La Audiencia Nacional abre la investigaci¨®n sobre el ¡°chiringuito financiero¡± vinculado con Alvise

Jos¨¦ Luis Calama, juez instructor de la Audiencia Nacional, ha ordenado la apertura de la investigaci¨®n sobre el presunto fraude perpetrado a trav¨¦s de la plataforma de inversi¨®n Madeira Invest Club, liderada por el empresario ?lvaro Romillo, que envi¨® un escrito a la Fiscal¨ªa General del Estado donde asum¨ªa la responsabilidad de sus actos y confes¨® haber entregado 100.000 euros a Luis P¨¦rez, alias Alvise, el principal dirigente de Se Acab¨® la Fiesta (SALF), en plena campa?a para las elecciones europeas. Este movimiento del juez se centra solo en la ¡°supuesta estafa piramidal¡± cometida por dicha compa?¨ªa, calificada como ¡°chiringuito financiero¡± por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Calama considera que, en este momento incipiente de la causa, no tiene elementos para pronunciarse sobre la supuesta participaci¨®n del dirigente ultra Alvise.

Estas pesquisas son independientes de otras de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo, que ya anunci¨® que investigar¨¢ si P¨¦rez (que se encuentra aforado ante el alto tribunal al ser eurodiputado) cometi¨® un delito de financiaci¨®n ilegal al recibir dicha cantidad de dinero, que ¨¦l mismo ha admitido haber percibido.

La Audiencia Nacional concentra su atenci¨®n, por tanto, en el Madeira Invest Club, despu¨¦s de que este ¨®rgano judicial recibiera tres denuncias contra la empresa bajo sospecha, presentadas por la Asociaci¨®n Nacional para la Defensa del Consumo Espa?ol de Servicios (Ances), la Asociaci¨®n de Afectados por Inversiones de Criptomonedas y la Asociaci¨®n de Usuarios de Criptomonedas. Seg¨²n consta en una resoluci¨®n fechada este viernes, el juez Calama considera que existen indicios suficientes para admitir a tr¨¢mite las denuncias, pues los hechos relatados describen con ¡°meridiana claridad¡± un delito de estafa que debe investigar la Audiencia Nacional por su enorme volumen y gran n¨²mero de afectados.

Los inversores que han presentado las denuncias han calculado que su perjuicio superar¨ªa los 11 millones de euros, seg¨²n expone el magistrado. Pero la misma resoluci¨®n a?ade que, de los documentos e informaci¨®n incorporados al sumario, ¡°la cifra de afectados podr¨ªa llegar a los 27.000 y el perjuicio a estos ocasionados podr¨ªa superar los 300 millones de euros¡±. ¡°Se atisba una compleja instrucci¨®n, con un entramado delictivo de m¨²ltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, Rep¨²blica Dominicana, Estonia y Albania, que har¨¢ necesario acudir de forma recurrente a la emisi¨®n de instrumentos de cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional a los efectos de determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado, as¨ª como para la localizaci¨®n de activos financieros¡±, remacha el juez Calama.

?lvaro Romillo, conocido en las redes sociales como Luis Cryptospain, fund¨® el Madeira Invest Club (MIC). La compa?¨ªa fij¨® su domicilio social en Madrid y promet¨ªa a sus clientes que pod¨ªan obtener enormes rentabilidades (de m¨¢s del 50% al a?o) a trav¨¦s de su plataforma, que se dedicaba supuestamente a la inversi¨®n online en distintos mercados de lujo ¡ªcomo el de arte¡ª. Este sistema se desactiv¨® inesperadamente hace unos d¨ªas y dej¨® en la estacada a sus usuarios, muchos de los cuales acudieron entonces a la Audiencia Nacional. A continuaci¨®n, la Fiscal¨ªa apoy¨® la admisi¨®n a tr¨¢mite de sus denuncias, que no mencionaban originalmente a Alvise.

Sin embargo, la Asociaci¨®n de Usuarios de Criptomonedas, representada por el abogado Carlos Ar¨¢nguez, present¨® el 25 de septiembre un nuevo escrito para pedir que se extendiera la investigaci¨®n al eurodiputado, por lo que el caso deb¨ªa reenviarse al Supremo. Una opci¨®n que el juez Calama ha descartado de momento, debido a que la causa se acaba de abrir y apenas se han hecho averiguaciones. En este sentido, el magistrado detalla que, para poder acceder a ello, la jurisprudencia le obliga a enviar al alto tribunal una ¡°exhaustiva¡± exposici¨®n razonada, donde consten indicios ¡°fundados y serios¡±, una imputaci¨®n ¡°clara y concreta¡± o un ¡°apoyo probatorio¡±.