La factura por el fiasco de Castor se enreda en los tribunales

La factura de Castor, el fallido proyecto para construir un almac¨¦n de gas submarino frente a las costas de Castell¨®n, se enreda cada vez m¨¢s en los tribunales. Los bancos acreedores de los 1.350 millones que cost¨® la instalaci¨®n han recurrido ante el Tribunal Supremo para exigir al Gobierno la devoluci¨®n del importe. En paralelo, Enag¨¢s ha presentado una reclamaci¨®n de responsabilidad patrimonial contra el Estado para recuperar el dinero que ha gastado en el mantenimiento y la seguridad del almac¨¦n, cerrado en 2013 tras provocar centenares de terremotos.

El fiasco de Castor, y los gastos y las deudas que arrastra, van a seguir dando quebraderos de cabeza al Gobierno, al que se le han abierto varios frentes en los ¨²ltimos d¨ªas. La factura de la instalaci¨®n, construida por Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), sigue engordando sin que el Ejecutivo aclare c¨®mo va a ir pag¨¢ndola. Hace poco m¨¢s de un a?o el Tribunal Constitucional anul¨® el real decreto ley con el que el Gobierno de Rajoy dise?¨® el rescate de la concesi¨®n de Castor. Este repercut¨ªa el coste al recibo del gas de los consumidores durante 30 a?os y encargaba a Enag¨¢s el mantenimiento del almac¨¦n, cerrado y en hibernaci¨®n.

La sentencia del Constitucional, que no entraba al fondo de la cuesti¨®n sino a la forma ¡ªconsider¨® que un real decreto ley, previsto para situaciones de urgencia, no era la f¨®rmula adecuada para devolver los 1.350 millones de euros a Escal¡ª inici¨® una cascada de pleitos. La factura de Castor tiene dos partes: por un lado los aproximadamente 80 millones al a?o que hay que pagar a los tres bancos acreedores (Santander, CaixaBank y Bankia) y, por otro, los gastos de mantenimiento de Enag¨¢s, que el a?o pasado ascendieron a unos 8,7 millones de euros.

En cumplimiento de la sentencia, el Gobierno anterior dej¨® de pagar los 80 millones anuales a los bancos. Estos presentaron en abril una reclamaci¨®n patrimonial contra el Estado para exigir el dinero, pero no tuvieron respuesta, ni en un sentido ni en otro. El silencio administrativo, que se considera una negativa, ha empujado ahora a las entidades a acudir a la justicia. Escal y ACS cobraron apenas un mes despu¨¦s de que el Ejecutivo de Rajoy aprobara por v¨ªa de urgencia su indemnizaci¨®n, pero la deuda se tituliz¨® y fueron los bancos los que prestaron el dinero que supuestamente iban a recuperar a lo largo de 30 a?os.

El embrollo y la litigiosidad generada fuerzan ahora al Gobierno a actuar, especialmente en el caso de la otra parte de la factura, la del mantenimiento y vigilancia. Enag¨¢s lleva cinco a?os ocup¨¢ndose, en primer lugar, de la hibernaci¨®n de la instalaci¨®n (disminuci¨®n de la presi¨®n del gas, sellado de los pozos) y posteriormente de su seguridad, con vigilancia 24 horas que incluye la operaci¨®n de un barco y de un helic¨®ptero. Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo han anulado los pagos que recibi¨® Enag¨¢s en 2014, 2015 y 2016, que tendr¨¢ que devolver, y la empresa no cobra desde la sentencia del Constitucional. En total, mantener vac¨ªo Castor acumula unos gastos de algo m¨¢s de 50 millones de euros, seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa, que son los que ahora reclama como responsabilidad patrimonial del Estado.

El Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica tuvo que recular en su decisi¨®n de incluir en la orden que regula los peajes del gas para 2019 la retribuci¨®n a Enag¨¢s, que seg¨²n una primera versi¨®n de la orden inclu¨ªan tanto la factura de 2019 (8,7 millones de euros) como las de 2017 y 2018 (por la misma cantidad) que no cobr¨®. Sin embargo, en la versi¨®n final publicada en el BOE el Gobierno dej¨® fuera estas cantidades. Seg¨²n una portavoz del departamento que lidera Teresa Ribera, se tom¨® la decisi¨®n de retirar el pago por indicaci¨®n de la CNMC y a la vista de las sentencias del Supremo.

Si el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica ignora esta reclamaci¨®n de Enag¨¢s, como hizo con la de la banca, estos gastos acabar¨¢n tambi¨¦n ante el Tribunal Supremo.