UGT denuncia ante el Defensor del Pueblo el recorte del servicio de mediaci¨®n laboral de Castilla y Le¨®n
El sindicato advierte que los acuerdos de gobierno del PP y Vox en Extremadura y Murcia anticipan ¡°una conducta anticonstitucional¡± por el anunciado recorte de subvenciones a organizaciones de trabajadores y empresarios
Los sindicatos m¨¢s representativos denuncian desde hace a?os el ¡°ataque continuado¡± que Vox ejerce contra ellos y las funciones que les reconoce la ley. El discurso antisindical del partido de ultraderecha en la oposici¨®n cristaliz¨® definitivamente en pol¨ªticas concretas cuando la formaci¨®n de Santiago Abascal tom¨® las riendas de la Consejer¨ªa de Empleo de Castilla y Le¨®n, gracias a un pacto de Gobierno con el PP. Una de las pruebas m¨¢s tangibles es el recorte a la m¨ªnima expresi¨®n de la financiaci¨®n del Servicio de relaciones laborales (Serla) de la comunidad aut¨®noma, que se gestiona a trav¨¦s de una fundaci¨®n creada por sindicatos y patronal. Este lunes UGT ha presentado ante el Defensor del Pueblo una queja contra esta pol¨ªtica del Ejecutivo auton¨®mico, ¡°contraria a la Constituci¨®n¡± seg¨²n el sindicato. Adem¨¢s, anticipa que los acuerdos de gobierno del PP y Vox en otras comunidades, como en Extremadura o en la Regi¨®n de Murcia, anticipan otras conductas ¡°anticonstitucionales¡± por el anunciado recorte de subvenciones a sindicatos y patronales.
El texto presentado por UGT ante el Defensor del Pueblo, al que ha tenido acceso EL PA?S, denuncia que ¡°algunos responsables pol¨ªticos de comunidades aut¨®nomas han comenzado una campa?a de acoso a estos organismos y a los institutos y fundaciones que ejecutan las competencias en materia de mediaci¨®n y arbitraje, que son un desarrollo de una competencia estatal¡±. Por ello, indica UGT, ¡°cualquier acci¨®n o decisi¨®n proveniente de una comunidad aut¨®noma, que dificulte o directamente imposibilite los medios de soluci¨®n aut¨®noma de conflictos, sobrepasa las competencias auton¨®micas, que est¨¢n limitadas a la ejecuci¨®n de las competencias en materia laboral¡±.
As¨ª, contin¨²a UGT, ¡°deben considerarse inconstitucionales todas aquellas decisiones que impidan el ejercicio de los instrumentos de mediaci¨®n y arbitraje dise?ados en el marco de su autonom¨ªa y en el ejercicio de la libertad sindical, de la negociaci¨®n colectiva y el di¨¢logo social por los agentes sociales; son contrarias a la Constituci¨®n en consecuencia la restricci¨®n de la financiaci¨®n de los servicios de mediaci¨®n y arbitraje desarrollados por los agentes sociales de forma injustificada o excesiva¡±.
El sindicato se?ala como ¡°paradigma¡± de esta pol¨ªtica la reducci¨®n de financiaci¨®n del Serla en Castilla y Le¨®n, ¡°de forma tan radical que pone en riesgo su propia existencia¡±. El objetivo del Serla consiste en buscar lazos entre los empleados y las empresas para evitar acudir a la justicia para resolver conflictos laborales.
UGT anticipa que ¡°esta conducta inconstitucional¡± tambi¨¦n se dar¨ªa en Extremadura y la Regi¨®n de Murcia si se cumplen los programas de gobierno del PP y Vox, dados ¡°los llamamientos a la reducci¨®n considerable de subvenciones a sindicatos y patronal¡± que recogen. En Murcia el texto dice lo siguiente: ¡°Modificaremos la Ley de Participaci¨®n Institucional para promover el m¨¦todo de concurrencia competitiva en la concesi¨®n de subvenciones, frente al modelo de subvenci¨®n directa, garantizando as¨ª un uso m¨¢s eficiente de los fondos p¨²blicos¡±. El de Extremadura es a¨²n m¨¢s directo: promete la ¡°reducci¨®n considerable de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto de lo percibido en el a?o 2022¡å.
Ante esta situaci¨®n, el sindicato solicita al Defensor del Pueblo que advierta a los gobiernos auton¨®micos, ¡°en general¡±, de ¡°su obligaci¨®n de revertir todas las decisiones y de paralizar de todas las acciones que pongan en riesgo la actuaci¨®n de las organizaciones sindicales, impidi¨¦ndoles el desarrollo de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas; y, en particular, la cesaci¨®n de toda conducta que ponga en riesgo el ejercicio de los instrumentos de mediaci¨®n y arbitraje¡±. E insiste para que esta queja alcance al resto de autonom¨ªas: ¡°Que se recomiende a los gobiernos auton¨®micos a no adoptar ninguna decisi¨®n que pueda impedir o lesionar los instrumentos de soluci¨®n aut¨®noma de conflictos¡±.
La premisa de la que parte UGT es que hay intereses generales cuya satisfacci¨®n ¡°el Estado delega en el sindicato¡±, como por ejemplo ese ejercicio de mediaci¨®n y arbitraje que ¡°evita y canaliza el conflicto social¡±. Por ello, asfixiar la capacidad de los agentes sociales de prestar este servicio acabar¨ªa constituyendo un ataque a ese principio: ¡°La consecuci¨®n de los fines de inter¨¦s general no est¨¢ absorbida por el Estado, si no que se armoniza en una acci¨®n mutua Estado-sociedad¡±. El sindicato recuerda que el Tribunal Constitucional considera que ¡°la facultad reconocida a los representantes de los trabajadores y empresarios de regular sus intereses rec¨ªprocos mediante la negociaci¨®n colectiva es una facultad no derivada de la ley, sino propia que encuentra su expresi¨®n jur¨ªdica en el texto constitucional¡±.
El responsable de la Consejer¨ªa de Empleo, Mariano Veganzones, del partido ultra, descalifica recurrentemente a los representantes de los trabajadores e intent¨® eliminar la financiaci¨®n prestada para esta intermediaci¨®n. El presupuesto del Serla manejado en anteriores mandatos del PP, sin la extrema derecha en estos departamentos, rondaba el mill¨®n de euros. Veganzones insisti¨® en dejarlo sin aportaci¨®n alguna, acus¨¢ndolo de ¡°chiringuito¡±, pese a tramitar en 2022 3.534 conflictos individuales y 341 colectivos.
M¨¢s all¨¢ de la retirada de fondos al Serla, Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y Le¨®n, denuncia la desaparici¨®n o reducci¨®n de varios programas que ejecutaba la Consejer¨ªa de Empleo antes de la llegada de Vox. Entre ellos menciona el de riesgos laborales, de asesoramiento para inmigrantes o de orientaci¨®n laboral para desempleados.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta ahora en funciones Yolanda D¨ªaz, envi¨® sendos requerimientos formales a la Junta para impedir la decisi¨®n del Ejecutivo auton¨®mico. Finalmente, la financiaci¨®n se redujo a un 60%, suma insuficiente para los sindicatos porque creen que igualmente saturar¨¢ los juzgados al llegar a los tribunales cuitas laborales antes solventadas por el Serla.
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