La cruzada de una empleada de hogar para tener derecho al paro

Las reivindicaciones de las empleadas del hogar han llegado hasta el coraz¨®n de Europa: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) determinar¨¢ si la ley espa?ola discrimina de manera indirecta a este colectivo, compuesto casi en su totalidad por mujeres, al no reconocerles la prestaci¨®n por desempleo. Detr¨¢s de esta cruzada hay un nombre: Mariana, una trabajadora dom¨¦stica que en 2019 pidi¨® a la Seguridad Social cotizar por el paro ante un futuro que sent¨ªa incierto. La respuesta fue tajante. La normativa se lo proh¨ªbe, a ella y a las casi 400.000 mujeres afiliadas al r¨¦gimen especial de empleadas del hogar que hay en Espa?a.

¡°Trabajo como una loca. Quiero mis derechos¡±, zanja Mariana al otro lado del tel¨¦fono. Su empleadora, que la contrat¨® hace una d¨¦cada, ha pasado los 80 a?os de edad y es d¨¦bil de salud: ¡°?Y si me quedo en la calle? Tengo casi 50 a?os, es dif¨ªcil encontrar trabajo. Quiero cotizar por el paro, pero nosotras no podemos cambiar la ley¡±.

El actual r¨¦gimen especial de las empleadas del hogar se aprob¨® en 2011 para reconocer derechos a un colectivo altamente feminizado y con grandes bolsas de econom¨ªa sumergida, que era y contin¨²a siendo una de las estampas m¨¢s n¨ªtidas de desprotecci¨®n laboral. Esta reforma supuso avances, obligando por ejemplo a que se cotice desde la primera hora trabajada y mejorando el acceso a las bajas por enfermedad. Pero a¨²n quedan importantes lagunas por resolver, entre ellas la protecci¨®n por desempleo, algo que qued¨® patente con la pandemia, cuando se aprob¨® un subsidio especial que lleg¨® a muy pocas trabajadoras del colectivo.

El escrito que Mariana entreg¨® a la Seguridad Social, solicitando cotizar por el paro, contaba con el consentimiento de su empleadora. ¡°Le contestaron que la ley espa?ola es clar¨ªsima: las empleadas del hogar no tienen derecho al desempleo y por eso no pueden cotizar. Se proh¨ªbe de entrada¡±, resume su abogado, Javier de Cominges, del despacho Vento Abogados&Asesores. Entonces empez¨® el periplo en los tribunales.

Cominges plante¨® que la normativa nacional podr¨ªa violar la ley comunitaria: ¡°Entendimos que puede haber discriminaci¨®n hacia un colectivo feminizado y el Estado tiene que justificar por qu¨¦, ya que en la ley no lo hace¡±, explica. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 2 de Vigo elev¨® la cuesti¨®n al tribunal de Luxemburgo, que la ha admitido y ha citado para el pr¨®ximo mi¨¦rcoles 30 de junio a Cominges, la Seguridad Social y la Abogac¨ªa del Estado para la vista oral. El auto menciona dos directivas concretas con las que podr¨ªa chocar la normativa nacional, relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social y en asuntos de empleo y ocupaci¨®n.

¡°En todos los dem¨¢s reg¨ªmenes hay derecho al desempleo. Tambi¨¦n en el trabajo aut¨®nomo se reconoce una prestaci¨®n an¨¢loga, que es el cese de actividad. Y el art¨ªculo 41 de la Constituci¨®n expresamente regula que se tenga que fraguar una prestaci¨®n por desempleo¡±, enumera Cominges. ¡°Es un colectivo espec¨ªfico al que se est¨¢ negando la prestaci¨®n, donde casi el 100% son mujeres y muchas de ellas inmigrantes¡±.

¡°Desamparo social¡±

Cominges hace hincapi¨¦ en la desprotecci¨®n de las empleadas del hogar. El mismo auto habla de una ¡°situaci¨®n de desamparo social¡± cuando pierden el empleo: no solo no tienen derecho al paro; indirectamente, se le niegan otras ayudas sociales vinculadas a ello. El abogado recuerda que el TJUE fall¨® en 2012 que el acceso a la pensi¨®n contributiva en Espa?a discriminaba a las mujeres, ya que penalizaba los empleos a tiempo parcial donde hay m¨¢s cantidad de trabajadoras f¨¦minas: ¡°Este antecedente nos sirvi¨®, porque la ley no hac¨ªa una discriminaci¨®n directa por sexo¡±.

La Seguridad Social, por su parte, defiende que aplica la normativa, informa Gorka R. P¨¦rez. Y se?ala en el auto que la limitaci¨®n de acceso al desempleo para las trabajadoras dom¨¦sticas puede deberse a que el empleador no es un empresario, sino ¡°el cabeza de familia en el hogar¡±. Al contrario, el juez argumenta que aunque la norma sea ¡°aparentemente neutra¡±, el colectivo est¨¢ integrado en casi su totalidad por mujeres, muchas de ellas extranjeras. ¡°Lo que se traduce en una discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo, negativa, en detrimento del femenino, en el ¨¢mbito de la protecci¨®n social en el empleo, que pudiera estar proscrita por la referida normativa europea¡±, se?ala el documento.

