La presidenta de la CNMC critica a la Audiencia Nacional por torpedear todas sus sanciones

La presidenta de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fern¨¢ndez, ha acusado a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que el organismo impone a las empresas al suspender de forma cautelar ¡°todas y cada una¡± de las multas e impedir, adem¨¢s, de esta forma que se cumpla el mandato de evitar a esas compa?¨ªas sancionadas firmar contratos con la Administraci¨®n P¨²blica.

Fern¨¢ndez, que compareci¨® este jueves en la Comisi¨®n de Asuntos Econ¨®micos en el Congreso, denunci¨® que el ¨®rgano jurisdiccional ordena sistem¨¢ticamente la suspensi¨®n cautelar de las sanciones porque, en su an¨¢lisis donde eval¨²a el inter¨¦s general y el perjuicio que puede provocar a la empresa dicha sanci¨®n, siempre ¡°prima el segundo¡±.

Por ello, no dud¨® en reconocer que en la actualidad las prohibiciones a empresas sancionadas por vulnerar las normas de competencia de no poder presentarse a ning¨²n contrato p¨²blico ni ser adjudicatarias de los mismos ¡°no se est¨¢n aplicando¡±, bien porque esta prohibici¨®n tiene que ser aplicada por la Junta Consultiva de Contratos del Sector P¨²blico, o bien porque todas las empresas solicitan la suspensi¨®n cautelar de la multa. Fern¨¢ndez ha apuntado el derecho ¡°perfectamente leg¨ªtimo¡± por parte de las empresas de pedir la suspensi¨®n cautelar de las sanciones, aunque ha aclarado que eso signifique que la Audiencia tumbe todas las multas cuando dicta una sentencia firme.

Ante esta situaci¨®n, la presidenta de la CNMC ha abogado por que las resoluciones que dicte el organismo que lidera incluyan la duraci¨®n y el alcance de la prohibici¨®n de contrataci¨®n con la Administraci¨®n, teniendo en cuenta el m¨¢ximo de tres a?os establecido por ley. Esto aportar¨ªa seguridad jur¨ªdica, seg¨²n Fern¨¢ndez, sobre todo en el caso de licitaciones internacionales en las que puedan participar empresas espa?olas, y supondr¨ªa a su vez un efecto disuasorio ¡°inmediato¡± en las licitaciones.

Tambi¨¦n ha apuntado que al ser la CNMC quien impone la sanci¨®n, se podr¨¢ hacer de una forma m¨¢s precisa, ya que si es la Junta de Contratos P¨²blicos quien impone la prohibici¨®n, esta afectar¨¢ a todos los negocios de una empresa con relaci¨®n a todos los entes de la Administraci¨®n. As¨ª, en el caso de un conglomerado con varias ¨¢reas de negocio, la CNMC podr¨¢ centrar la prohibici¨®n solo en las ¨¢reas y licitaciones que considere oportunas. Tras haber sacado a consulta un primer documento de criterios, el organismo de Competencia quiere aprobar ahora una comunicaci¨®n este mismo a?o y a poder ser ¡°antes del verano¡±.

Las declaraciones de Fern¨¢ndez vienen a redundar en la queja hist¨®rica de la CNMC de la dificultad de aplicar con car¨¢cter inmediato las sanciones muy graves a las empresas que han formado parte de c¨¢rteles. Es el caso la sanci¨®n de 203,6 millones de euros que impuso Competencia a las seis principales constructoras espa?olas en julio de 2022 ¡ªAcciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr¡ª por haber concertado presuntamente durante 25 a?os, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones p¨²blicas destinadas a la edificaci¨®n y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos. La sanci¨®n inclu¨ªa tambi¨¦n la prohibici¨®n de contratar con la Administraci¨®n, pero la Audiencia Nacional la suspendi¨® cautelarmente, por lo que las empresas han seguido present¨¢ndose y ganando concursos p¨²blicos.

Lo cierto es que los recursos judiciales de las empresas consiguen anular muchas sanciones u obligan al regulador a recalcular otras a la baja. Baste un dato para darse cuenta del fen¨®meno: Competencia impuso entre 2000 y 2012 m¨¢s de 1.153 millones de euros en sanciones a las empresas que incumplieron la legislaci¨®n, de los que solo pudo recaudar 290,4 millones de euros, es decir, solo uno de cada cuatro euros. Pese a ello, Cani Fern¨¢ndez destac¨® que la labor de la CNMC es muy beneficiosa para el ciudadano, y puso como ejemplo que el ahorro total para los consumidores espa?oles en 2022 generado por la actividad de este organismo super¨® los 2.000 millones de euros con decisiones como las rebaja de las tarifas aeroportuarias o la competencia en el transporte ferroviario.

Fusiones e IVA de alimentos

Por otra parte, Cani Fern¨¢ndez ha anticipado una investigaci¨®n ¡°muy a fondo¡± de la fusi¨®n entre Orange y M¨¢sM¨®vil ante la complejidad del mercado de las telecomunicaciones. La CNMC ha reclamado para s¨ª el an¨¢lisis de la operaci¨®n a la Comisi¨®n Europea, pero ha admitido que generalmente este tipo de operaciones suelen autorizarse en Bruselas.

