Andaluc¨ªa regula los VTC entre amenazas de movilizaciones y recurso ante los tribunales del sector del taxi
La Junta no impone la precontrataci¨®n pero ampl¨ªa el tama?o del veh¨ªculo como en Catalu?a
A contrarreloj ¡ªcon solo tres reuniones oficiales en el ¨²ltimo mes entre todos los sectores afectados y continuos contactos bilaterales ¨D y bajo la amenaza expl¨ªcita del gremio de taxistas y las advertencias veladas de las empresas de VTC y los sindicatos alertando de una potencial p¨¦rdida de empleos, la Junta de Andaluc¨ªa ha aprobado este martes el real decreto que ordena la circulaci¨®n de los veh¨ªculos de transporte con conductor en los n¨²cleos urbanos. Aunque no impone la precontrataci¨®n como exig¨ªan los taxistas, restringe la actividad de lo VTC en estaciones, aeropuertos y hoteles, y ampl¨ªa el tama?o m¨ªnimo del veh¨ªculo como ha hecho Catalu?a.
La nueva regulaci¨®n busca ¡°garantizar la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano¡±, seg¨²n ha reconocido la consejera de Fomento, Marifr¨¢n Carazo, en la comunidad que concentra el 19% del total de este tipo de licencias ¡ªcon 3.256, la segunda de Espa?a por detr¨¢s de Madrid¨D, pero a corto plazo va a provocar nuevas manifestaciones de los taxistas ¡ªque estudian recurrir el decreto ante los tribunales¨D que no aceptan claudicar con que la regulaci¨®n no contemple un tiempo de precontrataci¨®n de 15 minutos, su principal l¨ªnea roja en las negociaciones y a la que la Junta se niega alegando la inseguridad jur¨ªdica que rodea esa medida.
La nueva regulaci¨®n busca ¡°garantizar la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano¡±, seg¨²n ha reconocido la consejera de Fomento, Marifr¨¢n Carazo, en la comunidad que concentra el 19% del total de este tipo de licencias ¡ªcon 3.256, la segunda de Espa?a por detr¨¢s de Madrid¨D, pero a corto plazo va a provocar nuevas manifestaciones de los taxistas ¡ªque estudian recurrir el decreto ante los tribunales¨D que no aceptan claudicar con que la regulaci¨®n no contemple un tiempo de precontrataci¨®n de 15 minutos, su principal l¨ªnea roja en las negociaciones y a la que la Junta se niega alegando la inseguridad jur¨ªdica que rodea esa medida.a nueva regulaci¨®n busca ¡°garantizar la convivencia de los VTC y los taxis en aras de ofrecer un mejor servicio al ciudadano¡±, seg¨²n ha reconocido la consejera de Fomento, Marifr¨¢n Carazo, en la comunidad que concentra el 19% del total de este tipo de licencias ¡ªcon 3.256, la segunda de Espa?a por detr¨¢s de Madrid¨D, pero a corto plazo va a provocar nuevas manifestaciones de los taxistas ¡ªque estudian recurrir el decreto ante los tribunales¨D que no aceptan claudicar con que la regulaci¨®n no contemple un tiempo de precontrataci¨®n de 15 minutos, su principal l¨ªnea roja en las negociaciones y a la que la Junta se niega alegando la inseguridad jur¨ªdica que rodea esa medida.
En menos de un mes desde que Fomento anunciara su intenci¨®n de regular las VTC para adaptarlas al llamado decreto ?balos, que entra en vigor el 1 de octubre y que traslada a las comunidades la competencia para regular la actividad de las VTC, la consejer¨ªa ha hecho y deshecho un borrador tratando de incorporar las peticiones del sector del taxi, de las empresas de veh¨ªculos de transporte sin conductor, de los sindicatos ¡ªque han abogado por una regulaci¨®n laxa, preocupados por preservar los puestos de trabajo (unos 8.200)¨D, las organizaciones de consumidores y usuarios y los Ayuntamientos (a trav¨¦s de la Federaci¨®n Andaluza de Municipios y Provincias), sobre los que van a recaer bastantes competencias en materia sancionadora y recaudatoria y en relaci¨®n con la asignaci¨®n de d¨ªas de vacaciones para los conductores de VTC. La Junta aspiraba a tener una norma que no fuera ¡°ni tan liberal como la de Madrid, ni tan restrictiva como la de Catalu?a¡± y, sobre todo, a dotarla de garant¨ªas jur¨ªdicas que respetaran las indicaciones de la Uni¨®n Europea y que evitara que encallara en los tribunales, como ha ocurrido con otras regulaciones auton¨®micas de los VTC. ¡°Es un modelo andaluz adaptado a las circunstancias de Andaluc¨ªa¡±, ha subrayado la consejera. El decreto ley modificar¨¢ la actual Ley de Ordenaci¨®n de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andaluc¨ªa y tendr¨¢ un desarrollo reglamentario donde se incorporar¨¢n medidas como la fijaci¨®n de tarifas m¨¢ximas para evitar los pecios abusivos o que los usuarios sean indemnizados si se suspende un servicio.