Jes¨²s Lahera, catedr¨¢tico de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid, reconoce que la conformaci¨®n del sector tiene complejidades intr¨ªnsecas: ¡°Hay falta de control, un alto porcentaje de econom¨ªa irregular y unos costes de cotizaci¨®n que tienen que soportar los titulares de los hogares¡±. Pero considera que existe un problema de fondo. ¡°No hemos logrado un sistema que garantice una cobertura amplia de este colectivo. Y el Estado a lo mejor deber¨ªa asumir una parte¡±, reflexiona. ¡°En t¨¦rminos de justicia social, las empleadas del hogar deber¨ªan tener acceso al desempleo. Es seguramente la prestaci¨®n que m¨¢s necesitan, sin contar la fragilidad a?adida de que muchas de ellas trabajan a tiempo parcial¡±, a?ade.

Seg¨²n la Encuesta de Poblaci¨®n Activa, en el primer trimestre de 2021 hab¨ªa 556.300 personas empleadas en el servicio dom¨¦stico ¨D479.400 de ellas mujeres¨D, frente a las 383.405 afiliadas a la Seguridad Social hasta marzo. Es decir, al menos un 30% no estaban contratadas de forma regular. Carolina El¨ªas, presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados Sedoac, explica que la falta de acceso al paro es una de las desigualdades m¨¢s evidentes que deja al colectivo en total desprotecci¨®n. Pero no es la ¨²nica.

Inspecciones poco efectivas

¡°Es incre¨ªble que se siga permitiendo trabajar de interna. En otros pa¨ªses de Europa est¨¢ prohibido¡±, asegura El¨ªas: ¡°La ley tambi¨¦n permite que se trabajen 60 horas semanales, adem¨¢s del despido por desistimiento, por p¨¦rdida de confianza, que se aplica a quienes tienen sueldos elevados, que claramente no es nuestro caso. Y las inspecciones no terminan siendo efectivas por la inviolabilidad del hogar familiar¡±. Muchas de ellas tampoco denuncian porque residen en Espa?a de forma irregular.

Rafaela Pimentel, empleada del hogar y activista en la organizaci¨®n Territorio Dom¨¦stico, no tiene dudas: ¡°Es una esclavitud moderna¡±. Ella se considera afortunada. Lleva m¨¢s de 20 a?os trabajando para la misma familia, para la que solo tiene buenas palabras. Pero relata historias de cuasi esclavitud de otras compa?eras, con salarios ¨ªnfimos, sin derecho a descanso ni contrato. ¡°Las mujeres hemos cuidado toda la vida, remuneradas o no, y el Estado quiere que sigamos haciendo este trabajo por amor, sin ning¨²n reconocimiento. Nos parece que es una cuesti¨®n de sexo. Pero vamos a seguir en la lucha para conseguir un reconocimiento de nuestro trabajo y que se pague la deuda con las mujeres que hemos cuidado durante toda nuestra vida¡±, se?ala.

Pimentel y sus compa?eras llevan a?os luchando para que se las incluya en el r¨¦gimen general de la Seguridad Social, una promesa recurrente de los pol¨ªticos que siempre se ha llevado el viento y que actualmente est¨¢ prevista para 2023: ¡°Nos han estado dando largas, al igual que con el Convenio 189 de la OIT¡± sobre el trabajo decente para las empleadas dom¨¦sticas. Un acuerdo de 2011 que Espa?a nunca ratific¨®, aunque una de las recomendaciones del Pacto de Toledo hace menci¨®n directa a ello y a la reforma de la prestaci¨®n por desempleo para evitar discriminaciones. ¡°El Gobierno dice que es una cuesti¨®n de recursos, que los hogares no son empresas y que los empleadores tendr¨ªan que pagar m¨¢s¡±, explica Pimentel. ¡°Es absurdo. Hemos propuesto al Estado que se haga cargo de pol¨ªticas p¨²blicas de cuidados, para no trabajar la cantidad de horas que hacemos. Hace tiempo que estamos asumiendo una tarea que deber¨ªa de asumir ¨¦l¡±.

Si el TJUE concluyera que la ley espa?ola viola la comunitaria, no solo Mariana podr¨ªa cotizar por el desempleo. El Gobierno se ver¨ªa forzado a cambiar la normativa, ya que los tribunales de todo el territorio comunitario, Espa?a incluida, tendr¨ªan que acatar esta interpretaci¨®n. Su decisi¨®n se espera para este a?o, tras el pronunciamiento del Abogado General de la UE. Mariana se muestra entre incr¨¦dula y precavida ante una posible resoluci¨®n a su favor: ¡°Yo lo he intentado, pero s¨¦ que es muy duro cambiar estas leyes. Mi deseo es que a todas las mujeres nos reconozcan los derechos que debemos tener¡±.