El decreto antidesahucios de la pandemia: insuficiente para los colectivos sociales y con poca repercusi¨®n en los juzgados

Los desahucios han protagonizado el ¨²ltimo rifirrafe interno en el Gobierno de coalici¨®n. Tras el rechazo por parte del Congreso a la enmienda a los Presupuestos presentada por Unidas Podemos, ERC y Bildu, la cuesti¨®n ha quedado pendiente de una negociaci¨®n en el seno del Gobierno que, seg¨²n ha indicado el vicepresidente Pablo Iglesias en el Congreso, dar¨¢ lugar a un decreto antes de dos semanas. Precisamente este jueves hab¨ªan acordado reunirse representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de la Vicepresidencia de Derechos sociales para avanzar en el acuerdo.

Mientras prosigue el debate pol¨ªtico, lo cierto es que es dif¨ªcil cuantificar la magnitud del problema. El Instituto Nacional de Estad¨ªstica solo ofrece series de ejecuciones hipotecarias, pero superados los a?os m¨¢s duros de la Gran Recesi¨®n, hace ya tiempo que en Espa?a la mayor¨ªa de personas expulsadas de sus casas viven de alquiler (aproximadamente siete de cada diez desahucios son de inquilinos, y los tres restantes responden a ejecuciones hipotecarias). S¨ª recoge esos datos el Consejo General del Poder Judicial a partir de los lanzamientos ordenados por los juzgados. Pero el problema es que la ¨²ltima estad¨ªstica publicada hace referencia al segundo trimestre del a?o. Como abril, mayo y junio coinciden con el primer estado de alarma por la epidemia (vigente del 14 de marzo al 21 junio) y los tribunales estuvieron pr¨¢cticamente cerrados, el resultado es que los desahucios cayeron un 90%. La muestra no es representativa y habr¨¢ que esperar a que los datos del tercer trimestre, previstos en las pr¨®ximas semanas, arrojen algo m¨¢s de luz.

Lo que parece claro es que, tras los meses de m¨¢ximo confinamiento, los desahucios han continuado su curso. As¨ª lo constataba un reciente informe publicado por la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona, que destacaba tener conocimiento de 443 ¨®rdenes de desalojo en la ciudad entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre. Como resultado, cuantificaba en 1.211 las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad afectadas, entre las cuales hab¨ªa 463 menores. El informe del Consistorio dirigido por Ada Colau alud¨ªa a un ¡°alarmante aumento de la tensi¨®n y la crispaci¨®n vecinal¡± y llegaba a la conclusi¨®n de que ¡°resulta de m¨¢xima urgencia ampliar la moratoria de lanzamientos a todas las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad¡±.

Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters de Barcelona, cree que esos datos prueban que ¡°en cuanto se reactivaron los juzgados en septiembre, hubo una decisi¨®n clara de acelerar los procesos que se hab¨ªan acumulado durante el par¨®n¡±. Tambi¨¦n alude a un ¡°cambio de actitud¡± en la l¨ªnea que apuntaba el informe, que hablaba de una ¡°desproporcionada presencia policial¡±. ¡°Estamos viendo pr¨¢cticamente cada d¨ªa dispositivos propios de una redada contra el narcotr¨¢fico para desahuciar a familias vulnerables¡±, asegura Palomera, para quien no basta con suspender las expulsiones de personas afectadas durante la pandemia porque ¡°se producir¨¢n una vez acaben los efectos del decreto ley¡±.

¡°En mi juzgado no tengo esa percepci¨®n; puedo decir que el criterio no ha cambiado y, por supuesto, ¨®rdenes no hay¡±, contesta Roberto Garc¨ªa Ceniceros, magistrado del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 30 de Barcelona, al ser preguntado por esa supuesta mayor presencia de agentes antidisturbios en los desahucios. ¡°La idea de cu¨¢ndo el juez ha de acudir a las fuerzas de seguridad siguen siendo tan excepcionales como lo eran antes¡±, a?ade. El magistrado s¨ª apunta que el impacto del decreto que paraliza los lanzamientos por la covid ¡°no es significativo¡±. En su juzgado, explica, ¡°igual puede haber tres o cuatro [desahucios suspendidos], y hablamos de un volumen de procedimientos bastante importante¡±.

