa hora parec¨ªa inclinarse hacia los partidarios de mantener la jurisprudencia establecida hace dos semanas. Los argumentos de este sector, encabezados por los cinco magistrados que suscribieron el cambio de criterio de la sentencia del 16 de octubre, incidieron en que el ¨²nico interesado en que se inscriba un pr¨¦stamo con escritura p¨²blica es el banco, porque solo con esa inscripci¨®n podr¨¢ despu¨¦s ejecutar la hipoteca si, por ejemplo, hay impagos.

Sin razones para el cambio de criterio

Buena parte de los magistrados defend¨ªa, por el contrario, que hab¨ªa que dejar de lado la decisi¨®n del 16 de octubre y volver a la jurisprudencia que estaba consolidada en el Supremo y que establec¨ªa que deb¨ªa pagar el cliente que firma la hipoteca. Para este sector, no hab¨ªa ninguna raz¨®n jur¨ªdica que justificara el cambio de criterio.

Cuando los magistrados pararon para comer, solo quedaban por intervenir cinco de los 28: el presidente, Luis D¨ªez-Picazo, y los cuatro miembros m¨¢s antiguos de la sala. Las posturas estaban tan ajustadas que sus pronunciamientos pod¨ªan inclinar la decisi¨®n en uno y otro sentido. Y eso fue lo que acab¨® ocurriendo. Las fuentes consultadas se?alan que fue D¨ªez-Picazo quien inclin¨® definitivamente la votaci¨®n a favor de que el impuesto se impute a quien firma el pr¨¦stamo. ?l era el ¨²ltimo en votar y cuando lleg¨® su turno el resultado era de 14 votos a favor de esta opci¨®n y 13 en contra. El presidente de la sala, que hace dos semanas adopt¨® la ins¨®lita decisi¨®n de elevar al pleno la jurisprudencia reci¨¦n establecida para someterla a revisi¨®n, decidi¨® volver a la antigua jurisprudencia y que sea el cliente el que pague el tributo.

Hasta ese momento, D¨ªez-Picazo, seg¨²n estas fuentes, se hab¨ªa mostrado partidario de mantener el nuevo criterio, pero cerrando la puerta a que tuviera efectos retroactivos. Esta opci¨®n estuvo a punto de prosperar a trav¨¦s de una enmienda transaccional propuesta por la magistrada Pilar Teso para buscar un consenso entre las dos posturas.

Enmienda fracasada

Se trataba de ratificar que el impuesto deb¨ªa pagarlo el banco pero solo a partir de ahora, sin posibilidad de retroactividad, para evitar una previsible avalancha de recursos de clientes con hipotecas ya firmadas. Esta enmienda se lleg¨® a votar, pero perdi¨® por 17 a 11. Algunos miembros del pleno, seg¨²n las fuentes consultadas, pidieron abrir un debate sobre la retroactividad, pero D¨ªez-Picazo (que hab¨ªa votado a favor de la enmienda fracasada) lo rechaz¨® y precipit¨® directamente la votaci¨®n sobre si se manten¨ªa la nueva jurisprudencia o se volv¨ªa a la antigua. Esta postura del presidente fue recibida con duros reproches por parte de algunos miembros del pleno.

Con la votaci¨®n en marcha, los magistrados asumieron que la ruptura era inevitable. Los defensores de revocar la nueva jurisprudencia vencieron por la m¨ªnima y, por primera vez, el Supremo revoca su propia doctrina tres semanas despu¨¦s de establecerla.

Algunos magistrados partidarios de la opci¨®n que acab¨® imponi¨¦ndose recalcaron durante su intervenci¨®n que los recursos que estaban revisando no enfrentaban a la banca y los consumidores, sino a la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid, frente a esta Comunidad aut¨®noma y el Estado. Estas dos administraciones eran las "perjudicadas" por el nuevo criterio y, seg¨²n se?al¨® alg¨²n miembro del pleno, si se les obligaba a devolver el dinero del impuesto se les generar¨ªa un agujero de miles de millones de euros, lo que acabar¨ªa repercutiendo en servicios b¨¢sicos como la sanidad o la educaci¨®n.

Este sector tambi¨¦n dio por seguro que si se imputaba el impuesto a los bancos, estos iban a subir los tipos de las hipotecas, por lo que el cliente no iba a beneficiarse del cambio de jurisprudencia. Algunos magistrados dejaron tambi¨¦n constancia de que los partidos pol¨ªticos pueden en el Congreso cambiar la ley cuando quieran y eliminar o modificar el impuesto de las hipotecas.