Si mi empresa me obliga a vacunarme de la covid, ?qu¨¦ hago?

Los resultados preliminares presentados por las farmac¨¦uticas Pfizer-BioNTech y Moderna sobre la efectividad de sus respectivas vacunas experimentales contra la covid-19 han abierto un horizonte esperanzador para los sectores econ¨®micos m¨¢s afectados por la crisis sanitaria. Bares, hoteles y aerol¨ªneas, entre otros negocios, ven un poco m¨¢s cerca el fin de las restricciones a la movilidad y las limitaciones de aforo tras muchos meses de pandemia. Una traves¨ªa que pasa, necesariamente, porque los ensayos cl¨ªnicos terminen con ¨¦xito, la Agencia Espa?ola de Medicamentos (AEMPS) apruebe los ant¨ªgenos y haya dosis suficientes como para inmunizar a un porcentaje muy relevante de la poblaci¨®n.

Sin embargo, en ese proceso hacia la vieja normalidad previa al coronavirus, las direcciones de las empresas pueden toparse con un escollo: la resistencia de parte de las plantillas a vacunarse. El escenario no es descartable. Seg¨²n una encuesta publicada por EL PA?S, uno de cada tres espa?oles es reacio a inyectarse los ant¨ªgenos contra el Sars Cov-2, bien porque prefiere esperar a que pase un cierto tiempo (37%) o bien porque ni se plantea hacerlo (13,1%). En este contexto, resulta oportuna la pregunta de si es posible imponer la inmunizaci¨®n para preservar la seguridad en los centros de trabajo.

En la legislaci¨®n, la ¨²nica norma que se refiere expl¨ªcitamente a la vacunaci¨®n en el ¨¢mbito laboral es el Real Decreto 664/1997, sobre la protecci¨®n de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposici¨®n a agentes biol¨®gicos. En una escueta menci¨®n, el decreto establece que cuando los empleados est¨¦n expuestos a una enfermedad para la que haya vacunas eficaces, ¡°estas deber¨¢n ponerse a su disposici¨®n¡±. Ahora bien, como destaca Rosario Rodr¨ªguez, abogada asociada de Garrigues, ¡°este reglamento se aplica estrictamente a una lista concreta de profesiones del sector biosanitario, como m¨¦dicos, enfermeros y t¨¦cnicos de laboratorio, y siempre bajo el principio de voluntariedad¡±. Es decir, la empresa tiene el deber de ofrecer el tratamiento, pero, en ¨²ltima instancia, es el empleado quien decide si se somete a ¨¦l o no.

Chequeos m¨¦dicos

Por otra parte, la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales (LPRL) contempla que las compa?¨ªas, como responsables ¨²ltimas de velar por la seguridad y la higiene de sus empleados dentro del trabajo, podr¨¢n programar chequeos m¨¦dicos. ¡°Esas revisiones ser¨¢n obligatorias cuando est¨¦n previstas por convenio, pero solo servir¨¢n para comprobar el estado de salud del trabajador y, en caso de que fuera necesario, darlo de baja¡±, puntualiza F¨¦lix Pinilla, coordinador de los servicios jur¨ªdicos de UGT.

Es obvio, por tanto, que el marco legal vigente antepone el derecho del empleado a decidir sobre su cuerpo frente a la protecci¨®n de la salud de compa?eros y clientes. No obstante, ?debe mantenerse este criterio en un contexto de pandemia como el actual? El profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, Adri¨¢n Todol¨ª, entiende que s¨ª, a excepci¨®n de los casos ¡°m¨¢s extremos¡± donde la covid represente un peligro grave e inminente para la vida de terceras personas, como ocurre en las residencias de ancianos o en los centros sanitarios.

¡°Obviamente, en estos supuestos ser¨ªa leg¨ªtimo ir un paso m¨¢s all¨¢ de los chequeos m¨¦dicos y exigir la vacunaci¨®n¡±, afirma Todol¨ª. El jurista, no obstante, matiza de que si hubiera un conflicto (por la negativa de un empleado a inyectarse) y este derivara en un despido disciplinario, probablemente el cese acabar¨ªa siendo declarado improcedente ¡°al no existir una base legal para justificar la extinci¨®n del contrato¡±.

Precisamente, con el fin de compensar el vac¨ªo normativo, algunos especialistas apuestan por solicitar la vacunaci¨®n forzosa ante los tribunales de forma previa a trav¨¦s de la Ley Org¨¢nica de Medidas Especiales de Salud P¨²blica, alegando motivos de urgencia y necesidad. ¡°Si el juez acepta la petici¨®n, el trabajador no tiene m¨¢s remedio que inocularse para conservar su puesto¡±, asevera Eduardo G¨®mez, socio de Dentons. El letrado puntualiza, eso s¨ª, que a la v¨ªa judicial solo tendr¨ªan acceso los negocios que cuenten con un motivo sanitario de peso. O dicho de otro modo, ¡°no podr¨¢n alegarse simples razones econ¨®micas o productivas¡±.

Federico de Montalvo, presidente de la Comisi¨®n de Bio¨¦tica de Espa?a, a?ade que el r¨¦gimen voluntario sobre vacunaciones tambi¨¦n deja de aplicarse si el Ministerio de Sanidad ordena administrar el f¨¢rmaco a toda la sociedad o a determinados trabajadores en base a la referida ley de salud p¨²blica.

De Montalvo, experto en derecho constitucional, est¨¢ convencido de que este ser¨ªa el camino m¨¢s adecuado para atajar las resistencias en las empresas, ya que evitar¨ªa ¡°muchos dilemas jur¨ªdicos y ¨¦ticos¡±. Una opini¨®n que comparte el laboralista Enrique Ceca, socio del bufete Ceca Mag¨¢n, que apuesta por un decreto de inmunizaci¨®n que permita a las empresas ¡°proceder al despido objetivo de aquellas personas que insistan en desobedecer por ineptitud sobrevenida¡±.

Ambos expertos subrayan, sin embargo, que una medida laboral coercitiva ser¨ªa la ¨²ltima opci¨®n y deber¨ªa aplicarse de una manera muy restringida, habida cuenta de los derechos en juego. De momento, el Gobierno no baraja imponer la futura inoculaci¨®n contra la covid ni dentro ni fuera de los centros de trabajo porque, seg¨²n el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, esa estrategia no ha dado buenos resultados en otros pa¨ªses. ¡°Pensamos que con dar una informaci¨®n correcta a la ciudadan¨ªa y contarle la verdad ser¨¢ suficiente para conseguir unos altos ¨ªndices de vacunaci¨®n¡±, expres¨® esta semana en el Senado. Muchas compa?¨ªas cruzan los dedos para que as¨ª sea.