Vigilantes atrapados entre el Ministerio de Trabajo y la precariedad laboral

Francisco Oca?a y sus 16 compa?eros vigilantes de seguridad en la sede de la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social en Sevilla se frotaban los ojos hace dos meses cuando su nueva empresa, RMD, les cont¨® que deb¨ªan renunciar a su antig¨¹edad como trabajadores o iban a la calle. Algunos de ellos con 28 a?os acumulados en el puesto. ¡°En casa me preguntaban ¡®?c¨®mo estando en el Ministerio de Trabajo, que vigila por que las empresas cumplan sus obligaciones, os van a hacer esa barrabasada? Es imposible¡¯. Y ni yo me lo cre¨ªa¡±, relata. Pero tras semanas de incredulidad, los 17 vigilantes vieron que la realidad se impon¨ªa y eran despedidos por la firma ganadora del concurso de 586.060 euros al a?o ofertado por el Ministerio de Trabajo, responsable ¨²ltimo de su paradoja laboral.

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Llueve sobre mojado para estos 17 guardas de seguridad. Su anterior empresa, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, propiedad del pol¨¦mico empresario canario Miguel ?ngel Ram¨ªrez, apodado el rey de la seguridad, les dej¨® una deuda en salarios impagados que ronda los 150.000 euros, seg¨²n estiman los sindicatos. En paralelo, en 2017 el Ministerio de Trabajo denunci¨® a Sinergias ante la Fiscal¨ªa despu¨¦s de haber propuesto sancionarla por fraude a la Seguridad Social.

Con esos precedentes, el pasado mayo los 17 trabajadores recibieron la propuesta de RMD para rebajarse el sueldo medio de 1.368 euros a 1.168 euros en 15 pagas al a?o. ¡°Cuando lleg¨® la hora de subrogarnos, RMD me exigi¨® renunciar a 25 a?os de antig¨¹edad, reiniciar de cero sabiendo que con la baja voluntaria la empresa te puede coger, o no. Aun estando la ley de nuestro lado¡±, insiste Oca?a, a quien Sinergias le adeuda 14.000 euros por salarios atrasados. Despu¨¦s de que la firma entrara en concurso de acreedores hace dos meses, el impago corresponde ahora al administrador concursal.

Tanto la Ley de Contratos del Sector P¨²blico, como el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de empresas de seguridad estipulan que RMD debe subrogar a los trabajadores despedidos. ¡°El Ministerio acepta el incumplimiento del contrato y nosotros estamos desamparados. Si lo hace Tesorer¨ªa, ?qu¨¦ no har¨¢n las empresas? Adem¨¢s, la Inspecci¨®n de Trabajo deber¨ªa haber actuado de oficio¡±, se lamenta el vigilante Carlos Garc¨ªa. El incumplimiento ha provocado que los siete sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad se hayan unido en una plataforma para obligar a Trabajo a reaccionar y denunciar los despidos.

¡°RMD entiende que la situaci¨®n no la provocamos nosotros, sino Sinergias, y que hemos actuado conforme a convenio. Los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad pero s¨ª derecho al pataleo porque han perdido sus empleos. El grueso del problema es la falta de documentaci¨®n desde Sinergias para la subrogaci¨®n y que hay irregularidades en las n¨®minas, con pluses no computados en el coste de los empleados", alega Ismael Fern¨¢ndez, jefe de seguridad de RMD. Y a?ade: "La Tesorer¨ªa es conocedora de todos los pasos que hemos dado. Esto terminar¨¢ en un juzgado y si el juez determina que tienen raz¨®n, pues volver¨¢n a sus puestos¡±. Fern¨¢ndez asegura que sus 17 nuevos empleados est¨¢n contratados bajo el convenio estatal de la seguridad. La firma cuenta con unos 500 trabajadores en todo el pa¨ªs y mantiene contratos con diversas Administraciones, del Estado, autonom¨ªas y Ayuntamientos.

Para el Ministerio de Trabajo la resoluci¨®n del problema no est¨¢ en su mano. ¡°Es una cuesti¨®n de la empresa y ning¨²n pliego contempla la obligatoriedad de subrogarse (¡­) La subrogaci¨®n en los trabajadores excede de las competencias de la Administraci¨®n, siendo un asunto exclusivo entre la empresa cesante y la nueva adjudicataria¡±, arguye un portavoz. Trabajo se escuda en el punto 22.1.5 del pliego del contrato, que establece: ¡°El personal depender¨¢ exclusivamente del adjudicatario (¡­) siendo la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social ajena a dichas relaciones laborales¡±.

El catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza Jos¨¦ Mar¨ªa Gimeno Feli¨² considera que el Ministerio, como ¨®rgano de contrataci¨®n y garante del inter¨¦s p¨²blico del contrato, es responsable y tiene potestad para anularlo, en tanto incumple condiciones esenciales de la licitaci¨®n y la prestaci¨®n. ¡°Es una actuaci¨®n contraria a la vigente Ley de Contratos del Sector P¨²blico y su interpretaci¨®n es en fraude de ley, pues lo que la ley pretende es la calidad y estabilidad en el empleo de las contratas p¨²blicas. El incumplimiento de esta finalidad ser¨ªa motivo de resoluci¨®n del contrato, con imposici¨®n incluso de penalidades¡±. El experto a?ade: ¡°Cuando el legislador dice que la empresa debe subrogarlos a todos, existe un incumplimiento contractual si el resultado es el contrario. La empresa incumple, as¨ª, una condici¨®n esencial de la contrataci¨®n, con lo cual ser¨ªa ya causa de resoluci¨®n¡±.

La nueva Ley de Contratos de 2017 [aprobada con el voto a favor de todas las fuerzas salvo la abstenci¨®n del PSOE] buscaba la protecci¨®n de la calidad y estabilidad del empleo. ¡°Lo que pretende la empresa se aleja del esp¨ªritu y de la letra de la nueva normativa del 2017¡±, estima Gimeno Feli¨².

En paralelo, el Tribunal Supremo revirti¨® el pasado noviembre el sistema de contratas de servicios y fij¨® en sentencia que las adjudicatarias deben asumir las deudas que afloren con Hacienda o la Seguridad Social de sus predecesoras, adem¨¢s de las de los trabajadores. Hasta el pasado oto?o la ley obligaba a las empresas a subrogar a los trabajadores con m¨¢s de siete meses de contrato, pero ahora tambi¨¦n las deudas arrastradas corresponden al nuevo contratista, seg¨²n el alto tribunal. Diego Gir¨¢ldez, responsable federal de Seguridad Privada en UGT, apunta: ¡°El giro afecta a un mill¨®n de trabajadores de limpieza, call centers y dependencia. Estamos esperando que el Gobierno garantice que sean firmes las certificaciones de Tesorer¨ªa y Hacienda sobre el corriente de pagos y los aplazamientos. O bien una modificaci¨®n legislativa que afecte al Estatuto de los Trabajadores¡±.