Santander, Caixabank y Bankia reclaman 1.350 millones del Castor ante el Supremo

Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almac¨¦n submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometi¨® a devolver en 30 a?os, "m¨¢s los da?os causados".

El pasado mes de abril, las tres entidades presentaron una reclamaci¨®n de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamaci¨®n ante el Consejo de Ministros. La reclamaci¨®n no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.

Ahora, recurren por los "los da?os y perjuicios sufridos como consecuencia de la p¨¦rdida de las inversiones realizadas por ellos tras la declaraci¨®n de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relaci¨®n con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

Competencia congel¨® los reembolsos

Las entidades decidieron presentar la reclamaci¨®n al Gobierno despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios art¨ªculos del real decreto ley que permiti¨® a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnizaci¨®n por la paralizaci¨®n del almac¨¦n de gas; a continuaci¨®n, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dej¨® de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia.

Los bancos entienden que esta decisi¨®n judicial no debe ocasionar ninguna p¨¦rdida a quien ha financiado a los poderes p¨²blicos para facilitar una medida de inter¨¦s general, ya que, de no ser as¨ª, el poder p¨²blico se beneficiar¨ªa de la inconstitucionalidad a su costa, puesto que desembolsaron m¨¢s de 1.350 millones para financiar el cierre del almac¨¦n.

Ello se debi¨® a una serie de se¨ªsmos que despertaron alarma social entre los vecinos de las provincias de Castell¨®n y Tarragona.

En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendi¨® la actividad del almac¨¦n de gas tras los se¨ªsmos registrados en la zona; cuatro a?os despu¨¦s, el Tribunal Constitucional anul¨® la indemnizaci¨®n de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernaci¨®n del proyecto.

Tras esta decisi¨®n judicial se dejaron de abonar los pagos a Enag¨¢s por el mantenimiento de la instalaci¨®n y a los bancos, a los que el gestor t¨¦cnico transfiri¨® los derechos de cobro.