Una auditor¨ªa descubre 714.000 euros en gastos inapropiados del exdirector de la empresa p¨²blica Comforsa
La Generalitat se querella contra el que fue jefe de la sociedad entre 2018 y 2022, que a la vez ha demandado a altos cargos del Govern por acoso laboral
Comforsa es una de esas empresas p¨²blicas de la Generalitat de Catalunya cuyo sentido es el sustento de una comarca, en este caso el Ripoll¨¨s, en el que da empleo a 350 personas. Jos¨¦ Recaredo ¡®Reca¡¯ Vidiella fue su director general durante cuatro a?os, hasta que en marzo del pasado a?o fue despedido. La relaci¨®n entre ambas partes, sin embargo, dista de estar del todo rota. Les une todav¨ªa una batalla cruzada en los juzgados y el ¨²ltimo paso lo ha dado el Govern: se ha querellado contra el ejecutivo al advertir que, presuntamente, incurri¨® en un presunto delito de administraci¨®n desleal o de apropiaci¨®n indebida, seg¨²n confirma el Departamento de Empresa a preguntas de EL PA?S. Seg¨²n otras fuentes conocedoras del caso, Vidiella incurri¨® en supuestos gastos inapropiados por importe de 714.423 euros durante ese periodo, el mismo en el que la Administraci¨®n catalana inyect¨® en esta industria de la forja en torno a 30 millones de euros para garantizar su viabilidad.
Vidiella, contactado ayer, evit¨® hacer declaraciones, pero record¨® que el proceso est¨¢ en instrucci¨®n y que ¨¦l ha abierto otro proceso judicial por acoso laboral contra el actual secretario de Empresa de la Generalitat, Albert Castellanos, y el exdirector general de Avan?sa, Josep Maria Villar¨²bia, ahora secretario general de Econom¨ªa.
El origen de todo el embrollo es la auditor¨ªa que ha hecho aflorar los gastos, seg¨²n explican diversas personas. Comforsa, rescatada en 1994 con dinero p¨²blico, es una de las sociedades que, por su tama?o cr¨ªtico o sus resultados, figuraba en el listado de empresas que ten¨ªa que pasar el control de la Intervenci¨®n General de la Generalitat. Seg¨²n diferentes fuentes consultadas, Vidiella rechazaba esa fiscalizaci¨®n a la que se sumaba parte del Departamento de Empresa de la pasada legislatura. El argumento era que la sociedad, proveedora de piezas para la industria y con clientes como Scania, Iveco, Volvo o Hyundai, compet¨ªa en el libre mercado y no prestaba servicios p¨²blicos, por lo que no pod¨ªa ser tratada como una mera empresa p¨²blica.
Ante el enfrentamiento con el accionista de la sociedad, Vidiella solicit¨® una salida pactada, pero en ese momento el Departamento de Empresa y Avan?sa, la sociedad de la que depende una parte considerable de las empresas p¨²blicas de la Generalitat, se percataron de que el directivo estaba recibiendo un salario superior al que hab¨ªa aprobado el consejo de administraci¨®n. ?l y otros tres directivos que integraban el comit¨¦ de direcci¨®n se lo hab¨ªan subido sin el consentimiento del consejo de administraci¨®n. Seg¨²n la Ley de Sociedades de Capital, una de las facultades indelegables de este ¨®rgano de gobierno es ¡°el nombramiento y destituci¨®n de los consejeros delegados de la sociedad, as¨ª como el establecimiento de las condiciones de su contrato¡±, argumento utilizado por la Administraci¨®n catalana.
Ese salario del primer ejecutivo mejor¨® desde los primeros 85.000 euros pactados inicialmente hasta, en 2021, pasar a ser de 170.000 euros m¨¢s una bonificaci¨®n en funci¨®n de una serie de resultados obtenidos, lo que situ¨® su retribuci¨®n final en casi 219.990 euros brutos anuales. Ese es uno de los elementos que han confirmado los trabajos de la auditor¨ªa interna y el principal foco de la querella criminal presentada en el Juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Barcelona. En total, el sobresueldo cobrado por Vidiella habr¨ªa alcanzado los 477.837 euros, a lo que se sumar¨ªa otra cantidad de 236.586 euros con la que se sufrag¨® el alquiler del apartamento en el que el ejecutivo resid¨ªa en la comarca (que la Generalitat niega que estuviera acordado en el contrato), adem¨¢s de otros pagos efectuados a cargo de la tarjeta de cr¨¦dito que, consideran los fiscalizadores, no ten¨ªa relaci¨®n con las tareas del primer ejecutivo de la compa?¨ªa: desde compras en el supermercado a comidas o cenas o el coste de la asistenta del hogar.
Comforsa factur¨® el pasado a?o en torno a 80 millones de euros y obtuvo un beneficio neto de 1,5 millones, una cifra algo inferior a la del a?o anterior. En la ¨²ltima d¨¦cada ha captado 45 millones de euros de capital de la Generalitat. El salario de Vidiella contrasta con el del president de la Generalitat, situado en los 130.250 euros.
Fuentes conocedoras de la denuncia aseguran que se incluyen diversas declaraciones que niegan que el consejo de administraci¨®n o alguno de sus integrantes hubieran dado permiso para esos aumentos salariales. Asimismo, los ejecutivos que tambi¨¦n se hab¨ªan subido los salarios teniendo en cuenta las remuneraciones equivalentes en empresas similares a Comforsa han decidido volver a la situaci¨®n salarial previa y se han comprometido a devolver a la empresa los sobresueldos percibidos, cuyo impacto ascender¨ªa a unos 80.000 euros. Los directivos beneficiados fueron el actual director ejecutivo, Josep Puig; el responsable de recursos humanos, Jes¨²s S¨¢nchez, y el director de finanzas, Robin Searle. Este ¨²ltimo abandon¨® la empresa en el ¨²ltimo trimestre del a?o pasado.
La auditor¨ªa ha puesto de manifiesto otras pr¨¢cticas a corregir, que han obligado a la empresa a elaborar un plan de actuaci¨®n para solventar esos problemas. Uno hace referencia a las relaciones que se establecen con los clientes de la empresa y los l¨ªmites que pueden alcanzar los trabajadores de Comforsa en sus atenciones con proveedores o clientes o el gasto m¨¢ximo a efectuar en desplazamientos. La empresa lo elabor¨® en mayo y ahora es el Govern el que lo tiene que aprobar.
La querella abierta por Comforsa es solo un cap¨ªtulo m¨¢s en las disputas judiciales con Vidiella. Este, seg¨²n explic¨® el pasado a?o a este diario, inici¨® dos procesos judiciales contra su despido. Por un lado, reclam¨® cantidades a la compa?¨ªa p¨²blica al considerar que su despido es nulo, y por el otro, denuncia da?os morales y de salud a ra¨ªz de lo que considera un acoso liberal. La vista para el juicio del despido est¨¢ fijada para finales de a?o.
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