Acabar con la ley antisocial de vivienda

La vivienda es uno de los problemas sociales m¨¢s graves de este pa¨ªs. Hay dos grandes d¨¦ficits: falta de viviendas asequibles y pervivencia de una legislaci¨®n contraria a las directivas europeas y a los dict¨¢menes de Naciones Unidas.

En relaci¨®n con la carencia de viviendas, los pa¨ªses m¨¢s avanzados ya aprendieron hace a?os que la vivienda no se pod¨ªa dejar en manos del mercado exclusivamente. Por ello dedicaron continuados recursos a promover viviendas sociales. En Viena, que inici¨® sus residencias municipales en 1919, el 62% de sus habitantes viven en 220.000 viviendas municipales o en 200.000 pisos de renta subsidiada, seg¨²n la reciente conferencia de International Housing, celebrada en la capital austriaca.

?msterdam, en donde las asociaciones iniciaron sus actividades en 1917, cuenta con un 42,9% de viviendas sociales y un 14,5% de residencias con renta social en el sector privado. Las viviendas sociales representan el 32% de total en Holanda; el 23% en Austria, el 18% en el Reino Unido, el 17% en Francia y el 1,1% en Espa?a, seg¨²n Amnist¨ªa Internacional. Espa?a camina en direcci¨®n contraria. Cada a?o se construyen menos viviendas protegidas. Los presupuestos estatal y auton¨®mico en materia de vivienda son raqu¨ªticos.

El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, ha decidido exigir que el 30% de las nuevas viviendas sean obligatoriamente de tipo social. Es necesario que no se torpedee esta iniciativa que de verdad nos acerca a las sociedades europeas.

La segunda cuesti¨®n es la permanencia de una legislaci¨®n antisocial en materia de vivienda y desahucios. Hasta el momento, el Gobierno y el Congreso de Diputados han sido incapaces de incorporar ¨ªntegramente a nuestra legislaci¨®n las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, (TJUE) de los casos Aziz (2013), S¨¢nchez Morcillo (2014) o Pe?alva L¨®pez (2015). La primera, impulsada por la acci¨®n del abogado Dionisio Moreno y el magistrado Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, establec¨ªa el derecho a invocar la existencia de cl¨¢usulas abusivas y paralizar una ejecuci¨®n hipotecaria.

En el Congreso ahora se debate la ley de los contratos de cr¨¦dito inmobiliario que debe incorporar la doctrina de las sentencias del TJUE y la directiva europea de 2014. El Congreso ha mejorado la propuesta inicial del PP, en asuntos importantes como que ahora ser¨¢n necesarias entre 12 o 15 mensualidades impagadas (3% o 7% del capital) para iniciar una ejecuci¨®n hipotecaria, frente a los tres impagos vigentes. Pero todav¨ªa es menos protectora que en Alemania, que prev¨¦ el impago del 10% del capital como exige Unidos Podemos, impulsor de las principales mejoras.

Hay temor por si la ley desbloquea los miles de casos de desahucios paralizados en los Juzgados pendientes del TJUE. Tampoco se prev¨¦ la opci¨®n de daci¨®n en pago ni la exigencia de realojo a los desahuciados como exige el dictamen del Consejo Econ¨®mico y Social de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017. Hay que evitar tener que volver al TJUE despu¨¦s de esta ley.