El Constitucional decidir¨¢ si es legal el decreto ley que protege los derechos laborales de los ¡®riders¡¯

El Constitucional ha admitido a tr¨¢mite los recursos presentados por el PP y Vox contra el decreto-ley de los riders, por el que se obliga a las empresas que los contratan a garantizar el reconocimiento de sus derechos laborales. Los recursos fueron presentados a finales de julio y se basan en la supuesta inexistencia de un motivo de urgente necesidad que justifique legislar sobre esta materia por la v¨ªa del decreto-ley.

A lo largo de los ¨²ltimos meses, el Constitucional ha elevado sustancialmente el list¨®n en cuanto a la admisi¨®n del criterio de urgencia en diversos decretos-leyes, con la consecuencia de anularlos. La tendencia del tribunal es muy clara, apoyada en la mayor¨ªa conservadora existente en la instituci¨®n. Este factor ha alimentado en paralelo diversos enfrentamientos internos, traducidos en votos particulares contra sentencias sobre asuntos controvertidos, vinculados en especial a nombramientos del Gobierno que el Constitucional no estim¨® realizados por razones de urgencia, como el del exvicepresidente Pablo Iglesias para el ¨®rgano rector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el de Rosa Mar¨ªa Mateo al frente de RTVE.

En el caso de los riders, el Constitucional se ha limitado por ahora a admitir a tr¨¢mite ¡°los recursos de inconstitucionalidad presentados por m¨¢s de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox y m¨¢s de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra el Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo¡±. Este decreto ¡°modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ¨¢mbito de las plataformas digitales¡±. El Constitucional ha destacado de entrada en cuanto a los motivos de la impugnaci¨®n ¨Caunque sin aludir a los mencionados precedentes¨C que los recurrentes consideran que la norma impugnada carece del presupuesto habilitante del art. 86.1 CE referido a la extraordinaria y urgente necesidad.

El decreto-ley de los riders fue convalidado por el Congreso con 195 votos a favor, 151 en contra y 2 abstenciones. Votaron a favor el PSOE, Unidas Podemos, ERC, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, M¨¢s Pa¨ªs-Equo, Comprom¨ªs y Nueva Canarias. A su vez, PP, Vox, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias votaron en contra, mientras que el BNG se abstuvo.

El texto otorg¨® rango legal al acuerdo alcanzado el pasado 10 de marzo entre el Ministerio de Trabajo y Econom¨ªa Social, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme. La norma fue defendida en el Congreso por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz, quien manifest¨® en relaci¨®n con las garant¨ªas laborales de los riders que ¡°a nadie se le ocurrir¨ªa poder escoger entre ser laboral o aut¨®nomo en una f¨¢brica o en un comercio¡±, a?adiendo que ello ¡°supondr¨ªa la desaparici¨®n de la norma laboral con todas sus consecuencias¡±. La titular de Trabajo dijo tambi¨¦n que una prestaci¨®n de servicios ¡°ser¨¢ siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste¡±, algo establecido por el Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina.

Por el PP, a su vez, intervino el diputado Diego Movell¨¢n, quien sostuvo que dicha legislaci¨®n requiere ¡°mayor debate y consenso¡±, porque el decreto-ley aprobado reflejaba ¡°m¨¢s ideolog¨ªa que contenido¡± y que su prop¨®sito respond¨ªa al inter¨¦s del Gobierno de ¡°hacer la vida imposible a los aut¨®nomos¡±. A su vez, el diputado de Vox Juan Jos¨¦ Aizcorbe explic¨® que su recurso obedec¨ªa a que ¡°el Gobierno ha hecho un uso abusivo del art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n y ha usurpado a la C¨¢mara su funci¨®n de legislar, utilizando la figura del real decreto ley, que es excepcional, sin que est¨¦ justificada¡±.

En este sentido, el recurso presentado por Vox argumenta que ¡°la extraordinaria y urgente necesidad a que alude el art. 86.1 de la Constituci¨®n supone un requisito o presupuesto habilitante de inexcusable concurrencia para que el Gobierno pueda dictar normas con rango de ley¡±, por lo que esta condici¨®n ¡°se erige en un aut¨¦ntico l¨ªmite jur¨ªdico de la actuaci¨®n gubernamental¡±. La impugnaci¨®n a?ade con citas de la jurisprudencia del propio Constitucional que la necesaria apreciaci¨®n de la urgente necesidad ¡°no es, en modo alguno, una cl¨¢usula o expresi¨®n vac¨ªa de significado dentro de la cual el l¨®gico margen de apreciaci¨®n pol¨ªtica del Gobierno se mueva libremente sin restricci¨®n alguna, sino, por el contrario, la constataci¨®n de un l¨ªmite jur¨ªdico¡±.

Previamente, en sentencias de 2020 y 2021, el Supremo hab¨ªa reconocido derechos laborales a los riders. El pasado 26 de mayo, la Sala IV o de lo Social respald¨® la laboralidad de los riders de Deliveroo, al desestimar un recurso de la empresa contra una sentencia de enero del 2020 en la que ya se calificaba a m¨¢s de 530 de sus repartidores de Madrid como ¡°falsos aut¨®nomos¡±. El tribunal tambi¨¦n calific¨® as¨ª a un repartidor de Glovo el pasado a?o y, apoy¨¢ndose en ese mismo auto, estableci¨® en la nueva resoluci¨®n que los riders de Deliveroo son trabajadores por cuenta ajena.