As¨ª funciona el sistema legal expr¨¦s para echar a los okupas profesionales en 30 d¨ªas

La ocupaci¨®n ilegal de viviendas se ha convertido en un negocio demasiado bueno y f¨¢cil para las mafias y, por eso, el n¨²mero de usurpaciones no deja de crecer. El ¨²ltimo dato del que dispone la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad corresponde a 2017, cuando se registr¨® la cifra m¨¢s alta de los ¨²ltimos cinco a?os: 10.619 ocupaciones ilegales denunciadas o investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se trata de un 5,8% m¨¢s que el a?o anterior (9.998). Catalu?a (4.123) y la Comunidad de Madrid (1.466) fueron las regiones m¨¢s castigadas. Y, por ciudades, fue Barcelona, con 3.072 denuncias, seg¨²n el Ministerio de Interior.

Se calcula que en Espa?a existen m¨¢s de 87.000 viviendas ocupadas de manera ilegal, seg¨²n el Instituto Cerd¨¤. En la sombra est¨¢n las que no se denuncian por miedo o coacciones, con lo que podr¨ªan superar las 100.000. Y lo que es peor: no solo ha cambiado el perfil del que ocupa, sino tambi¨¦n del tipo de vivienda. "Nos encontramos cada d¨ªa con problemas en chal¨¦s y urbanizaciones de lujo. El okupa ya no es solo una familia sin recursos. La lacra son las mafias que proliferan", advierte ?scar Arag¨®n, director general de VPS, multinacional de instalaci¨®n de sistemas antiokupas.

Pero los propietarios tienen desde hace seis meses un nuevo aliado en su bando. La nueva ley de desahucio expr¨¦s (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificaci¨®n de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) cumple medio a?o y, aunque es pronto para sacar conclusiones, ya se pueden ver mejoras con respecto al viacrucis anterior que soportaban miles de personas y que pod¨ªa alargarse hasta dos a?os.

La mejora m¨¢s importante es que permite a los propietarios acudir a un juicio civil de desahucio para recuperar la posesi¨®n de sus propiedades en un corto periodo de tiempo y con menos costes. "Ahora la v¨ªa civil es la forma m¨¢s r¨¢pida y adecuada para solventar la mayor¨ªa de ocupaciones", dice Josep Maria G¨¹ell, de Habitat Abogados. Hasta julio de 2018 la legislaci¨®n procesal no dispon¨ªa de instrumentos r¨¢pidos y eficaces. "Se llamaba a la polic¨ªa para identificar a los ocupantes y abrir la v¨ªa penal, lo cual era un aut¨¦ntico calvario", apunta G¨¹ell. Los procesos eran tan largos y poco efectivos que los afectados prefer¨ªan pagar dinero al okupa para que abandonara la casa.

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Ahora basta con presentar una demanda civil de desahucio para que en el plazo aproximado de un mes se pueda recuperar la vivienda, indica Jos¨¦ Miguel Celdr¨¢n, socio y director de Celdr¨¢n Abogados. Es lo que ha tardado uno de los clientes de este despacho en volver a entrar en su casa situada en un municipio del sur de Madrid. No todos los juzgados de primera instancia tienen la misma carga de trabajo ni la misma celeridad a la hora de admitir a tr¨¢mite una demanda, pero lo cierto es que "en no m¨¢s de tres a cinco meses un propietario o arrendatario puede volver a entrar en su vivienda con seguridad", recalca Jes¨²s S¨¢nchez, abogado y secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogac¨ªa de Barcelona, que, a trav¨¦s de la Comisi¨®n de Normativa, present¨® la propuesta de esta reforma legislativa.

La ley introduce medidas que, para este abogado, suponen un gran paso. "Se adopta una medida cautelar r¨¢pida y es que el ocupante acredite en un plazo de cinco d¨ªas, desde la notificaci¨®n, la existencia de t¨ªtulo jur¨ªdico de la casa (contrato de alquiler, escritura de compra...)". Si no lo hace, el juez autoriza el desahucio, acordando fecha y hora de lanzamiento. Y, adem¨¢s, el auto es irrecurrible. "Lo que puede ralentizar el proceso es que el ocupante conteste a la demanda manifestando que tiene un t¨ªtulo que le habilita a estar en la casa, que suele ser falso o sin valor jur¨ªdico", argumenta G¨¹ell.

