Dos d¨¦cadas de gobierno corporativo
Las compa?¨ªas espa?olas cada vez est¨¢n mas alineadas con los est¨¢ndares internacionales exigidos en esta materia
C¨®mo hemos cambiado fue un gran ¨¦xito del grupo musical de los a?os 90 Presuntos Implicados, pero tambi¨¦n puede resumir lo que ha sucedido en Espa?a en los ¨²ltimos 20 a?os en materia de gobierno corporativo. 2003 fue el a?o en el que la Comisi¨®n Especial para el Fomento de la Transparencia y la Seguridad en los Mercados Financieros y las Sociedades Cotizadas, presidida por Enrique de Aldama y Mi?¨®n, public¨® un C¨®digo de Buen Gobierno orientado a la mejora de la transparencia y seguridad en los mercados. Ahora nos parece lejano, pero cabe destacar como una de sus principales aportaciones, la recomendaci¨®n de elaborar un Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) como instrumento de transparencia homog¨¦neo y comparable de las pr¨¢cticas de gobierno corporativo de las sociedades espa?olas. Le sigui¨® en 2006 el denominado C¨®digo Conthe, que se centr¨® en armonizar y actualizar las recomendaciones anteriores de Olivencia (1998) y Aldama.
La ca¨ªda de Lehman Brothers en 2008 y la crisis financiera tuvieron un importante impacto en el mercado espa?ol. As¨ª, se increment¨® el activismo de los inversores institucionales extranjeros en materia de gobierno corporativo y las compa?¨ªas comenzaron a tomar conciencia de la importancia de hacer engagement con estos inversores. Por otro lado, se reforzaron las recomendaciones de ejercicio responsable del derecho de voto por parte de los fondos de inversi¨®n y fondos de pensiones en las juntas en Espa?a. Como consecuencia de lo anterior, se registr¨® un aumento en el nivel de influencia de los asesores de voto (Proxy Advisors), cuyo origen se sit¨²a en EE UU, cuna del activismo accionarial.
As¨ª llegamos al a?o 2013, cuando el Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Reformas con el fin de ampliar el actual marco del buen gobierno corporativo en Espa?a para situarlo al m¨¢s alto nivel de cumplimiento de los principios internacionales de buen gobierno. En este sentido, en mayo de 2013, se cre¨® una comisi¨®n de expertos en materia de gobierno corporativo para proponer iniciativas y reformas normativas en el marco del buen gobierno de las empresas y para prestar apoyo y asesoramiento a la CNMV en la modificaci¨®n del mencionado C¨®digo. Como resultado de su trabajo, esta comisi¨®n propuso una serie de cambios a ser introducidos, tanto en el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol como en el C¨®digo Unificado de Buen Gobierno del a?o 2006. Algunas de las novedades que se plantearon introducir en el marco normativo fue el nombramiento de un consejero coordinador en aquellas sociedades donde el presidente y el consejero delegado sean la misma persona, o las pol¨ªticas de responsabilidad social corporativa como una facultad indelegable del Consejo. Por otro lado, cabe mencionar la inclusi¨®n en aquel c¨®digo de que al menos un 30% de los miembros del consejo sean mujeres antes del a?o 2020.
En diciembre de 2014 se public¨® la Ley 31/2014, por la que se modificaba la Ley de Sociedades de Capital para la mejora de gobierno corporativo. La norma pretend¨ªa modernizar y mejorar la gobernanza de las sociedades, incluyendo cambios sobre su r¨¦gimen jur¨ªdico, dando m¨¢s protagonismo a la junta de accionistas en las decisiones empresariales e introduciendo controles m¨¢s estrictos de las remuneraciones de los directivos, regulando la responsabilidad por su gesti¨®n, entre otras materias.
En enero de 2018, la CNMV someti¨® a consulta p¨²blica una nueva propuesta de circular modificando los modelos del Informe Anual de Gobierno Corporativo y del Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros. Esta propuesta ten¨ªa como objetivos fundamentales: introducir los nuevos contenidos exigidos en el Real Decreto-ley 18/2017 en materia de diversidad, permitir de manera voluntaria la utilizaci¨®n de formatos de libre dise?o tanto para el Informe Anual de Gobierno Corporativo como para el Informe Anual de Retribuciones, y realizar ajustes t¨¦cnicos a fin de simplificar o de eliminar algunos apartados que hab¨ªan perdido relevancia en el contexto actual e introducir o desarrollar otros que resultan relevantes para comprender el sistema de gobierno corporativo de las entidades emisoras y la retribuci¨®n de los consejeros.
