Despidos como represalia y desahucios en el Obispado de C¨¢diz

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Pas¨® de tener un despacho como jefa administrativa del Obispado de C¨¢diz a tener una mesa en un pasillo. De ah¨ª, a ser desplazada a otro departamento como secretaria y a que le modificaran el horario sin m¨¢s opci¨®n de r¨¦plica que la judicial. Luego, llegaron las sanciones a su marido, ch¨®fer del obispo Rafael Zornoza, y el despido fulminante. Un juzgado ha declarado nula ahora su destituci¨®n y ha puesto nombre al calvario que C. A. M., de 46 a?os, ha vivido: ¡°Una represalia empresarial¡±.

La sentencia, formulada por el Juzgado de lo Social N¨²mero 3 de C¨¢diz, ha llegado justo cuando otra mujer, Carmen Guerrero, se prepara para una batalla judicial contra la misma instituci¨®n eclesi¨¢stica. Despu¨¦s de dedicar 44 a?os a ser guardesa de un convento de San Fernando sin ni siquiera estar dada de alta, el obispado pretende desahuciarla de una casa que ha funcionado como pago en especie estos a?os. Los casos de Guerrero, de la administrativa y del ch¨®fer son solo tres de una oleada de despidos que ya suma ¡°al menos 20 afectados¡±, seg¨²n calcula este ¨²ltimo, que prefiere preservar tanto su anonimato como el de su mujer.

¡°El obispado tiene ahora una l¨ªnea ultraconservadora, quieren gente de esa ideolog¨ªa y no a los que no piensan como ellos¡±, resume la empleada afectada que, pese a ello, desea poder reincorporarse a su puesto. Desde la defensa de Guerrero saben a lo que la administrativa se refiere. La misma profesional ¡ªque prefiere no dar su nombre¡ª que asesora a la guardiana de 63 a?os ya vivi¨® el despido de dos empleados m¨¢s, una archivera que lleg¨® a acuerdo extrajudicial y un sacrist¨¢n al que tuvieron que readmitir. ¡°Es una persecuci¨®n al anterior obispado¡±, opina la graduada social.

El obispado ha declinado hacer declaraciones sobre los casos de ambos matrimonios y el resto de denuncias. Entre tanto silencio, Rafael Vez, sacerdote y can¨®nigo de la catedral de C¨¢diz, es uno de los pocos curas que han alzado la voz para pedir la dimisi¨®n del ec¨®nomo y mano derecha del obispo, Antonio Diufa¨ªn. ¡°M¨¢s vale que renuncies al cargo de ec¨®nomo diocesano y te marches por donde has venido (¡­) ?Cu¨¢nto lleva pagado la di¨®cesis en indemnizaciones? ?En abogados y pleitos?¡±, ha afirmado Vez, tras el juicio a la administrativa.

¡°Me hicieron la vida imposible¡±, resume la administrativa y economista sobre un trance que arranc¨® hace algo m¨¢s de tres a?os, despu¨¦s de acabar trasladada a la delegaci¨®n de ense?anza del obispado. Todo se complic¨® en septiembre de 2017, cuando la empleada decidi¨® denunciar a la instituci¨®n por el cambio de horario que le aplicaron sin consenso. Reclam¨® por v¨ªa judicial y acab¨® perdiendo. Apenas un mes despu¨¦s, su marido fue sancionado cuatro d¨ªas por aprovechar un viaje a Algeciras con el obispo Zornoza para llevar tambi¨¦n a su mujer en un desplazamiento por motivos laborales. La impugnaci¨®n de las condiciones laborales de la administrativa y de la sanci¨®n del ch¨®fer ¡ªque s¨ª gan¨® en su fallo judicial¡ª precipitaron el despido de la mujer en octubre de 2018. ¡°No existe el m¨¢s m¨ªnimo motivo que pudiera explicar alguna otra motivaci¨®n de un despido sin causa alguna que lo justifique, despu¨¦s de casi 20 a?os de prestaci¨®n de servicios¡±, considera el juez Francisco Borja Derqui-Togores de Benito. Poco despu¨¦s de aquello, la ansiedad y la depresi¨®n llevaron al marido a una baja m¨¦dica, en la que a¨²n contin¨²a.

Tampoco Guerrero lo est¨¢ pasando bien ante su posible desahucio y su jubilaci¨®n sin pensi¨®n. ¡°Nos echan a la calle sin querer hablar y sin tener derecho a nada y yo cre¨ªa que alg¨²n derecho ten¨ªa porque lo he trabajado¡±. En 1973, la mujer lleg¨® para vivir y trabajar junto a su marido, Ildefonso Portillo, a la casa del convento de San Fernando. Las monjas capuchinas que estaban entonces hicieron un contrato a Portillo. A ella no, que se encargaba de atender a las religiosas y de limpiar. Guerrero recib¨ªa ¡°una retribuci¨®n¡± en especie con la casa, alimentos o el pago de la luz y el agua, como reconoci¨® en 2008 la abadesa en un documento que firm¨® para proteger al matrimonio. Hace dos a?os que las monjas se marcharon del edificio y este regres¨® a las manos de su propietario, el obispado. Portillo se jubil¨®, pero Carmen ha seguido encarg¨¢ndose del cuidado de las zonas comunes y de labores de porter¨ªa. En noviembre de 2018 el matrimonio recibi¨® un burofax que le comunicaba que deb¨ªan abandonar la vivienda.

Fue as¨ª como comenz¨® un litigio que en marzo vivi¨® su primer cap¨ªtulo con un juicio por la v¨ªa civil que, a¨²n sin sentencia, deber¨¢ dirimir el caso del desahucio. El pr¨®ximo 19 de junio, Guerrero ir¨¢ de nuevo a los tribunales, ahora para defender que estos m¨¢s de 40 a?os desempe?¨® un trabajo, pese a que nadie la diese de alta. La profesional que la defiende cree que el obispado ¡°ha incumplido su obligaci¨®n como empresa subrogadora¡±.

El sufrimiento de ambos matrimonios con la Iglesia de C¨¢diz est¨¢ lejos de ser un caso aislado. Desde que el actual prelado lleg¨® a la di¨®cesis en agosto de 2011, tanto trabajadores laicos como clero se han visto afectados por despidos, destituciones y traslados. Sin embargo, las voces cr¨ªticas internas son escasas. ¡°Los que siguen, tienen miedo¡±, explica el ch¨®fer.