La justicia europea decide sobre el blindaje de Hacienda contra las indemnizaciones por violar el derecho de la UE

Se dice que el diablo est¨¢ en los detalles. Mucho de ello saben los contribuyentes que han intentado reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por da?os subidos a ra¨ªz de leyes contrarias al derecho comunitario: ser indemnizados en estos casos es misi¨®n casi imposible. El sistema es tan restrictivo que la Comisi¨®n Europea ha demandado a Espa?a ante los tribunales y todo apunta a que habr¨¢ condena. El Abogado General de la UE, Maciej Spuznar, ya consider¨® en diciembre ¨Den unas conclusiones no vinculantes¨D que la normativa espa?ola infringe la comunitaria; este martes tiene que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE). Un dictamen desfavorable obligar¨ªa al Estado a cambiar la normativa y abrir¨ªa la puerta a indemnizar a quienes no han podido hasta ahora ver reconocidos sus derechos.

La responsabilidad patrimonial permite recibir una indemnizaci¨®n por parte del Estado legislador si se ha sufrido un da?o por una norma que acaba siendo declarada contraria al derecho constitucional o, en este caso, comunitario. El conflicto entre Espa?a y la Comisi¨®n Europea viene desde lejos. En 2014, el TJUE tumb¨® el c¨¦ntimo sanitario, el impuesto que durante cerca de una d¨¦cada grav¨® las ventas minoristas de determinados hidrocarburos y brind¨® una recaudaci¨®n extra de unos 13.000 millones a las arcas p¨²blicas. Pese al fallo, el Ministerio de Hacienda dirigido entonces por Crist¨®bal Montoro se neg¨® a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado para quienes hubieran realizado los pagos en los periodos ya prescritos ¨Del plazo son cuatro a?os y era la ¨²nica v¨ªa para exigir una compensaci¨®n¨D y, al a?o siguiente, cambi¨® la ley y blind¨® las reclamaciones endureciendo los requisitos para exigir la indemnizaci¨®n.

La normativa actual prev¨¦ que se cumplan una serie de circunstancias para que el demandante pueda verse compensado. Entre ellas, que exista una sentencia del TJUE que declara incompatible la norma nacional, que el reclamante haya recurrido y haya obtenido una sentencia desestimatoria firme, en la que alega la infracci¨®n del derecho comunitario declarado posteriormente. ¡°Se exigen dotes adivinatorias al contribuyente¡±, comenta por tel¨¦fono Isaac Ib¨¢?ez, el abogado que dio inicio al proceso que llev¨® a la Comisi¨®n a demandar a Espa?a ante los tribunales. ¡°Lo que intenta esta ley es echar atr¨¢s todas las reclamaciones, es sangrante¡±, zanja.

Ib¨¢?ez present¨® la denuncia el mismo d¨ªa que la nueva ley se public¨® en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Ahora, conf¨ªa en que el TJUE al menos acate las conclusiones del Abogado de la UE, lo que suele pasar en un 60%-70% de los casos. Spuznar concluy¨® que la normativa espa?ola viola el principio de efectividad, al considerar que los condicionantes y requisitos que se exigen hacen ¡°en la pr¨¢ctica imposible o excesivamente dif¨ªcil obtener la indemnizaci¨®n de un da?o causado por el Estado legislador¡±. Tambi¨¦n aleg¨® que no se ajusta al derecho comunitario el plazo de prescripci¨®n de un a?o desde la publicaci¨®n en el Diario Oficial de la UE, y que solo se pueda exigir la indemnizaci¨®n de los cinco a?os anteriores, por ser disposiciones contrarias al principio de efectividad. En cambio, no apreci¨® una violaci¨®n del principio de equivalencia, como ped¨ªa la Comisi¨®n. Es decir, no consider¨® que el sistema para reclamar la responsabilidad del Estado sea m¨¢s favorable en el caso de infracciones del Derecho nacional con respecto al comunitario.

Modelo 720

La sentencia del TJUE puede suponer un vuelco por los damnificados por las multas del modelo 720, como se conoce la declaraci¨®n informativa de bienes en el extranjero. En enero, el Tribunal de Luxemburgo tumb¨® su r¨¦gimen sancionador, consider¨¢ndolo ¡°desproporcionado¡± y contrario al derecho europeo por restringir la libre circulaci¨®n de capitales.

Este pol¨¦mico modelo, que tienen que cumplimentar todos aquellos contribuyentes que tengan bienes en el exterior por m¨¢s de 50.000 euros, fue introducido en 2013 y preve¨ªa multas de hasta el 150% de la cantidad no declarada. Tras el varapalo del TJUE, Hacienda rebaj¨® de manera sustancial las sanciones por no presentar la declaraci¨®n o hacerlo fuera de plazo, adem¨¢s de eliminar la imprescriptibilidad: las sanciones no podr¨¢n superar el 50% de la cuota defraudada y el plazo de prescripci¨®n ser¨¢ el habitual por los delitos tributarios, de cuatro a?os.

Alejandro del Campo, el letrado que denunci¨® a Espa?a por las multas del modelo 720, cree que el golpe para Hacienda ser¨¢ de ¡°muchos cientos de millones de euros¡± si el tribunal de la UE tumba la normativa de responsabilidad patrimonial del Estado. ¡°La mayor¨ªa de los contribuyentes damnificada por el 720 ha luchado en los tribunales y ha mantenido los procedimientos vivos, pero muchos otros que fueron sancionados por declarar fuera de plazo pagaron y decidieron no pelear. Ahora se les puede abrir una v¨ªa: pedir la responsabilidad patrimonial¡±, considera.

Cree que una eventual condena de Espa?a permitir¨¢ reclamar tambi¨¦n por otras circunstancias y que las conclusiones del Abogado de la UE son ¡°demoledoras¡±. ¡°Nunca es f¨¢cil reclamar¡±, matiza, ¡°pero lo hicieron imposible¡±.