Las principales medidas: acuerdos y desencuentros
La precontrataci¨®n ha sido el principal escollo de las negociaciones. El gremio del taxi exige que se mantenga en 15 minutos, como Catalu?a, Galicia o Arag¨®n, pero la Junta, apoyada por los principales sindicatos, se ha negado al estar esa medida pendiente de que el Tribunal Supremo unifique doctrina. ¡°Esto nunca ha sido una negociaci¨®n, ha sido una imposici¨®n¡±, se queja Miguel Ruano, presidente de la Federaci¨®n Andaluza de Aut¨®nomos del Taxi (FAAT), la organizaci¨®n mayoritaria del sector. ¡°La precontrataci¨®n no va a reducir el funcionamiento de ese sector y adem¨¢s es una forma de diferenciar ese servicio del que presta el taxi, que opera con reserva inmediata¡±, argumenta.
Otra de las cuestiones a las que el sector del taxi se opone frontalmente y en las que ha habido desencuentros es el de respetar el par¨¢metro de la proporcionalidad de 1 a 30 de las licencias VTC respecto de las del taxi. Las asociaciones de taxistas pretend¨ªan no solo la reducci¨®n de las actuales licencias, que en zonas como la Costa del Sol casi igualan el n¨²mero a las del sector del taxi ¡ª2.304 por 2.697, respectivamente¡ª, sino que se impida que se utilicen para circular en el centro urbano de las ciudades todas aquellas que han estado inoperativas en el ¨²ltimo a?o. En la FAAT calculan que al menos unas 800 han estado ¡°guardadas en un caj¨®n¡± en los ¨²ltimos 12 meses. ¡°La Junta debe establecer unos criterios m¨ªnimos para autorizar la circulaci¨®n de esas licencias, como ocurre en Catalu?a, donde se exige que se justifique un n¨²mero de servicios m¨ªnimos realizados en un per¨ªodo de tiempo anterior para poder ejercer esa prestaci¨®n¡±, sostiene Ruano.
Fomento alega que no puede restringir el uso de unas licencias que han sido otorgadas con anterioridad por el Gobierno central, pero que en el futuro s¨ª guardar¨¢ la proporci¨®n de 1/30 que establece el decreto ?balos. Una medida con la que tambi¨¦n se muestran de acuerdo los sindicatos y las VTC. Manzano se?ala que ¡°la pandemia y no la especulaci¨®n ha determinado que esas licencias no se utilizaran, pero que con la recuperaci¨®n son la base de puestos de trabajo, m¨¢s en una comunidad tur¨ªstica como la andaluza¡±.
Como compensaci¨®n, la Junta ha incluido las denominadas zonas de especial protecci¨®n donde los VTC no puedan estacionar ni circular para la captaci¨®n de clientes. Se ha establecido una distancia m¨ªnima de estacionamiento de 300 metros para aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y de 150 metros para otros espacios como hospitales, hoteles de cuatro estrellas, juzgados o lugares donde se celebren eventos, unas limitaciones que en el caso del casco antiguo de Sevilla impiden de facto a los coches VTC circular o estacionar en pr¨¢cticamente todo el per¨ªmetro, salvo que hayan sido requeridos para un servicio.
Se trata de una medida en cierto modo novedosa que no est¨¢ recogida en ninguna otra regulaci¨®n auton¨®mica ¡ªaunque Madrid tambi¨¦n impide a los VTC recoger en paradas espec¨ªficas reservadas a los taxis¨D, pero de la que tambi¨¦n recela el sector del taxi por la poca distancia estipulada y la falta de recursos pr¨¢cticos por parte de inspectores y polic¨ªa local para poder controlar que se cumplen con los metros estipulados. Desde la asociaci¨®n de consumidores FACUA, su secretario general en Andaluc¨ªa, Jordi Castillo, tambi¨¦n considera que ¡°aporta muy poco al usuario para diferenciar entre un servicio y otro¡±.
