El Gobierno tiene atascadas 16.000 licencias VTC a pocos d¨ªas de que venza el plazo para seguir operando

La supervivencia de m¨¢s de la mitad de los veh¨ªculos de transporte concertado (VTC), los que se pueden contratar a trav¨¦s de apps tan populares como Uber, Cabify, Bolt o Auro, est¨¢ en el aire. El pr¨®ximo 30 de septiembre vence el plazo del periodo transitorio que otorg¨® el Gobierno a las comunidades aut¨®nomas para que regularan su actividad. En el que se conoce como decreto ?balos, por haber sido tramitado en 2018 por el anterior ministro de Transportes, Jos¨¦ Luis ?balos, se establec¨ªa un periodo transitorio de cuatro a?os para que las autonom¨ªas regularan la actividad de los VTC en trayectos urbanos antes del 1 de octubre de 2022. Y en caso de inhibirse, estos veh¨ªculos solo podr¨ªan realizar trayectos interurbanos, conden¨¢ndolas en la pr¨¢ctica a la desaparici¨®n.

Pese a la inminencia del plazo, solo Madrid y Catalu?a, han aprobado una normativa clara sobre la materia en ese plazo. En el resto de comunidades se vivir¨¢ en un limbo legislativo a partir de octubre. Pero el problema se enreda a¨²n m¨¢s. Y es que, en realidad, el decreto ?balos (Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre) no fij¨® un plazo exacto para todos los veh¨ªculos porque los cuatro a?os de moratoria son contemplados en la norma como una especie de indemnizaci¨®n para compensar a los due?os de las licencias por la inversi¨®n realizada. Y el mismo decreto recoge la posibilidad de ampliar ese periodo hasta en dos a?os si el propietario demuestra que por distintas circunstancias no ha podido recuperar el gasto que le supuso la explotaci¨®n de la VTC.

Recursos pendientes

Agarr¨¢ndose a esa disposici¨®n, y sobre todo tras la llegada de la pandemia que redujo la actividad de los VTC a m¨ªnimos por las restricciones de movilidad impuestas por el estado de alarma, los due?os de las licencias comenzaron a interponer recursos administrativos ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El procedimiento les obligaba a poner un recurso por cada licencia, lo que supuso que, de repente, el Ministerio se viera desbordado para tramitar los 16.000 expedientes. Por ello, subcontrat¨® mediante cuatro concursos a la sociedad p¨²blica Ineco la tramitaci¨®n y resoluci¨®n de los recursos.

Pero la secci¨®n sexta de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es la encargada de resolver las impugnaciones del Ministerio de Transporte en toda Espa?a, declar¨® en 2021 la nulidad del procedimiento al entender que Ineco, como ente empresarial aunque de capital p¨²blico, no ten¨ªa competencia para resolver recursos administrativos, y que deb¨ªa ser el Ministerio de Transportes con sus funcionarios los que se encargaran de esa tarea. Los 16.000 recursos volvieron al departamento que dirige Raquel S¨¢nchez que, hasta el momento, no ha resuelto ninguno en firme, seg¨²n se?ala a EL PA?S Jos¨¦ Andr¨¦s D¨ªez, del departamento jur¨ªdico de Movea, la asociaci¨®n de propietarios independientes de VTC.

¡°El Ministerio de Transportes, tanto con el anterior titular [Jos¨¦ Luis ?balos] como con la ministra actual [Raquel S¨¢nchez], ha intentado escurrir el bulto, pese a que las circunstancias de la pandemia justifican de sobra que se ampl¨ªe el plazo de las licencias, como ha ocurrido con otros negocios como las ITV. En lugar de resolverlo, prefirieron gastarse el presupuesto para subcontratarlo con el Ineco, en una maniobra completamente ilegal, como ha dicho el TSJM, y ahora se encuentran con el problema de vuelta¡±, se?ala D¨ªez, que ha tramitado cientos de recursos.

Fuentes del Ministerio de Transportes admiten que no se han resuelto los recursos, pero aseguran que la mayor parte de ellos ser¨¢n rechazados por falta de justificaci¨®n en su petici¨®n de pr¨®rroga por falta de justificaci¨®n

