El Constitucional cree que la norma catalana antidesahucios limita el derecho de propiedad

El Constitucional ha lanzado una clara advertencia sobre los derechos fundamentales que pueden verse afectados por la norma catalana sobre vivienda que impon¨ªa topes a la subida del alquiler e imped¨ªa el desahucio de familias vulnerables. El tribunal advierte del riesgo de inconstitucionalidad de medidas ¡°coactivas, no voluntarias¡± para los due?os de pisos por afectar al derecho a la propiedad. La sentencia, notificada este jueves, explica por qu¨¦ el Constitucional anul¨® la semana pasada varios preceptos del decreto ley a ra¨ªz del recurso presentado por 80 diputados del PP.

El tribunal no va m¨¢s all¨¢ y deja para m¨¢s adelante un pronunciamiento definitivo sobre las cuestiones de fondo que planteaba el PP cuando recurri¨® los decretos de la Generalitat en esta materia, y al admitir m¨¢s tarde a tr¨¢mite la ley aprobada por el Parlament sobre las mismas cuestiones. En su ¨²ltimo pleno, el Constitucional acord¨® anular diversos art¨ªculos de los mencionados decretos, pero no por considerarlos directamente contrarios a la Carta Magna, sino porque las medidas coactivas reguladas en ellos no ten¨ªan rango de ley.

El Constitucional ha dejado claro que un decreto no puede adoptar decisiones que afecten a derechos fundamentales, en este caso el derecho de propiedad. Y ha entendido que la normativa catalana pretendi¨® hacerlo. De ah¨ª que haya expulsado del ordenamiento jur¨ªdico las normas impugnadas en el recurso de los populares. Ahora bien, lo que no ha dicho es que esas mismas medidas tengan que ser forzosamente contrarias a la Constituci¨®n, por vulnerar dicho derecho fundamental, si se contemplan en una ley.

Las espadas quedan en alto entre los partidos y los colectivos que defienden la necesidad de imponer medidas como la fijaci¨®n de precios y la prohibici¨®n de desahucios de personas vulnerables si el rango de la norma que las regule es una ley. De ah¨ª que en su d¨ªa el PP recurriese tambi¨¦n la ley catalana que regula el precio de los alquileres. En su ¨²ltimo pleno, el Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite el recurso contra la legislaci¨®n aprobada por el Parlament en la misma direcci¨®n que los decretos ahora anulados parcialmente.

Fuentes del Constitucional estiman, no obstante, que la respuesta definitiva a los problemas planteados tardar¨¢ en llegar. La admisi¨®n a tr¨¢mite de un recurso es solo un primer paso. Ahora hay que abrir un plazo para alegaciones de las partes. El estudio de la impugnaci¨®n llevar¨¢ luego su tiempo. Estas fuentes lo cifran en un periodo de entre ocho meses y un a?o.

Mensaje de advertencia

El Gobierno y las fuerzas pol¨ªticas son muy libres de impulsar una nueva legislaci¨®n sobre la materia. Pero la sentencia lanza algunos mensajes escasamente cifrados sobre las cuestiones de fondo. En medios del propio tribunal se admite el car¨¢cter de advertencia que tienen las menciones a que las medidas ¡°coactivas, no voluntarias¡± sobre los due?os de viviendas afectan al derecho de propiedad, que es un derecho fundamental, es decir, de los contemplados en el t¨ªtulo primero de la Carta Magna. Y se a?ade que la imposici¨®n de multas o incluso expropiaciones en determinados casos no son medidas ¡°instrumentales para la pol¨ªtica de vivienda¡±, por cuanto dan pie a ¡°reacciones exorbitantes¡± como las mencionadas sanciones. La sentencia sostiene que los art¨ªculos impugnados van ¡°m¨¢s all¨¢ de delimitar un concreto sistema urban¨ªstico o pol¨ªtica de vivienda¡±, lo que s¨ª estar¨ªa permitido.

Esto no significa que la ley recurrida vaya a ser necesariamente declarada inconstitucional cuando se dicte sentencia a finales de este a?o o principios del pr¨®ximo. El tribunal no lo ha debatido en estos t¨¦rminos. Pero la anulaci¨®n de los preceptos m¨¢s importantes de los decretos de la Generalitat por dichas medidas ¡°limitativas del derecho de propiedad¡± es una se?al de significado poco dudoso sobre la sensibilidad imperante en estos momentos sobre la importancia de garantizarlo y protegerlo, como uno de los fundamentales de la persona.

Tambi¨¦n es cierto, no obstante, que el Constitucional est¨¢ pendiente de renovaci¨®n desde hace m¨¢s de un a?o. Por tanto, el tribunal que decida sobre las cuestiones de fondo de esta legislaci¨®n no ser¨¢ necesariamente el mismo.