El comienzo del a?o 2020 ha estado marcado sin lugar a dudas por la crisis de la covid-19 y su impacto en el desarrollo y funcionamiento de las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas espa?olas. En marzo de 2020, la CNMV emiti¨® un comunicado precisando algunos aspectos organizativos de las juntas que las hiciera compatibles con las restricciones de movilidad y limitaciones de las reuniones de personas que empezaban a imponerse. Tras la declaraci¨®n del estado de alarma, el Gobierno public¨® el Real Decreto-Ley 8/2020 que, entre otras cuestiones, extendi¨® el plazo para la celebraci¨®n de la junta general ordinaria dentro de los 10 primeros meses del ejercicio, autorizaba la asistencia a la junta por medios telem¨¢ticos, el voto a distancia y flexibilizaba significativamente los requisitos relativos al lugar de celebraci¨®n independientemente de las previsiones estatutarias al respecto.
Tras m¨¢s de cinco a?os de vigencia del C¨®digo de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, la CNMV aprob¨® el pasado 26 de junio la modificaci¨®n al texto de 20 de las 64 recomendaciones contenidas en el citado c¨®digo. Esta reforma ha girado en torno a el refuerzo de las funciones de la comisi¨®n de auditor¨ªa, poniendo especial ¨¦nfasis en la importancia de la informaci¨®n no financiera y la gesti¨®n de los riesgos reputacionales, diversos ajustes para dotar al de mayor empaque al concepto ESG (Enviromental, Social & Governance), fomento de la presencia de las mujeres en los consejos de administraci¨®n y la alta direcci¨®n, y clarificaci¨®n de algunos aspectos relacionados con la remuneraci¨®n de los consejeros.
Por ¨²ltimo, el pasado 15 de julio de 2020 el Consejo de Ministros ha aprobado para su remisi¨®n a las Cortes Generales el proyecto de ley de Fomento de la implicaci¨®n a largo plazo de los accionistas de sociedades cotizadas, que modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La nueva norma permitir¨¢ que las empresas tengan un mayor acceso a la financiaci¨®n de los mercados, puedan crecer de manera m¨¢s sostenible, crear empleo de calidad y aportar mayor valor a la econom¨ªa. El objeto de esta reforma es la transposici¨®n de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al fomento de la implicaci¨®n a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas para intentar cambiar el perfil de los inversores, de cortoplacistas a larga duraci¨®n. Con esta iniciativa, se pretende conseguir que las inversiones sean m¨¢s estables y que los accionistas est¨¦n m¨¢s involucrados en la sociedad. Asimismo, se pretende mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Uni¨®n Europea y aumentar sus posibilidades de financiaci¨®n en el largo plazo. Entre las medidas que recoge figura el derecho de las cotizadas a identificar a los accionistas para facilitar su participaci¨®n activa y su implicaci¨®n en el desarrollo de la sociedad. Igualmente, se obliga a las instituciones de inversi¨®n colectiva (IIC) a hacer p¨²blica su estrategia de inversi¨®n en las sociedades cotizadas, y se regula con mayor detalle el contenido que tiene que incluir la pol¨ªtica de remuneraci¨®n de los miembros del consejo de administraci¨®n. Asimismo, se incrementa la transparencia de las operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y se incorporan otras medidas orientadas a mejorar la competitividad de los mercados de valores.
En definitiva, en estos 20 ¨²ltimos a?os hemos asistido en Espa?a a una proliferaci¨®n de iniciativas relacionadas con las buenas pr¨¢cticas en materia de gobierno corporativo impulsadas por el regulador y la presi¨®n de diversos actores del mercado, que han ayudado a que las compa?¨ªas cotizadas espa?olas est¨¦n cada vez m¨¢s alineadas con los est¨¢ndares internacionales de gobierno corporativo exigidos en los mercados de capitales m¨¢s avanzados.
Carlos S¨¢ez Gallego es el responsable de Georgeson en Espa?a
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