La justicia europea falla que Airbnb debe facilitar datos de las transacciones de pisos tur¨ªsticos si las autoridades fiscales lo solicitan

Airbnb deber¨¢ dar informaci¨®n sobre las transacciones tur¨ªsticas que se realizan en su plataforma a las autoridades fiscales de la regi¨®n belga de Bruselas-Capital. As¨ª lo preve¨ªa una ley regional aprobada en 2016, a la que la plataforma de apartamentos vacacionales se opuso alegando que esa disposici¨®n era contraria al derecho comunitario. Por ello, cuando la regi¨®n de Bruselas-Capital solicit¨® esa informaci¨®n en 2017, Airbnb Ireland (la matriz europea de la compa?¨ªa tecnol¨®gica estadounidense) se opuso a atender el requerimiento en dos ocasiones, lo que le vali¨® nueve multas por importe de 10.000 euros cada una. Sin embargo, entre el primer requerimiento y el segundo, la tecnol¨®gica tambi¨¦n present¨® un recurso ante el Tribunal Constitucional de B¨¦lgica.

Los magistrados belgas, antes de decidir sobre la anulaci¨®n de la norma, decidieron enviar a finales de 2020 varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE). La consulta, b¨¢sicamente, se refer¨ªa a si se pod¨ªa considerar que la directiva comunitaria de comercio electr¨®nico (Directiva 2000/31), que es la que se aplica a plataformas que operan en internet y en la que se amparaba Airbnb, puede aplicarse o no en disposiciones fiscales. Y tambi¨¦n si obligar a la plataforma de alojamientos tur¨ªsticos a transmitir datos de las transacciones puede constituir una obstaculizaci¨®n de la libre circulaci¨®n de servicios que protege el Tratado de Funcionamiento de la Uni¨®n Europea.

El fallo del tribunal de Luxemburgo ha sido desfavorable a los argumentos de Airbnb. En primer lugar, los jueces se?alan que la disposici¨®n de transmitir la informaci¨®n ¡°ha de considerarse indisociable¡± de la normativa que la recoge, y que esta es de car¨¢cter fiscal. Por tanto, est¨¢ excluida de la directiva de comercio electr¨®nico. De hecho, lo que pide la normativa belga es que los intermediarios de alojamientos tur¨ªsticos faciliten los datos del operador y las se?as del establecimiento, el n¨²mero de pernoctaciones y el n¨²mero de unidades de alojamiento que ha explotado el a?o anterior para cobrar los impuestos correspondientes a los propietarios. Esos grav¨¢menes no se le aplican al intermediario, al que solo se le exige que guarde esa informaci¨®n un tiempo y la transmita cuando le es requerida.

Sin discriminaci¨®n

Adem¨¢s, la sentencia sostiene que la disposici¨®n afecta por igual a cualquier prestador de servicios de intermediaci¨®n inmobiliaria, no solo a plataformas que operan en internet. Y por ello llega a la conclusi¨®n de que la norma no es discriminatoria. El fallo del TJUE s¨ª reconoce que la obligaci¨®n legal de facilitar informaci¨®n afecta m¨¢s a Airbnb que a otros intermediarios de alojamientos tur¨ªsticos, pero se?ala que es ¡°el reflejo del n¨²mero m¨¢s elevado de transacciones¡± que realiza y ¡°de su cuota de mercado¡±. En todo caso, a?aden los jueces, ¡°los intermediarios como Airbnb memorizan los datos en cuesti¨®n¡± como parte de la operativa de su negocio, lo que hace que ese coste suplementario sea ¡°reducido¡±.

Por ¨²ltimo, el TJUE tampoco ve que la libre prestaci¨®n de servicios dentro de la Uni¨®n se vea comprometida por el hecho de que una norma obligue al intermediario a asumir un coste extra en un determinado lugar, siempre que la citada medida afecte por igual a todos los prestadores, ¡°con independencia de su lugar de establecimiento y del modo en que realizan la intermediaci¨®n¡±. En definitiva, que tampoco considera que haya una discriminaci¨®n en ese aspecto. As¨ª que a expensas de lo que decida el Constitucional belga, la justicia europea no ve incompatibilidad entre las normas comunitarias y la ley regional belga que origin¨® el litigio.

Portavoces de la compa?¨ªa tecnol¨®gica en Espa?a, preguntadas por la sentencia, se?alan que ¡°Airbnb es un buen socio de los Gobiernos en materia de fiscalidad¡±. Al respecto, a?aden, la plataforma ¡°ha aplaudido el acuerdo de los Estados miembros de la UE¡± que el a?o pasado aprob¨® una nueva directiva para establecer ¡°un marco com¨²n de informaci¨®n fiscal para las plataformas digitales¡±. Dicha directiva, pendiente de trasposici¨®n en Espa?a y que se aplica en todo el territorio comunitario (tambi¨¦n en la regi¨®n de Bruselas) supone, seg¨²n las citadas fuentes, ¡°un enfoque m¨¢s coherente y estandarizado para el intercambio de informaci¨®n en toda la UE¡±.