La Junta tambi¨¦n ha establecido unas especificaciones t¨¦cnicas para los veh¨ªculos VTC que deber¨¢n tener una medida m¨ªnima de 4,90 metros, la misma exigida en Catalu?a, si bien establece excepciones para los veh¨ªculos h¨ªbridos, 4,70 metros, y los 100% el¨¦ctricos, 4,40. Fomento ha modulado estos criterios respecto de su propuesta inicial y las modificaciones no han gustado al sector de las VTC, que a trav¨¦s del Ignacio Manzano, presidente de Andeval, ha criticado que la restricci¨®n a 4,90 metros ¡°corresponde a tan solo una m¨ªnima parte de los veh¨ªculos disponibles en el mercado, ni tan siquiera en el segmento de los veh¨ªculos Premium. De hecho, representa alrededor del 1% del total de veh¨ªculos vendidos en 2021, seg¨²n datos de Ideauto¡±.
Entre otras novedades recogidas en el texto definitivo y que se han ido incorporando en las ¨²ltimas semanas, se incluye la posibilidad de que los Ayuntamientos asuman las competencias en materia recaudatoria de las sanciones por el incumplimiento de las VTC y que negocien y planifiquen hasta un m¨¢ximo de 50 d¨ªas de descanso al a?o para los conductores, que en ning¨²n caso deber¨¢ imponerse en fines de semana o en fechas en las que haya alta concentraci¨®n de servicios. La jornada de descanso ha sido cuestionada por los sindicatos que consideran que debe estar estipulada en el convenio regulador del sector y que no debe estar determinada por las administraciones locales, aunque la prefieren al cese absoluto de la actividad del veh¨ªculo. ¡°La media de conductores por coche de VTC es de 2,2, si se parara su circulaci¨®n se pondr¨ªan en riesgo 1000 puestos de trabajo¡±, indica Juan Antonio Mar¨ªn, responsable de UGT, un sindicato que desde el primer momento ha estado a favor de una regulaci¨®n poco restrictiva del sector para garantizar los puestos de trabajo.
La normativa proh¨ªbe la geolocalizaci¨®n ¡ªuna reclamaci¨®n tradicional del sector del taxi y que las empresas de VTC consideran que es un ¡°peaje necesario¡± para garantizarse la circulaci¨®n en las ciudades¨D. Los conductores de VTC tendr¨¢n que tener la misma capacitaci¨®n profesional que se le exige a un taxista. Tambi¨¦n deber¨¢ garantizarse que el 5% de esos veh¨ªculos est¨¢n adaptados para las personas con discapacidad, otra petici¨®n de las asociaciones de consumidores.
En un futuro desarrollo reglamentario de la norma tambi¨¦n est¨¢ previsto que se regule el establecimiento de una tarifa m¨¢xima para evitar precios abusivos y la redacci¨®n de una carta de derechos y obligaciones de usuarios, que contemple que los clientes sean indemnizados si se suspende un servicio, dos medidas solicitadas por las asociaciones de consumidores.
Oto?o caliente
Cuando el PP llegó a la Junta de Andalucía en 2019 se puso como prioridad regular al sector de los VTC. Carazo se reunió entonces con las asociaciones de taxistas y los empresarios de VTC para consensuar una norma que se prometió inmediata. Llegó la pandemiia y finalmente Fomento optó por centrarse en elaborar un reglamento para modernizar el gremio del taxi y aparcó la ordenación de las VTC. La Junta se apoya en esa negociación con los taxistas para justificar que muchas de las medidas que ahora se quieren incorporar en el nuevo decreto ya fueron abordadas e incluso consensuadas con ellos. Mientras, las empresas de vehículos con conductor y los sindicatos han apelado a la importancia de que se garantice una variedad de oferta que garantice la movilidad en una comunidad eminentemente turística y han recordado que casi la mitad de los andaluces optan por los servicios de VTC, según una encuesta de Metroscopia.
Se avecina un otoño caliente ante la amenaza de movilizaciones por parte del sector del taxi, un gremio muy beligerante en esta comunidad. Este miércoles ya han anunciado una concentración a las 17.00 frente al Parlamento coincidiendo con la comparecencia de la consejera para explicar el decreto. También, como hicieron sus compañeros de Madrid, plantean recurrir “con todos los medios económicos, los mejores despachos de abogados y en todos los ámbitos judiciales”, como afirma Ruano. Si la norma lo que pretendía era garantizar la convivencia entre ambos sectores, de momento lo que ha hecho es avivar su enfrentamiento y evidenciar que ante los retos de la movilidad en las ciudades impulsados por las nuevas tecnologías, aún hay problemas de adaptación por parte de las administraciones a la hora de adaptar la regulación de las nuevas realidades con las cortapisas de un servicio público, con condiciones de prestación del servicio muy tasadas, y por parte de los propios afectados a la hora de adecuarse y liderar las transformaciones necesarias para atender a las necesidades y demandas de los usuarios.
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