La nueva norma protege a los propietarios y tambi¨¦n a las Administraciones p¨²blicas con vivienda social, que pueden reclamar estas casas para su verdadera finalidad: dar un techo a las personas en situaci¨®n de exclusi¨®n social. Pero no incluye a entidades financieras, promotoras ni fondos de inversi¨®n. "Creemos que puede ser el resquicio que aprovechen las mafias para ocupar un amplio parque de inmuebles de fondos buitre y bancos", opina Jos¨¦ Fuster, director comercial de VPS.

Aunque la v¨ªa civil no distingue entre vivienda habitual o segunda residencia, est¨¢ m¨¢s pensada para el ¨²ltimo caso. Porque "si los okupas entran en tu vivienda habitual porque te has ido a comprar el pan o de vacaciones, que no conozco ning¨²n caso, es un delito de allanamiento de morada y, en ese caso, hay que llamar a la polic¨ªa de inmediato", recalca Jes¨²s S¨¢nchez. En este caso, la inmediatez es la clave para que la polic¨ªa pueda sacar a los ocupantes sin un proceso judicial "al considerarse un delito flagrante, es decir, la ocupaci¨®n se est¨¢ produciendo o acaba de ocurrir y hay testigos", dice Celdr¨¢n.

De seguros a puertas

La proliferaci¨®n de mafias no solo ha motivado cambios legales que, por cierto, no han terminado. Esta semana el PP propon¨ªa penas de c¨¢rcel para los okupas y desalojos policiales en 24 horas. En torno a la ocupaci¨®n se ha dise?ado una bater¨ªa de productos y servicios para tratar de evitar las ocupaciones. Muchas compa?¨ªas de seguros cubren los gastos judiciales de la desocupaci¨®n en sus p¨®lizas multirriesgo de hogar. Es el caso de Mutua de Propietarios, que tambi¨¦n se hace cargo de los gastos para reclamar los da?os en la vivienda. Lo ofrece desde el a?o 2007. "Cada vez m¨¢s los clientes nos preguntaban por coberturas espec¨ªficas para la problem¨¢tica de los okupas", se?ala Jos¨¦ Luis Mar¨ªn, director t¨¦cnico y de siniestros de Mutua de Propietarios. Tambi¨¦n Mapfre garantiza la protecci¨®n y ayuda al asegurado para emprender acciones penales y civiles. Adem¨¢s, "la cobertura de asistencia jur¨ªdica cubre la apropiaci¨®n indebida de bienes hasta el l¨ªmite asegurado, as¨ª como los actos vand¨¢licos". Asimismo, Arag cuenta con un seguro que garantiza la defensa y reclamaci¨®n de los derechos como propietario.

Pero como m¨¢s vale prevenir que curar, los propietarios m¨¢s temerosos tienen un vasto mercado de productos dise?ados para evitar la patada en la puerta. "En 2018 la instalaci¨®n de sistemas antiokupa ha aumentado m¨¢s del 50%. Ya no solo son los grandes grupos inversores, sino que el n¨²mero de particulares que alquilan estos sistemas para proteger sus viviendas vac¨ªas es cada vez mayor", se?alan en VPS. Esta firma de seguridad cuenta con m¨¢s de 15.000 inmuebles protegidos. Entre sus productos est¨¢n puertas y pantallas de acero que permiten la entrada autorizada mediante llaves de seguridad; alarmas sin cableado para pisos vac¨ªos; y puertas con cerradura electr¨®nica para controlar el acceso de forma remota. "La puerta y ventanas de acero y sin cerradura ronda los 120 euros al mes y reducen las probabilidades de ocupaci¨®n por debajo del 1%", dice ?scar Arag¨®n. En la firma STM Seguridad, que ofrece m¨¢s de 400 servicios diarios, lo que m¨¢s demandan los clientes tambi¨¦n es la puerta antiokupa por 70 euros al mes (dos al d¨ªa); y la alarma para casas desocupadas. Ambos productos cuestan 140 euros al mes.