Distintas soluciones

Coincide en esa percepci¨®n Natalia Palomar, abogada de Provivienda. ¡°La experiencia que estamos teniendo es que la mayor¨ªa de suspensiones se producen no por este decreto, sino por la v¨ªa que ya exist¨ªa¡±, sostiene. Una modificaci¨®n de la Ley de Enjuiciamiento Civil en marzo de 2019 impuso una suspensi¨®n temporal del lanzamiento cuando los servicios sociales acreditan la vulnerabilidad del inquilino. Pero superado el plazo previsto (de uno o tres meses, en funci¨®n de si el propietario es un particular o una empresa), el desahucio puede ejecutarse igualmente, pese al estado de alarma. Palomar insiste en que la regulaci¨®n actual vinculada a la pandemia ¡°olvida que hay muchas personas que eran vulnerables y a las que esta situaci¨®n ha hecho m¨¢s vulnerables, aunque no oficialmente¡±.

La base del problema, coinciden todos los consultados, es la falta de alternativas para quienes no pueden hacer frente al pago de una casa en el mercado libre. Pero construir m¨¢s vivienda social requiere un tiempo, y la discrepancia es qu¨¦ hacer mientras tanto. Los sindicatos de inquilinos insisten en usar los inmuebles que est¨¢n vac¨ªos o impedir la conversi¨®n de viviendas en pisos tur¨ªsticos. Fuentes del Ministerio de Transportes recuerdan que la ¨²ltima modificaci¨®n del plan estatal de vivienda contempla programas espec¨ªficos para personas desahuciadas, que deben desarrollar las comunidades. Fuentes del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, uno de los que m¨¢s recursos destinan a la materia, apuntan que sobre su parque de 14.000 viviendas no se ha expulsado a nadie por no poder pagar durante la pandemia. ¡°Los ¨²nicos desahucios que hemos pedido han sido de okupas o por impagos no justificados¡±, indican esas fuentes, que lamentan que muchas las ¨²ltimas medidas que se proponen ¡°surgen de la pol¨ªtica de gestos, que no parece que responda a un trabajo previo de auscultaci¨®n y de ver qu¨¦ agujeros hay en determinados colectivos¡±.

Lo que parece claro es que decreto del Gobierno recoger¨¢ la principal reivindicaci¨®n de los colectivos sociales: extender la paralizaci¨®n de desahucios a todas las personas vulnerables, y no solo a aquellas cuya situaci¨®n ha empeorado por la epidemia. As¨ª lo ha pedido el partido de Pablo Iglesias, cuya propuesta inicial, seg¨²n fuentes de Unidas Podemos, es acordar dicha suspensi¨®n hasta finales de 2022. No obstante, entienden que como m¨ªnimo deber¨ªa hacerse mientras duren las restricciones. Y piden tambi¨¦n la prohibici¨®n de corte de suministros de agua, luz y gas. ¡°No nos parece digno que en estos momentos haya personas a las que se eche de casa o se les corten los suministros cuando les pedimos que no salgan de casa y se laven las manos¡±, se?alan esas fuentes, que insisten en que el debate sobre el instrumento legislativo adecuado es secundario: ¡°Nuestra impresi¨®n es que el PSOE est¨¢ mareando con el c¨®mo, pero lo importante es el qu¨¦¡±.

¡°Despu¨¦s de la enmienda ha habido demasiado ruido y nosotros siempre hemos estado abiertos a establecer medidas¡±, responden fuentes del Ministerio de Transportes, que a?aden que durante la negociaci¨®n presupuestaria ¡°no se puso sobre la mesa que esta fuera una condici¨®n sine qua non¡±. El departamento que dirige Jos¨¦ Luis ?balos, sobre el que recaen las competencias en Vivienda, est¨¢ abierto a ampliar la situaci¨®n de desahucios a nuevos supuestos de vulnerabilidad siempre que ¡°haya informes de los servicios sociales¡± que as¨ª lo acrediten. Y estirar las medidas todo el tiempo que duren las restricciones por la pandemia, seg¨²n las fuentes consultadas, no ser¨¢ un escollo.