No obstante, independientemente de la decisi¨®n comunitaria, Fern¨¢ndez ha anticipado una ¡°colaboraci¨®n muy estrecha¡± entre la autoridad nacional y Bruselas. Adem¨¢s, ha recordado que la CNMC ha analizado recientemente el mercado con la compra de Euskaltel por parte de M¨¢sM¨®vil y el papel de la entidad como reguladora de las telecomunicaciones.

Tambi¨¦n ha se?alado que todos los escenarios son posibles a la hora de poner condiciones a la operaci¨®n. Por un lado, reconoce la ¡°alt¨ªsima competencia¡± del sector y la erosi¨®n de m¨¢rgenes de los operadores, as¨ª como el efecto positivo que podr¨ªa tener la fusi¨®n a la hora de desarrollar infraestructuras como el 5G, uno de los argumentos defendidos por Orange y M¨¢sM¨®vil. Sin embargo, por otro lado, ha remarcado que la fusi¨®n puede ¡°cambiar completamente el panorama¡±. Adem¨¢s, ha subrayado la necesidad de analizar si la uni¨®n se traducir¨¢ en una reducci¨®n de competencia sin posibilidad de que haya nuevas llegadas al mercado en alguno de los ¨¢mbitos de la misma. La Comisi¨®n Europea tiene hasta el 3 de abril para pronunciarse en primera fase sobre la fusi¨®n.

Asimismo, Fern¨¢ndez ha indicado que cooperar¨¢n con las autoridades de competencia europeas en el an¨¢lisis de la compra de Air Europa por Iberia, pese a que no han recibido notificaci¨®n de la operaci¨®n, ¡°aunque es posible que se est¨¦ notificando a nivel europeo¡±.

Por ¨²ltimo, la presidenta de la CNMC ha confirmado que el organismo est¨¢ estudiando si las grandes empresas de distribuci¨®n est¨¢n trasladando o no la rebaja del IVA a los alimentos por su posici¨®n de dominio en el mercado. En concreto, se est¨¢ requiriendo informaci¨®n a grandes superficies para saber ¡°en qu¨¦ medida¡± la mayor concentraci¨®n empresarial en un territorio espec¨ªfico est¨¢ impidiendo un traslado efectivo de la rebaja del IVA. El Gobierno aprob¨® en diciembre una rebaja del IVA del 10% al 5% en aceites y pastas, mientras que suprimi¨® este mismo tributo en alimentos b¨¢sicos para contener el avance de la inflaci¨®n y, sobre todo, de la cesta de la compra.

Propuesta del PSOE para endurecer las multas

El PSOE ha propuesto, a través de una enmienda en el Congreso, un cambio en la Ley de Defensa de la Competencia para poder ampliar hasta un máximo de 50 millones de euros y fijar en un mínimo de un millón de euros las multas a empresas que hayan participado en un cártel. También propone endurecer las sanciones a los directivos, que se incrementarían de 60.000 hasta 400.000 euros la multa a cada uno de los que participara en la infracción. 

Si esta modificación es finalmente aprobada, las compañías que caigan en este tipo de prácticas pueden ser sancionadas con una multa de un millón de euros en un caso leve, con hasta 10 millones si la infracción es grave y con 50 millones si es "muy grave", como es el caso de pertenecer a un cártel. La actual regulación establece que las multas leves oscilan en una horquilla de entre 100.000 y 500.000 euros; las graves entre 500.001 euros y 10 millones, y las muy graves por encima de los 10 millones.

De cualquier modo, si sale adelante la enmienda socialista, siempre que se pueda, las multas se calcularán en función de la facturación mundial de la empresa y no la total, como está dispuesto actualmente. En este sentido, las sanciones leves se calcularían sobre el 1% del volumen de negocios mundial de la compañía o asociación de empresas participantes en el cártel; las graves con hasta el 5% del volumen y las muy graves con hasta el 10% del volumen.

Todo lo anterior implicaría, en muchos casos,  una mayor cuantía si se comparan con las cantidades fijas de multas propuestas por el PSOE, sobre todo en los casos de infracciones muy graves. En el caso de una empresa que a nivel mundial facture, por ejemplo, 1.000 millones de euros, las multas oscilarían entre el millón y los 100 millones de euros. Los socialistas también plantean ampliar el plazo general del procedimiento sancionador de la CNMC de 18 a 24 meses, mientras que el plazo de la segunda fase de control de concentraciones pasa de 2 a 3 meses.

Precisamente, la presidenta de la CNMC ha pedido este jueves a la oposición que apoye las intenciones del Gobierno con estas enmiendas, que además quieren dotar al organismo de más independencia en la gestión de sus puestos de mayor responsabilidad, de modo que estos puedan ser asumidos por trabajadores del organismo y no solo por altos funcionarios (del subgrupo A1).

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