La Audiencia Nacional confirma dos multas a Mercadona por comprar leche por debajo de coste

La Audiencia Nacional ha confirmado dos multas impuestas a Mercadona en 2022 por comprar leche por debajo de coste a uno de sus proveedores de marca blanca, Covap, seg¨²n consta en dos sentencias fechadas en octubre. Estas, firmadas por los juzgados centrales de lo contencioso n¨²mero 7 y 9 del citado tribunal, desestiman dos recursos de alzada interpuestos por la compa?¨ªa de supermercados ante dos resoluciones de la Agencia de Informaci¨®n y Control Alimentarios (AICA), elevadas despu¨¦s por la Secretar¨ªa General de Agricultura y Alimentaci¨®n. El importe de cada una de ellas es de 66.000 euros.

Las mismas, firmadas en mayo de 2022, apuntan a la relaci¨®n comercial entre Mercadona y Covap, mediante la que esta ¨²ltima suministraba a la primera leche entera UHT para su comercializaci¨®n bajo la marca Hacendado, en formato de un litro. Ambos expedientes administrativos detallan que el ¡°pago de las mercanc¨ªas¡± se ¡°realiz¨®, por parte de la actora, a un precio de 0,493 euro/litro¡± en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2021, en un caso, y entre enero y abril de ese mismo a?o en el otro, ¡°resultando inferior al coste efectivo de producci¨®n incurrido o asumido por Covap para la fabricaci¨®n del producto en ese mismo periodo¡±.

Algo que, como se?alaban las resoluciones, est¨¢ tipificado como infracci¨®n grave en el art¨ªculo 23.2 de la ley de la Cadena aprobada en 2013, y que era la vigente en el momento de los hechos investigados. El mismo se?ala que ¡°con el fin de evitar la destrucci¨®n del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deber¨¢ pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producci¨®n de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador¡±. El Gobierno aprob¨® en diciembre de 2021 una reforma de la norma, obligando, por ejemplo, a formalizar todos los contratos por escrito.

Argumentos

La compa?¨ªa presidida por Juan Roig sustentaba sus recursos en los mismos argumentos: la incompetencia de la Secretar¨ªa General de Agricultura para dictar las sanciones; la incorrecta tipificaci¨®n de las mismas; y la vulneraci¨®n de los principios de responsabilidad, del derecho de defensa y del principio de proporcionalidad. Las sentencias de la Audiencia Nacional, pr¨¢cticamente id¨¦nticas, rechazan los mismos. Y son especialmente duras en lo referido al principio de responsabilidad que alegaba Mercadona.

En este punto, los magistrados explican que la Ley de la Cadena contempla la destrucci¨®n de valor como una pr¨¢ctica comercial desleal, ¡°que no est¨¢ sujeta a la libertad contractual de las partes¡±. Ahondan apuntando que ¡°el incumplimiento se produce por pago de un precio inferior al coste efectivo de producci¨®n y no por el precio pactado en el contrato alimentario, y la destrucci¨®n de valor es contraria al buen funcionamiento de la cadena alimentaria y dicha conducta es sancionable¡±. Y rematan que la demandante, Mercadona, ¡°no ha actuado con la diligencia exigible ya que la norma no permite pactos entre las partes que pudieran matizar la prohibici¨®n de destruir valor de la cadena¡±.

Otro de los puntos de defensa de Mercadona se?alaba el car¨¢cter confidencial de los datos recogidos por la AICA, y que sustentan las sanciones. En los procedimientos que esta inicia entre los actos de la cadena alimentaria, la AICA puede ordenar en cualquier momento el secreto de los datos o documentos que considere confidenciales. Las sentencias de la Audiencia Nacional se?alan que ¡°el coste efectivo de producci¨®n ha de incluirse en la categor¨ªa de informaci¨®n financiera susceptible de protecci¨®n por ser considerada secreto comercial y con oportuna declaraci¨®n de confidencialidad¡±.

A consulta de este medio, Mercadona confirma la presentaci¨®n de recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia Nacional, ¡°porque siempre hemos cumplido con las condiciones comerciales acordadas con nuestros proveedores, y estos no han manifestado que los precios no cubran sus costes¡±.

La compa?¨ªa defiende que, junto a Covap, ha aportado toda la documentaci¨®n requerida por la AICA, a la que requirieron acceso a la informaci¨®n en la que basaron sus sanciones. ¡°Acceso que nos fue denegado alegando que se trataba de informaci¨®n comercial sensible y confidencial¡±, se?alan.

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