A Ence se le atraganta la planta de Pontevedra

Ignacio de Colmenares, presidente y consejero delegado de Ence, es un ejecutivo acostumbrado a remar a contracorriente. Pelea contra la Asociaci¨®n de Defensa de la R¨ªa de Pontevedra (APDR), que lleva tres d¨¦cadas intentando que la planta de celulosa que se asoma al mar en esa localidad gallega se lleve sus olores a otra parte. La empresa asegura que los ha reducido en un 99%, pero todav¨ªa algunos d¨ªas hay emisiones que causan molestias a los vecinos. Tambi¨¦n batalla contra el Ayuntamiento, que declar¨® a Mariano Rajoy persona non grata por darle la ¨²ltima pr¨®rroga ¡ªde 60 a?os¡ª a la instalaci¨®n en 2016. Una pr¨®rroga contra la que denunciaron Greenpeace, el Ayuntamiento de la ciudad gallega y la APDR para conseguir su nulidad y sobre la que la Audiencia Nacional debe pronunciarse muy pronto.

El ¨²ltimo cap¨ªtulo del desencuentro tambi¨¦n ha acabado en los tribunales y amenaza con costarle a la compa?¨ªa buena parte del esfuerzo que ha hecho en los ¨²ltimos a?os por mejorar su imagen social. Un esfuerzo en el que De Colmenares se ha aplicado especialmente, con extensas explicaciones a los medios de comunicaci¨®n sobre el funcionamiento de la compa?¨ªa y el trabajo desarrollado para minimizar el impacto ambiental de la factor¨ªa. En un v¨ªdeo interno difundido hace un par de semanas, Colmenares reflexionaba ¡ªen una intervenci¨®n de tres cuartos de hora¡ª sobre el proyecto de Ley de Cambio Clim¨¢tico. Hablaba de que, por un matiz en la redacci¨®n de un art¨ªculo, la ley podr¨ªa llegar a bloquear las inversiones que la f¨¢brica necesita realizar para no perder seguridad y competitividad. Y dijo lo siguiente: ¡°Podemos tener un susto may¨²sculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar a las personas. Como tenemos una responsabilidad como administradores, como no nos dejen horizonte suficiente para invertir lo que hay que invertir [...] nos veremos obligados a cerrar la f¨¢brica de forma ordenada pero r¨¢pida. Que no os enga?en cuando os dicen que ese art¨ªculo no nos afecta, porque si no nos afectase no le habr¨ªa costado nada al ministerio cambiar la redacci¨®n siguiendo recomendaci¨®n del Consejo de Estado¡±. Tambi¨¦n mencion¨® que ¨¦l personalmente tuvo reuniones con miembros del Ejecutivo para advertirles de esa posibilidad de verse obligados a abandonar Pontevedra si la ley saliese adelante en los t¨¦rminos en los que est¨¢ redactado el proyecto. Ante eso Ence no ve posibilidad de trasladarse a otro emplazamiento gallego para mantener los puestos de trabajo. Siempre ha dicho que esa posibilidad es econ¨®micamente inviable.

Cualquiera que escuchase la intervenci¨®n (el v¨ªdeo duraba unos cuatro minutos) se dar¨ªa cuenta de que Colmenares no hablaba de un peligro inminente de seguridad en la planta de Pontevedra, sino de que, sin las condiciones necesarias para invertir en el futuro, la planta tendr¨ªa que desmantelarse. Pero la carga de profundidad de la declaraci¨®n no pas¨® desapercibida para nadie. El PSOE de la ciudad demand¨® a la compa?¨ªa por amenazas para ¡°redactar leyes a su antojo¡±; la fiscal¨ªa abri¨® una investigaci¨®n de oficio y la APDR denunci¨® a Colmenares en el juzgado de guardia. La Asociaci¨®n, en una carta dirigida al secretario de Estado de Medio Ambiente pidi¨® que ¡°no cedan a las amenazas y las presiones del Se?or de Colmenares y su c¨ªrculo, verdaderos chantajes con los que pretenden conseguir la modificaci¨®n del proyecto de ley para continuar en Louriz¨¢n de forma irregular en los terrenos de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre que ahora ocupan¡±.

Por su parte, la compa?¨ªa -en cuyo consejo se sientan dos expol¨ªticos del Partido Popular, la exministra Isabel Tocino y Jos¨¦ Carlos del ?lamo, exconsejero en gobiernos de Manuel Fraga en la Xunta- ha dado extensas explicaciones sobre que la planta cumple con todos los est¨¢ndares de seguridad posibles, como una certificaci¨®n AENOR que acredita el cumplimiento de la normativa internacional y ¡°un robusto sistema de gesti¨®n de la seguridad¡±. De hecho, dicen, sus ¨ªndices de seguridad ¡°son diez veces mejores que los de la industria en Espa?a¡±. En su p¨¢gina web se pueden consultar extensos informes de sostenibilidad que hablan del escaso impacto medioambiental actual de la planta. La Audiencia Nacional aval¨®, en una sentencia del a?o pasado, el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de la compa?¨ªa. La lucha avivada por el v¨ªdeo de Colmenares incluso llev¨® a un encierro de los trabajadores en el Ayuntamiento este jueves, en defensa de la planta y de sus puestos de trabajo. Este viernes hay convocada en Madrid una protesta de empleados (la planta tiene 800 trabajadores de forma directa). Pero en el fondo, el conflicto saca a relucir un problema dif¨ªcil de resolver: el peaje por tener una f¨¢brica en un lugar donde una parte de la poblaci¨®n no la quiere.