El Gobierno exigir¨¢ a la industria un preaviso de nueve meses para deslocalizarse

Las empresas industriales que planteen el cierre o la reducci¨®n de actividad tendr¨¢n que comunicarlo nueve meses antes al Ministerio de Industria, y deber¨¢n contratar a una consultora que dise?e un plan para minimizar el impacto en la actividad y el empleo, o para buscar nuevos inversores. Seg¨²n la informaci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S, el Gobierno prepara un mecanismo, inspirado en el que se us¨® con las plantas de Nissan en Barcelona, con el fin de amortiguar las consecuencias de las deslocalizaciones. En un momento en el que todo el sector europeo est¨¢ sufriendo problemas de competitividad, Espa?a ultima una sistema legal que permita ordenar los procesos de reindustrializaci¨®n. As¨ª se recog¨ªa ya en el anteproyecto de la Ley de Industria que se present¨® a finales de 2022, pero el ministerio est¨¢ volviendo a redactarlo para incluir cambios que contemplan lo sucedido en las crisis de la covid, la energ¨¦tica y la de precios. Antes de que acabe junio, el departamento de Jordi Hereu espera lanzar de nuevo el texto a consulta p¨²blica.

Esta regulaci¨®n est¨¢ pendiente de los comentarios y alegaciones que haga el Ministerio de Trabajo en un informe. El departamento de Yolanda D¨ªaz tendr¨¢ que asegurarse de que la estructura creada es compatible con la legislaci¨®n laboral, y el texto todav¨ªa podr¨ªa cambiar algo en funci¨®n de sus aportaciones. Adem¨¢s, pese al complicado contexto pol¨ªtico, Industria est¨¢ iniciando los contactos para lograr el mayor consenso con los partidos en torno a la futura ley. Las empresas afectadas ser¨¢n aquellas cuyas decisiones conlleven una p¨¦rdida significativa de capacidad industrial y cuando, adem¨¢s, la autoridad competente para tramitar su ERE sea el Estado. Es decir, aquellas que est¨¢n en m¨¢s de una comunidad y tienen m¨¢s empleados y repercusi¨®n social. Tambi¨¦n se incluir¨¢n aquellos supuestos en los que est¨¦n en juego recursos considerados de primera necesidad o de car¨¢cter estrat¨¦gico.

La pregunta es c¨®mo abordar una cascada de cierres por la energ¨ªa, los costes laborales y en sectores maduros, cuyos centros de decisi¨®n est¨¢n muchas veces fuera de Espa?a. Se trata de ordenar estos procesos y dar un cauce a posibles soluciones. En la pr¨¢ctica, este tipo de iniciativas ya se ponen en marcha dependiendo del impacto de la f¨¢brica en el territorio y el empleo. Normalmente, cuando arranca un proceso de estas caracter¨ªsticas, los representantes de la empresa, de los trabajadores y de la Administraci¨®n se re¨²nen e intentan encontrar soluciones para dar viabilidad al proyecto y preservar el empleo. Pero de esta forma habr¨¢ un sistema pautado al igual que ocurre en muchos pa¨ªses europeos. Francia, por ejemplo, ya tiene un marco creado con la Ley Florange. Este es m¨¢s proteccionista, recogiendo incluso sanciones muy duras.

Aunque por una v¨ªa distinta, esta iniciativa se suma a otras que ya hab¨ªa aplicado el Ministerio de Trabajo para dificultar los ERE, como la exigencia de comunicarlos seis meses antes o que la Inspecci¨®n pueda comprobar si de verdad concurren los motivos alegados. En todo caso, las empresas grandes tienen la obligaci¨®n, en el marco de un despido colectivo, de ofrecer medidas alternativas como contratar a una compa?¨ªa de recolocaci¨®n. Estos procesos est¨¢n tambi¨¦n conectados con el mecanismo bautizado como RED, que se cre¨® con la reforma laboral y se asemeja a los ERTE. En concreto, est¨¢n pensados para sectores en transformaci¨®n o por causas c¨ªclicas, los tiene que activar el Consejo de Ministros y dan m¨¢s ayudas y m¨¢s formaci¨®n. Hasta ahora, el Gobierno se ha mostrado reacio a utilizarlos salvo para las agencias de viajes. Ni siquiera en el reciente anuncio de ERE en la planta de Ford en Almussafes (Valencia).

El proceso que est¨¢ articulando Industria empieza cuando la empresa comunica su decisi¨®n con nueve meses antelaci¨®n. Se entiende como fecha de inicio el momento en que se traslada a la representaci¨®n legal de los trabajadores la intenci¨®n de hacer un ERE y se abre el periodo de consulta. Una vez recibido el aviso, el ministerio elaborar¨¢ un informe sobre la pertinencia de cursar el proceso de reindustrializaci¨®n.

