Patinetes, terrazas y taxis: la hiperactividad normativa de los Ayuntamientos

Los Ayuntamientos est¨¢n siendo los grandes protagonistas de la actividad normativa de los ¨²ltimos meses. Textos como los que contienen la regulaci¨®n anticontaminaci¨®n de Madrid y Barcelona, la moratoria a la apertura de nuevos bares en M¨¢laga o las m¨²ltiples reglamentaciones municipales sobre patinetes el¨¦ctricos han ocupado el espacio abandonado por la escasa actividad legislativa nacional y auton¨®mica, fruto de la situaci¨®n de interinidad en el Estado y las complejas composiciones de los Parlamentos regionales.

Quienes siguen de cerca la realidad local detectan un incremento en la ambici¨®n regulatoria de los Consistorios. ¡°Los Ayuntamientos actuales tienen un perfil mucho m¨¢s pol¨ªtico que hace unos a?os¡±, subraya Jos¨¦ Vicente Morote, socio de Andersen Tax & Legal. Una circunstancia que les lleva a abordar cuestiones que sobrepasan sus competencias o que chocan con otras normativas. ¡°Antes eran m¨¢s desarrollistas, se limitaban a concretar lo que dec¨ªa la legislaci¨®n estatal o auton¨®mica, pero ahora son m¨¢s innovadores, y eso est¨¢ generando una mayor conflictividad¡±, se?ala el letrado.

Concepci¨®n Campos, secretaria de Administraci¨®n local y codirectora de la Red Localis, cree que esta tendencia se explica porque el alcalde y los concejales son la primera l¨ªnea de respuesta a los ciudadanos. ¡°Conocen los problemas de modo muy directo y sienten la imperiosa necesidad de resolverlos. No pueden esperar¡±. En su opini¨®n, hay otros dos factores que han disparado la presi¨®n sobre los equipos municipales: la creciente velocidad a la que se producen los cambios sociales (como ha sucedido, por ejemplo, con el incremento de la preocupaci¨®n por el clima) y la necesidad de dar respuesta a las nuevas realidades, como los veh¨ªculos compartidos o los pisos tur¨ªsticos.

Y todo ello, seg¨²n Pedro Gonz¨¢lez Torroba, profesor de Deusto Business School y coordinador general de econom¨ªa del Ayuntamiento de Madrid, agravado por un marco competencial que no est¨¢ bien definido, lo que abona una actitud ¡°expansiva¡± por parte de los municipios en materia regulatoria.

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El instrumento legal con el que cuentan los Ayuntamientos para regular la vida de las ciudades son las ordenanzas municipales, normas cuya redacci¨®n resulta especialmente compleja. Al tener el rango jer¨¢rquico de un reglamento, estos textos deben respetar el contenido de toda la normativa de nivel superior (las leyes estatales y auton¨®micas y la legislaci¨®n europea), as¨ª como la jurisprudencia que las interpreta. Tambi¨¦n principios constitucionales como la libertad de empresa o la libre competencia. ¡°Y no todos los Ayuntamientos tienen enormes equipos de juristas como en las grandes ciudades¡±, recuerda Campos, que admite que es ¡°enormemente complicado¡± elaborar una norma que sea ¡°inatacable¡±.

Adem¨¢s, el rango reglamentario convierte a las ordenanzas en un blanco f¨¢cil para cualquiera que se sienta agraviado por su articulado. As¨ª, mientras una ley solo puede impugnarse ante el Tribunal Constitucional, las normas municipales son recurribles por cualquier ciudadano u organizaci¨®n ante la jurisdicci¨®n ordinaria. ¡°Y eso las convierte en especialmente vulnerables¡±, apunta Alberto Palomar, socio de Broseta y exmagistrado de lo contencioso-administrativo. De hecho, son pocas las ordenanzas que nacen sin enemigos. Sin ir m¨¢s lejos, en Barcelona, la Plataforma Afectados Restricciones Circu?latorias ya ha anunciado que recurrir¨¢ la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en vigor desde el pasado 1 de enero.

Adem¨¢s, como apunta Palomar, los jueces son especialmente exigentes con la regulaci¨®n municipal. ¡°En materia tributaria, por ejemplo, hay numeros¨ªsimas sentencias que tumban tasas porque dicen que el informe econ¨®mico-financiero era insuficiente o inv¨¢lido. Y eso no lo vemos en normas de rango superior¡±. Este argumento sirvi¨® para que, en mayo del pasado a?o, la justicia anulara la tasa municipal con la que el Ayuntamiento de Valencia quer¨ªa cobrar a las compa?¨ªas el¨¦ctricas y otras energ¨¦ticas por el uso del espacio p¨²blico para el cableado de la luz, el gas o el agua. Las ordenanzas fiscales o urban¨ªsticas, por afectar a dos materias especialmente sensibles, cuentan con un procedimiento espec¨ªfico de aprobaci¨®n.

Tumbada la norma del taxi

La suma de todos estos elementos provoca que exista un goteo constante de sentencias judiciales que anulan total o parcialmente ordenanzas municipales. Solo en los ¨²ltimos meses, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y Le¨®n ha tumbado la normativa del taxi del Ayuntamiento de Valladolid o la regulaci¨®n de algunas zonas de terrazas de Salamanca. Y el TSJ catal¨¢n ha declarado nulo que Reus pudiera multar a las personas que pidieran limosna. Una conflictividad que no sale gratis.

A los problemas propios de la anulaci¨®n de cualquier norma en forma de inseguridad, incertidumbre o retrasos hay sumar el riesgo de que genere un perjuicio econ¨®mico para la Administraci¨®n por culpa de devoluciones dinerarias o indemnizaciones a los perjudicados.

Para contrarrestar estos efectos negativos, Concepci¨®n Campos recomienda dar m¨¢s importancia al tr¨¢mite de alegaciones con el que se inicia la elaboraci¨®n de las ordenanzas municipales. Una fase que abre un di¨¢logo entre el Consistorio y los potenciales afectados que puede ayudar a reducir el peligro de impugnaci¨®n. En todo caso, como relata Jos¨¦ Vicente Morote, ¡°los ciudadanos y las empresas est¨¢n cada vez m¨¢s pendientes de las normas en cuanto inician su camino¡±. Una etapa previa que, subraya este experto, aunque ralentiza la tramitaci¨®n, logra una normativa m¨¢s participativa y democr¨¢tica. Y en consecuencia, a la larga, menos conflictiva.