Las medidas agrarias de la UE reducen la producci¨®n en el campo hasta un 15%

Las mayores exigencias medioambientales a la hora de producir en los campos o en las granjas, junto a la excesiva burocracia, se han convertido en las principales preocupaciones de agricultores y ganaderos a la hora de ejecutar su actividad agraria. Esta situaci¨®n no es hoy solamente una denuncia del sector agrario en toda la Uni¨®n Europea. Las cr¨ªticas surgen en el propio ¨¢mbito de la Comisi¨®n, como lo pone en evidencia un propio informe del Centro de Investiga Comunitario, JRC, en un an¨¢lisis sobre los efectos de las estrategias ¡°Del campo a la mesa¡± y ¡°Biodiversidad 2030¡å por las que se plantea una reducci¨®n en el uso de fertilizantes del 20% y del 50% en productos fito y zoosanitarios. Seg¨²n los informes de ese Centro oficial, su aplicaci¨®n supondr¨ªa una reducci¨®n de las producciones entre un 5% y un 15%, siendo la actividad ganadera la m¨¢s afectada.

El malestar va m¨¢s all¨¢ de la congelaci¨®n o de la reducci¨®n de los fondos comunitarios directos de la PAC, aunque los mismos no se hayan actualizado en funci¨®n de la inflaci¨®n para compensar sus ingresos y defender sus rentas. Para el sector, este conjunto de medidas, tanto para la actividad agr¨ªcola como para la ganadera, van a suponer, no solamente un incremento en los costes de producci¨®n, sino adem¨¢s una reducci¨®n del volumen de oferta, con unos precios a la baja en muchos casos alentados por unas importaciones de productos obtenidos en terceros pa¨ªses en condiciones muy diferentes desde los costes a la seguridad alimentaria.

Esa estrategia supondr¨ªa, adem¨¢s, la disminuci¨®n de las exportaciones, especialmente en los cereales, carne de cerdo o aves de corral, con el consiguiente empeoramiento del comercio exterior tambi¨¦n en otras producciones como semillas, frutas y hortalizas, ovino o vacuno, con un aumento en un 10% en los costes de producci¨®n.

La actual deriva comunitaria que acumula tantas condiciones afecta a la reducci¨®n de tratamientos, de superficies, mantenimiento de setos, linderos, m¨¢rgenes de protecci¨®n en los r¨ªos, la llamada condicionalidad reforzada. En el caso de las explotaciones ganaderas, la pol¨ªtica sobre el bienestar animal, con la obligaci¨®n de aumentar la superficie por unidad en las granjas m¨¢s o menos intensivas, supone ya un aumento del tama?o de las mismas, m¨¢s costes fijos por ampliaci¨®n para producir lo mismo. A todo ello, en ambos casos, agricultores y ganaderos, se suma la multiplicaci¨®n de la burocracia y el papeleo para el control de la actividad, donde destaca la exigencia del Cuaderno de Explotaci¨®n, cuya entrada en vigor se ha ido aplazando hasta el oto?o de este a?o, no es una iniciativa nueva. En conjunto, se trata de un cap¨ªtulo m¨¢s en la pol¨ªtica de vaivenes desarrollada por Bruselas en las ¨²ltimas d¨¦cadas en pol¨ªtica agraria.

Frente a los elevados excedentes en leche, carnes, cereales o vino en los a?os ochenta provocados por la psicosis para asegurar el abastecimiento y evitar la dependencia exterior que cost¨® vaciar las arcas comunitarias para su exportaci¨®n, en los inicios de los noventa el Comisario McvSharry daba un giro radical encaminado a bajar la oferta con un abandono del 10% en las superficies de cultivo, penalizaci¨®n de producciones por superar cuotas o superficies, apoyos para agrandar los cultivos o para la protecci¨®n del paisaje.

Hoy, d¨¦cadas m¨¢s tarde, se mantiene el auge de las posiciones medioambientalistas frente al equilibrio que reclama el sector por la necesidad de producir a unos costes que apoyen una posici¨®n de competitividad frente a las importaciones de terceros pa¨ªses.

Precios, renta y Ley Cadena

Junto a la pelea contra las mayores exigencias medioambientales y de control de la actividad desde la burocracia, el sector agrario tiene tambi¨¦n como objetivo clave la rentabilidad de su actividad y para ello, sobre el papel se halla el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una disposici¨®n b¨¢sica por la que se garantizan unos precios que aseguren unos ingresos que, al menos cubran los costes de producci¨®n.

Sin embargo, una cosa ha sido la Ley de 2014 mejorada en los ¨²ltimos a?os para evitar las ventas a p¨¦rdidas y, otra, la realidad. Su aplicaci¨®n ha contado con un aumento importante de fondos hasta superar los 14 millones de euros para mejorar su eficacia con m¨¢s acciones, m¨¢s personal con un balance importante donde, entre sus muchos datos, destacan m¨¢s de 3.000 sanciones que suman los 14 millones de euros. Desde el sector se reclama la necesidad de que el Observatorio de la Cadena actualice permanentemente los precios medios de referencia en los costes y que sigan aumentando los medios para su acci¨®n.

La Ley de la Cadena es hoy la m¨¢s importante a la hora de apoyar la rentabilidad de las explotaciones agrarias al exigir que los precios cubran los costes de producci¨®n. Sin embargo, su aplicaci¨®n es m¨¢s compleja por dos motivos. De una parte, por la desigualdad de poder entre quien vende, generalmente un agricultor o ganadero frente a una industria, grandes intermediarios o un grupo de distribuci¨®n. De otra parte, por el hecho de que se trata de productos perecederos, agr¨ªcolas o ganaderos que en unos casos no se pueden almacenar o aplazar su recolecci¨®n y de animales que deben salir de la granja para parar costes de alimentaci¨®n cuyo peso no puede superar unos techos porque corre el riesgo de perder valor en los mercados. En esas circunstancias, vender es una ¡°obligaci¨®n¡± frente para quien comprar es un simple acto m¨¢s econ¨®mico con capacidad para esperar o busca otro proveedor.

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