Si este va adelante, se formar¨¢ una mesa de reindustrializaci¨®n con representantes de la empresa, los trabajadores y las autoridades, entre las que estar¨¢ el Ministerio de Industria, y las locales y auton¨®micas si as¨ª lo desean. Mientras dure el periodo para encontrar soluciones, es decir los nueve meses, la empresa y los trabajadores continuar¨¢n con el funcionamiento normal de la actividad. Seguir¨¢n igual las instalaciones e inversiones, los productos y servicios que se producen, las retribuciones de los trabajadores y las relaciones con los proveedores.

La mesa de reindustrializaci¨®n analizar¨¢ la informaci¨®n, establecer¨¢ un calendario de actuaciones y tratar¨¢ de revertir la decisi¨®n o iniciar la b¨²squeda de una propuesta para el mantenimiento del tejido productivo. La empresa deber¨¢ contratar la asistencia t¨¦cnica de una consultora que realizar¨¢ el an¨¢lisis de las posibles alternativas y de la b¨²squeda de nuevas inversiones. De este modo se hizo en Nissan, aunque en ese caso la mesa se cre¨® tras el cierre de la f¨¢brica, cuando el despido de 2.500 trabajadores no ten¨ªa marcha atr¨¢s. Entonces, el ministerio seleccion¨® en concurso p¨²blico a la consultora KPMG para que coordinara la mesa de trabajo entre tantos actores y garantizara la neutralidad en la toma de decisiones. A partir de ah¨ª se inici¨® un tedioso proceso de m¨¢s de dos a?os. Tras ir cayendo pretendientes, solo quedaron tres y se apost¨® por el fabricante de motos el¨¦ctricas Silence y por un centro de fabricaci¨®n de veh¨ªculos el¨¦ctricos a cargo de las ingenier¨ªas BTech y QEV. Pero hasta hace escasas semanas no ten¨ªan asegurada la carga de trabajo para ocupar a toda la plantilla. Esto solo se resolvi¨® en una mesa aparte con Industria y la Generalitat: as¨ª se logr¨® el desembarco del grupo chino Chery para ensamblar coches el¨¦ctricos en Barcelona.

Seg¨²n la nueva ley, dentro del plazo de nueve meses deber¨ªa producirse el acuerdo de reindustrializaci¨®n. Si transcurrido el periodo no se hubiera alcanzado, se dar¨¢ por concluido el proceso. En el caso de lograrse el acuerdo, se detallar¨¢ una propuesta y habr¨¢ un seguimiento trimestral de lo firmado. Si la propuesta lo incluye, podr¨¢ exigirse a la empresa que constituya una garant¨ªa para cubrir la ejecuci¨®n de las medidas que tenga que llevar a cabo. Adem¨¢s, los ¨®rganos competentes podr¨¢n facilitar el cumplimiento, pudiendo habilitar y comprometer instrumentos espec¨ªficos. Cabe incluso la posibilidad de que se declare proyecto industrial de inter¨¦s general, lo que permitir¨ªa dar un mayor apoyo.

La Ley de Industria recoger¨¢ adem¨¢s un nuevo sistema de gobernanza del sector; la posibilidad de declarar proyectos estrat¨¦gicos; medidas de apoyo para los ecosistemas industriales; bancos de pruebas regulatorios; la creaci¨®n de una reserva estrat¨¦gica industrial de productos cr¨ªticos en campos como la salud, la defensa, las materias primas o el agroalimentario, para que no haya desabastecimientos como ocurri¨® en la pandemia con las mascarillas y los respiradores; y un nuevo sistema de calidad y seguridad en la industria con una actualizaci¨®n de las sanciones.

Varios expertos consultados dicen que hay que tener cuidado con establecer sistemas demasiado restrictivos. Se suelen dar muchas facilidades y ayudas para entrar en los pa¨ªses, pero se ponen muchas dificultades para salir. Hay que tener en cuenta que las empresas tambi¨¦n contemplan estos obst¨¢culos cuando valoran d¨®nde llevar sus inversiones. Y unas barreras muy altas de salida podr¨ªan desincentivarlas. Hay que sopesar muy bien c¨®mo tratar de contener esta tendencia sin crear una nueva barrera, explican. La nueva ley de Industria contempla que se tendr¨¢n que devolver las subvenciones si hay una reducci¨®n sustancial de la actividad antes de cinco a?os en las empresas grandes, y de tres en las peque?as.

Estos expertos valoran como un avance importante el nuevo proceso porque brinda cierto margen de tiempo y porque consideran ¨²tiles las mesas. Pero tambi¨¦n alertan de que puede aumentar el riesgo de que haya una huelga y de que se bloquee la planta teniendo todav¨ªa compromisos que atender con los clientes. Y esto podr¨ªa llevar a querer malvender antes con tal de evitar unos costes impl¨ªcitos elevados. Se trata de otro fino equilibrio que hay que vigilar para que no se convierta en un lastre para la inversi¨®n, se?alan.

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