Las grietas de la ley de la cadena alimentaria: pocas inspecciones y solo ocho multas por vender a p¨¦rdidas

Las protestas del campo se han desencadenado en las ¨²ltimas semanas en Europa principalmente por las mayores exigencias medioambientales de la UE a la hora de producir introducidas por la Agenda 2030 y la excesiva carga burocr¨¢tica, que se han convertido en dos de las grandes preocupaciones de agricultores y ganaderos. Pero en Espa?a tambi¨¦n ha vuelto a poner en el punto de mira a la ley de la cadena alimentaria, cuyo objetivo es evitar posibles abusos de poder en el recorrido que lleva un producto desde la explotaci¨®n agraria al supermercado. Alrededor de 470 sanciones firmes ¡ªpor un importe conjunto estimado en 1,67 millones de euros¡ª se han impuesto desde 2022, justo despu¨¦s de que se reformara la normativa con el objetivo de prohibir, por primera vez, las ventas a p¨¦rdidas y proteger a los eslabones m¨¢s d¨¦biles de la cadena. La mayor¨ªa de las multas hasta ahora, seg¨²n datos del Ministerio de Agricultura, se deben al incumplimiento de los plazos de pago y solo ocho corresponden a transacciones cerradas por debajo de los costes. El sector agrario considera que es insuficiente y que son necesarias m¨¢s medidas para evitar irregularidades mientras el Gobierno insiste en que la ley funciona, aunque admite que hay que reforzar los controles.

La ley, que entr¨® en vigor en 2014, se modific¨® en diciembre de 2021 para introducir m¨¢s transparencia: desde entonces los contratos alimentarios deben consignarse por escrito y registrarse; tampoco se pueden cambiar las condiciones de forma unilateral ni obligar a un proveedor a vender a p¨¦rdidas. Adem¨¢s, desde 2023 se publica una lista con las empresas multadas trimestralmente. La encargada del cumplimiento de esta ley es la Agencia de Informaci¨®n y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente de Agricultura que activa el procedimiento tras una denuncia y hace inspecciones. En 2022, la agencia realiz¨® 929 actuaciones de oficio para controlar el funcionamiento de las relaciones comerciales entre proveedores y clientes. En el primer semestre de 2023, hubo otras 475 inspecciones. Este es el ¨²ltimo dato oficial, a la espera de que se publique la memoria correspondiente al a?o pasado.

En cuanto a las sanciones, solo ocho se han debido a ¡°destrucci¨®n del valor de la cadena¡±, es decir, por venta a p¨¦rdidas, y todas fueron registradas en 2022. En ese a?o no se publicaban todav¨ªa los nombres de las empresas sancionadas; en la memoria solo se indica que son comercios minoristas y las sanciones est¨¢n relacionadas con el sector l¨¢cteo. A partir de 2023 se han empezado a publicar las listas detalladas, aunque durante ese a?o no se han registrado multas por venta a p¨¦rdidas. S¨ª aparecen, entre otras empresas, sanciones a Carrefour y Dia por incumplir los plazos de pago, que est¨¢n fijados en un m¨¢ximo de 60 d¨ªas, de 3.000 y 6.900 euros, respectivamente.

La cadena alimentaria, que va desde el productor en el campo hasta el supermercado, ya estuvo en el centro del debate durante 2022 y el primer semestre de 2023, cuando los precios de los alimentos se dispararon en toda Europa. Ahora, los precios se est¨¢n moderando, pero las protestas de los agricultores han vuelto a dar protagonismo a esta habitual queja del sector: aseguran que, aunque ha habido avances con esta nueva ley, sigue habiendo abusos y sus m¨¢rgenes se ven perjudicados. Esta es una de las demandas de las movilizaciones del campo, que han entrado en su tercera semana, adem¨¢s de pedir que se simplifique el papeleo para obtener ayudas p¨²blicas y se flexibilicen las normas medioambientales en la UE.

¡°Est¨¢ claro que la ley de la cadena ha supuesto una influencia positiva, pero se necesitan m¨¢s inspecciones de oficio¡±, afirma Andoni Garc¨ªa, experto de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En esta organizaci¨®n agraria son partidarios de desarrollar un sistema de alertas que, de forma m¨¢s autom¨¢tica, avise de irregularidades en niveles de precios de los contratos. ¡°Las denuncias garantizan el anonimato y una empresa inspeccionada nunca sabe si es una denuncia de oficio o de un proveedor, pero hay miedo¡±, a?ade.

Jos¨¦ Ugarrio, t¨¦cnico de la organizaci¨®n Asaja experto en esta ley, explica que el problema de fondo es m¨¢s complejo y est¨¢ ligado a la desigualdad de poder entre quien vende, generalmente un agricultor o ganadero, y la industria, los grandes intermediarios o un grupo de distribuci¨®n. Este t¨¦cnico especifica que ante la gran cantidad de vendedores y el decreciente n¨²mero de plataformas compradoras, sumado a que se trata de productos perecederos que no se pueden almacenar, los agricultores carecen de margen para negociar, por lo que muchas veces aceptan el precio del distribuidor, incluso si est¨¢ por debajo de los costes de producci¨®n.

Durante los dos a?os de crisis de precios de los alimentos, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha insistido en que los controles han funcionado relativamente bien y que, aunque hay margen para mejora, las subidas de precios se han trasladado sin abusos del inicio de la cadena hasta los puntos de venta. El IPC de alimentos y bebidas no alcoh¨®licas ha subido un 24% acumulado entre 2021 y 2023, seg¨²n el Instituto Nacional de Estad¨ªstica, mientras los precios en origen, los de campo, lo han hecho en torno al 50%, seg¨²n los datos de Agricultura. Hay que tener en cuenta, no obstante, que las dos evoluciones no son del todo comparables, ya que no se trata exactamente de los mismos productos.

La distribuci¨®n siempre destaca que, de media, las grandes empresas tienen un margen neto sobre ventas del 2,5%. ¡°Esto es, de cada 100 euros facturados, el beneficio final es de 2,5 euros¡±, explican en Anged, la patronal de las grandes superficies, que agrupa a El Corte Ingl¨¦s o Carrefour. Tambi¨¦n destacan que el ¨²ltimo Observatorio de M¨¢rgenes del Banco de Espa?a se?ala que ¡°los m¨¢rgenes sobre ventas en el comercio de alimentos encadenan dos trimestres de descensos, sin haber podido revertir las contracciones experimentadas durante la crisis energ¨¦tica¡±.

En la diferencia entre el precio de origen y el de venta al p¨²blico, recuerdan, hay una agregaci¨®n de servicios, como el transporte, almacenamiento, la gesti¨®n de las tiendas, la gesti¨®n de los desperdicios, los costes energ¨¦ticos o los impuestos, entre otros elementos. Y se?alan varios problemas relacionados con la ley, como que restringe la capacidad de negociaci¨®n entre las grandes empresas de distribuci¨®n frente a grandes empresas de la industria alimentaria.

El objetivo de Agricultura ahora es reforzar las inspecciones y anima a los productores que se sientan maltratados por la cadena a que denuncien de forma an¨®nima. Para dar m¨¢s poder a la AICA, quiere convertirla en una agencia a nivel estatal. Tambi¨¦n quiere una mayor participaci¨®n de las comunidades en los controles. ¡°La ley funciona y est¨¢ dando resultados en los precios de origen¡±, ha dicho esta semana Planas, que considera que uno de los problemas es el c¨¢lculo de los costes en los contratos.

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