La Uni¨®n Europea presiona a Espa?a para bajar la temporalidad en la Administraci¨®n

Bruselas reclama a Espa?a que reduzca la temporalidad en el sector p¨²blico. De poco se ha notado que con la Gran Recesi¨®n se aprobasen dos reformas laborales: la temporalidad es uno de los males en los que siempre encalla el mercado de trabajo espa?ol. Y la Comisi¨®n Europea identifica que una de las razones por las que presenta mayores cotas de temporales reside en su elevada presencia en la Administraci¨®n, explican fuentes gubernamentales. A cambio de los fondos europeos, la UE va a exigir que se ponga coto a este problema, muy radicado en las comunidades y especialmente en la educaci¨®n y la sanidad.

El Gobierno y la Comisi¨®n Europea negocian en estos momentos punto por punto todo el plan de inversiones y reformas que se enviar¨¢ a Bruselas a finales de marzo para obtener los fondos europeos, el llamado Plan de Recuperaci¨®n y Resiliencia. Y el Ejecutivo comunitario presiona con fuerza en una serie de ¨¢reas. Por ejemplo, pide un sistema de comprobaci¨®n del gasto de los recursos europeos y exige una mayor ambici¨®n en la reforma de las pensiones. El acuerdo en la parte laboral est¨¢ pr¨¢cticamente cerrado.

Seg¨²n fuentes al tanto de las negociaciones, uno de los asuntos que m¨¢s preocupa en el ¨¢rea laboral es la temporalidad, un fallo end¨¦mico del mercado de trabajo espa?ol desde los a?os ochenta. Bruselas insiste en enarbolar como soluciones el contrato ¨²nico y la mochila austriaca, un sistema con el que el coste del despido se va anticipando mes a mes en una bolsa que el trabajador acumula y puede llevar a otra empresa o a la jubilaci¨®n.

El Gobierno quiere simplificar contratos

Sin embargo, el Gobierno rechaza de plano ambas f¨®rmulas y trabaja en otras. Propone simplificar contratos, obligar a que est¨¦ m¨¢s justificada la contrataci¨®n temporal ¡ªlo que en la jerga se conoce como endurecer la causalidad¡ª, promover el uso del fijo discontinuo all¨¢ donde no se utilice, y aplicar la sentencia del Supremo que limita el uso del temporal en la subcontrataci¨®n.

A cambio de este endurecimiento del contrato temporal, el Ejecutivo quiere ofrecer a los empresarios los ERTE estructurales, sobre cuyo dise?o Econom¨ªa elabora un estudio para ver c¨®mo reparte los costes entre Estado, empresa y trabajador. Y ha pedido a Bruselas que financie la transici¨®n a este sistema con cargo al plan durante los primeros a?os. Pero la Comisi¨®n lo ha rechazado.

La temporalidad en Espa?a ronda tasas de entre el 25% y el 30%. En la UE solo Polonia arroja unos niveles tan altos. Cuando se analizan los motivos, una peque?a parte puede explicarse con la presencia de sectores estacionales como el turismo. No obstante, un estudio de la Comisi¨®n concluye que Espa?a sufre m¨¢s temporalidad en todos los sectores salvo la banca. Y, entre todos ellos, uno de los que destaca es la Administraci¨®n. El Gobierno lo achaca sobre todo a sanidad y educaci¨®n.

El problema de maestros y enfermeras

En Espa?a hay casi 700.000 interinos. En la administraci¨®n central su cuota se sit¨²a en el 8%. Y en las comunidades el porcentaje se dispara a cifras de dos d¨ªgitos. En algunas incluso ronda el 30%, seg¨²n fuentes de Funci¨®n P¨²blica. ¡°Es un problema que sufren maestros y enfermeras¡±, sostiene una fuente del Ejecutivo. El caso de los profesores de escuela es harto conocido: sus contratos se rescinden con las vacaciones de verano y se les vuelve a fichar con el inicio del curso. Y las enfermeras llegan a acumular decenas de contrataciones en un a?o.

Por esa raz¨®n, seg¨²n fuentes del Gobierno, el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Funci¨®n P¨²blica prepara un cambio del art¨ªculo 10 del estatuto b¨¢sico del empleado p¨²blico para limitar el uso de los interinos. Esta modificaci¨®n se est¨¢ negociando con los sindicatos y la anterior ministra ya lo hab¨ªa discutido con las comunidades. Una fuente de Funci¨®n P¨²blica apunta: ¡°Hay que conseguir que personas que desempe?an un trabajo estructural en la administraci¨®n lo hagan con una plaza fija. Hay que ver c¨®mo se hace, qu¨¦ costes tiene y en cu¨¢nto tiempo podemos abordarlo¡±.

Fuentes de la Administraci¨®n explican que el uso de temporales se ha disparado en los ¨²ltimos a?os por varias razones. La primera, que las comunidades pasan al Estado parte de los costes. As¨ª, en el caso de los maestros los meses de vacaciones los soporta el sistema de desempleo en lugar del presupuesto auton¨®mico. Dos, se trata de una forma de saltarse los l¨ªmites legales a las tasas de reposici¨®n, es decir, la ratio de sustituciones por cada jubilaci¨®n.

Menos plazas en propiedad

Tres, los estatutos del empleo p¨²blico son muy r¨ªgidos a la hora de asignar funciones, horarios, puestos o las localizaciones territoriales. Con los contratos temporales se intenta dar flexibilidad a la plantilla, sobre todo en la sanidad. Y al final el resultado es que hay menos plazas en propiedad mediante oposiciones.

Y cuatro, las comunidades han vuelto a contar con m¨¢s recursos en los ¨²ltimos a?os y han contratado fundamentalmente temporales. En algunas incluso han recuperado la plantilla perdida con la crisis en educaci¨®n y sanidad.

Nueve de cada diez empleos creados en la Administraci¨®n desde el inicio de la recuperaci¨®n, all¨¢ por 2014, son temporales. Y uno de cada cuatro asalariados con contrato temporal pertenece a las administraciones p¨²blicas.

M¨¢s informaci¨®n

Soy funcionario interino, ?alguna vez tendr¨¦ plaza fija?

En 2017, el ministro Crist¨®bal Montoro y las organizaciones sindicales pactaron rebajar la tasa de temporalidad del sector p¨²blico al 8% desde el 23% que presentaba por aquel entonces. Pero de nada ha servido. Fuentes del sindicato CSIF aseguran que ¡°la temporalidad en el sector p¨²blico es ahora mismo casi 10 puntos m¨¢s elevada que en el privado. Y con la covid, los ocupados temporales en la Administraci¨®n han superado el mill¨®n. Est¨¢ claro que el actual marco no sirve para contener la interinidad y sus abusos¡±.

En general, el exceso de temporales provoca una mayor destrucci¨®n de empleo en las crisis, reduce la productividad y la formaci¨®n de los trabajadores, dificulta su toma de decisiones a largo plazo y disminuye su protecci¨®n social.