El Tribunal Superior de Madrid devuelve al Gobierno la decisi¨®n de reducir las licencias de VTC

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) devuelve al Gobierno la patata caliente de la guerra del taxi y las licencias de VTC (veh¨ªculo de alquiler con conductor), las que utilizan compa?¨ªas como Uber y Cabify. En septiembre de 2018, el entonces Ministerio de Fomento dirigido por Jos¨¦ Luis ?balos escurri¨® el bulto y modific¨® la Ley de Ordenaci¨®n de los Transportes Terrestres para pasar a las comunidades aut¨®nomas y los Ayuntamientos la decisi¨®n sobre si se deb¨ªa reducir el n¨²mero de licencias existentes. En plata: que pudieran retirar permisos que ya se hab¨ªan concedido por tiempo indefinido.

La discusi¨®n giraba, y seguramente volver¨¢ a ganar notoriedad p¨²blica en los pr¨®ximos meses, sobre la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis, que se incumple especialmente en las grandes ciudades, como denuncia de forma insistente el sector del taxi. Sin embargo, el juzgado le traslada de nuevo esta decisi¨®n al Ministerio de Transportes, que tendr¨¢ hasta septiembre de 2022 para responder a las m¨¢s de 15.000 reclamaciones (casi todas las licencias que existen en Espa?a) que hay, seg¨²n el juzgado. Fuentes del departamento que dirige ahora Raquel S¨¢nchez aseguran que est¨¢n estudiando la sentencia: ¡°Se est¨¢ analizando y viendo las posibles v¨ªas de actuaci¨®n. No se puede adelantar todav¨ªa ninguna conclusi¨®n¡±.

El tribunal, en una sentencia fechada el lunes de la semana pasada, ha anulado la disposici¨®n transitoria ¨²nica, que trataba el arrendamiento de veh¨ªculos con conductor, y estima en parte el recurso presentado por la empresa Autos Laucar. La norma daba a los poseedores de las licencias una moratoria de cuatro a?os en los que pod¨ªan operar a modo de indemnizaci¨®n ante la posibilidad de que se le negase esa posibilidad a partir de 2022. La compa?¨ªa esgrim¨ªa que este plazo corto le imped¨ªa recuperar su inversi¨®n.

¡°El sistema implantado por el real decreto-ley impedir¨ªa injustificadamente la obtenci¨®n de una indemnizaci¨®n acorde con el verdadero valor de una autorizaci¨®n de transporte de la clase VTC, concedida con car¨¢cter indefinido y sin dichas limitaciones geogr¨¢ficas, de modo que la norma estar¨ªa llevando a cabo una expropiaci¨®n encubierta¡±, aseguraba Autos Laucar en su recurso. Fuentes del juzgado madrile?o argumentan que existe tiempo suficiente para que Transportes resuelva las reclamaciones pendientes. Y, sobre todo, recalcan que no podr¨¢n externalizar esta decisi¨®n.

La normativa, en la pr¨¢ctica, exig¨ªa que empresas como Uber y Cabify contasen con una segunda licencia auton¨®mica o municipal para seguir realizando sus trayectos urbanos una vez transcurridos los cuatro a?os. Hasta ahora, los permisos eran de ¨¢mbito nacional, pero una vez cumplida la moratoria perder¨ªan su derecho a realizar trayectos urbanos si as¨ª lo decid¨ªan los municipios. Es decir, se les podr¨ªa exigir esa segunda licencia.

De esta forma, con la modificaci¨®n, se habilitaba a las comunidades aut¨®nomas para que fijasen, de acuerdo a su criterio y a trav¨¦s de esta nueva autorizaci¨®n, el n¨²mero de licencias en las ciudades de su regi¨®n con la clara intenci¨®n de reducir el n¨²mero de VTC en circulaci¨®n. Adem¨¢s, con el cambio, las autonom¨ªas o los Ayuntamientos que asumieran las competencias, no solo podr¨ªan reducir la actual ratio, sino que incluso podr¨ªan prohibir completamente la circulaci¨®n de los coches de Uber y Cabify. Y en las regiones donde no se asumiese la competencia, estos conductores perder¨ªan su permiso para trayectos urbanos al t¨¦rmino de la moratoria.

Batalla judicial

Este fallo es solo de uno de los casos que se acumulan en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde hay cerca de 700 pleitos pendientes, seg¨²n explica el juzgado en un comunicado. Adem¨¢s, el TSJM ordena la retroacci¨®n de todos los expedientes administrativos hasta el momento de la presentaci¨®n de las solicitudes, lo que evita que las empresas se vean obligadas a presentar nuevas solicitudes de indemnizaci¨®n o pr¨®rroga adicional de su habilitaci¨®n temporal. ¡°El Ministerio de Fomento debe resolver [las reclamaciones] conforme al procedimiento legalmente establecido, y no, como se hizo, cediendo la tramitaci¨®n y resoluci¨®n de los expedientes de solicitud a una empresa externa, Ingenier¨ªa y Econom¨ªa del Transporte Terrestre (Ineco), lo que supone un vicio de procedimiento¡±, a?ade el tribunal. Sobre este punto, destaca el ministerio, el TSJM no entra a valorar el fondo de la cuesti¨®n, solo el procedimiento indicado. Las partes todav¨ªa pueden presentar un recurso de casaci¨®n en el plazo de 30 d¨ªas, contados desde el siguiente a su notificaci¨®n.

As¨ª, se reabre de nuevo la guerra entre el taxi y los VTC, que se ha convertido en una ingente batalla judicial. En el Supremo tambi¨¦n se amontonan por miles los recursos planteados sobre licencias solicitadas sin conceder. Un supuesto diferente, ya que no se trata de las que ya han sido otorgadas y se pueden retirar tras esa moratoria de cuatro a?os. En estos casos, el alto tribunal ha admitido en diversas sentencias los recursos con el fin de ¡°completar, reforzar, matizar o, en su caso, corregir¡± la jurisprudencia del propio Supremo de 2018 que respaldaba la ratio de una VTC por cada 30 taxis. Por el momento, las VTC van ganando la batalla, aunque la guerra parece que se alargar¨¢ por un tiempo. Y el Gobierno se encuentra de nuevo con un conflicto inc¨®modo que pensaba que era cosa del pasado.