El Constitucional resolver¨¢ por sentencia el pulso entre el Gobierno y el Senado por el impuesto de sucesiones

El Constitucional dirimir¨¢ el conflicto entre el Gobierno y el Senado sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. El tribunal de garant¨ªas ha admitido este martes a tr¨¢mite la impugnaci¨®n del Ejecutivo contra el acuerdo por el que la Mesa del Senado tramit¨® el 21 de noviembre del a?o pasado una proposici¨®n de ley por el que se deroga la legislaci¨®n relativa al tributo. Hacienda considera que dicha decisi¨®n podr¨ªa suponer una vulneraci¨®n de los art¨ªculos 134.6 de la Constituci¨®n y 151 del reglamento del Senado, en relaci¨®n al ejercicio de la facultad de veto presupuestario. La admisi¨®n a tr¨¢mite del recurso no tiene efectos suspensivos sobre la tramitaci¨®n de la proposici¨®n de ley, presentada por el PP. Se trata del primer conflicto entre instituciones del Estado que el Constitucional deber¨¢ resolver en esta legislatura, pendiente de que el PP llegue a presentar a su vez otro contra el Ejecutivo sobre la ley de amnist¨ªa, cuesti¨®n que la direcci¨®n de dicho partido tiene en estudio.

El art¨ªculo 134.6 de la Constituci¨®n en el que se apoya el Gobierno para su impugnaci¨®n prev¨¦ que ¡°toda proposici¨®n o enmienda que suponga aumento de los cr¨¦ditos o disminuci¨®n de los ingresos presupuestarios requerir¨¢ la conformidad del Gobierno para su tramitaci¨®n¡±. Esa conformidad nunca la obtuvo la Mesa del Senado. Por el contrario, tras el Consejo de Ministros del pasado 19 de diciembre, el ministro de Presidencia y Justicia, F¨¦lix Bola?os, compareci¨® en la rueda de prensa habitual en la Moncloa advirtiendo de que se hab¨ªa requerido al Senado a paralizar la tramitaci¨®n de la ley que planteaba la supresi¨®n del impuesto de sucesiones a nivel nacional. Bola?os consider¨® que esta iniciativa implicaba una vulneraci¨®n ¡°flagrante¡± de la Constituci¨®n y anunci¨® el recurso, finalmente presentado, si la C¨¢mara alta no daba marcha atr¨¢s.

El argumento esencial del Gobierno siempre ha sido que resulta necesaria su conformidad para que las Cortes Generales tramiten cualquier norma que implique ¡°una disminuci¨®n de los ingresos presupuestarios¡±, como establece el mencionado art¨ªculo de la Constituci¨®n. Bola?os a?adi¨® que la medida tendr¨ªa un ¡°impacto evidente¡± para las arcas del Estado, que calcul¨® en unos 2.800 millones de euros. A?adi¨® que esta cifra era superior a la de los 2.520 millones de euros que el Gobierno destin¨® a becas el a?o anterior. Tambi¨¦n manifest¨® haber remitido un informe jur¨ªdico al Senado con estas alegaciones, que no surtieron efecto. Un mes m¨¢s tarde, el pasado 18 de enero, la C¨¢mara alta decidi¨® mantener la tramitaci¨®n de la citada proposici¨®n de ley.

Previamente, el Ministerio de Hacienda elabor¨® un informe en el que se daba cuenta de que la supresi¨®n del impuesto implicar¨ªa graves p¨¦rdidas de recaudaci¨®n, en relaci¨®n con un impuesto cedido a las comunidades aut¨®nomas, aunque no todas lo aplican. Ello iba a implicar que el Estado deber¨ªa compensar a dichas comunidades utilizando como dato de referencia la suma obtenida en la ¨²ltima recaudaci¨®n registrada antes de que se hubiese consumado la eliminaci¨®n del impuesto. El Senado, en todo caso, consider¨® que deb¨ªa ¡°ignorar y no admitir a tr¨¢mite¡± la disconformidad planteada por el Gobierno, lo que condujo a la formalizaci¨®n del recurso que ahora resolver¨¢ el Constitucional, tras pedir alegaciones a las partes.

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