Inacci¨®n de las comunidades

Y mientras se resuelve este procedimiento administrativo, las comunidades aut¨®nomas apuran el plazo para regular sobre la materia. Feneval, Unauto y Movea, las asociaciones que representan al sector, denuncian la inacci¨®n de los gobiernos regionales, pese a que est¨¢n en peligro 18.000 licencias y m¨¢s de 60.000 empleos. La Comunidad de Madrid aprob¨® el pasado mes de mayo la legislaci¨®n que garantiza a los VTC que puedan seguir operando con un nuevo t¨ªtulo habilitante espec¨ªfico a partir de octubre, en competencia con el taxi, y sin m¨¢s limitaciones que el compromiso de no dar m¨¢s licencias cuando se supere el porcentaje un VTC por cada 30 taxis (ahora el ratio est¨¢ en 3,4 VTC por cada 30 taxis a escala nacional). La norma provoc¨® la ira de la Federaci¨®n Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), que anunci¨® que llevar¨ªa a los tribunales al Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso por prevaricaci¨®n.¡±Madrid es la ¨²nica regi¨®n que ha dado un paso adelante en el desarrollo de una regulaci¨®n que apuesta por la convivencia entre los sectores del taxi y la VTC¡±, asegura Ignacio Manzano, vicepresidente de Feneval y presidente de Aseval Madrid.

En un sentido completamente opuesto, la Generalitat de Catalunya aprob¨® el 5 de julio un decreto de urgencia que permite seguir operando a los VTC en Barcelona y su ¨¢rea metropolitana, pero introduce tales restricciones que, en la pr¨¢ctica, supondr¨¢ la desaparici¨®n de la mayor¨ªa de las licencias actuales de VTC. En concreto, la norma establece que los veh¨ªculos no podr¨¢n medir menos de 4,90 metros, una condici¨®n que solo cumplen algunos turismos de gama m¨¢s alta y las furgonetas de pasajeros. Deber¨¢n contar, adem¨¢s, con la etiqueta ECO o Cero y tambi¨¦n tendr¨¢n que ser titulares de una autorizaci¨®n de VTC domiciliada en Catalu?a, pero con un veh¨ªculo adscrito durante al menos el ¨²ltimo a?o. Por ¨²ltimo, el seguro de responsabilidad civil tendr¨¢ que cubrir da?os por un valor de 50 millones de euros, requisitos que no se aplican en ning¨²n caso al taxi.

Andaluc¨ªa, la segunda regi¨®n por n¨²mero de licencias, anunci¨® la pasada semana que aprobar¨¢ una regulaci¨®n antes del 30 de septiembre que garantice ¡°la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano¡±. Pero las filtraciones sobre esa norma apuntan a que el Gobierno del PP de Juanma Moreno va a replicar la legislaci¨®n catalana, abocando a la desaparici¨®n al sector, presionado por las manifestaciones de los taxistas.

¡°Resulta incre¨ªble que un Gobierno del PP se pliegue a las amenazas de los taxistas y siga el ejemplo de Catalu?a, en contra de la libre competencia y la econom¨ªa de mercado. Para eso, es mejor que no legisle nada¡±, denuncia Eduardo Mart¨ªn, expresidente de Unauto y actual presidente de Movea.

Otras comunidades como Arag¨®n, Baleares, Pa¨ªs Vasco, Galicia, Valencia y Murcia aprobaron en su d¨ªa normas transitorias que regulaban asuntos como la precontrataci¨®n del servicio exigiendo un tiempo de 15 a 60 minutos o las condiciones de recogida, pero no regulaban expresamente la actividad de las VTC tras el fin del plazo dado por el Gobierno. Ante esta situaci¨®n de indefinici¨®n, Unauto y Feneval han solicitado al Ministerio de Transportes una ampliaci¨®n del plazo compensatorio a otros dos a?os extra.

Legislaci¨®n auton¨®mica restrictiva

Aunque con el decreto ?balos el Gobierno se lav¨® las manos dejando en manos de las comunidades aut¨®nomas el problema, el asunto puede volverse contra el Ejecutivo si el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea admite los recursos planteados por las empresas de VTC, en cuyo caso tendr¨¢ que afrontar indemnizaciones superiores a los 2.000 millones de euros. La doctrina de la UE y la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) avalan las tesis de los propietarios de las licencias en contra de las leyes restrictivas de las comunidades aut¨®nomas.

¡°La moratoria es una patada hacia adelante para ganar tiempo, pero hace falta una norma para que podamos trabajar a largo plazo, en contra del decreto ?balos, y que se regule como se tiene que regular, porque la realidad es que los VTC son una necesidad en cualquier ciudad. Hay demanda suficiente para la convivencia del taxi y las VTC¡±, indica Jaime Ban¨²s, consejero delegado de Auro, que posee 2.000 licencias.

Espa?a contaba el pasado 1 de septiembre de 2022 con 17.626 licencias de los tambi¨¦n llamados veh¨ªculos con conductor (VTC) y 59.980 de taxi, que se redujeron en 4.846 hasta las 59.813, lo que arroja un ratio de 3,4 VTC por cada 30 taxis, seg¨²n los datos oficiales. Madrid concentra el 48% de las VTC (8.463), seguida de Andaluc¨ªa (3.202) y Catalu?a (2.824).