El empresario que le dio 100.000 euros a Alvise pide auxilio judicial antes de que se decida si le investigan por una estafa piramidal

El caso de la presunta estafa de Madeira Invest Club comienza a dar peque?os pasos. Aunque la Audiencia Nacional a¨²n no ha abierto una investigaci¨®n para aclarar si la sociedad cometi¨® una estafa piramidal con la inversi¨®n en criptomonedas, bienes de lujo y obras de arte digitales, s¨ª ha comenzado a conocer las distintas posturas de las plataformas de perjudicados que le han denunciado y del propio ?lvaro Romillo, fundador de la sociedad bajo la lupa, calificada por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ¡°chiringuito financiero¡±, y que promet¨ªa rentabilidades de entre el 30 y el 53% anual. Por un lado, los abogados de las v¨ªctimas mantienen discrepancias sobre qu¨¦ ¨®rgano judicial tiene competencia para conocer lo ocurrido, una vez que la trama ha salpicado al eurodiputado Alvise P¨¦rez. Y, por otro lado, el m¨¢ximo responsable del supuesto fraude ha pedido auxilio judicial para salvar el resto de sus negocios y afrontar las deudas con los inversores.

Despu¨¦s de que Romillo (que se presentaba en redes sociales como LuisCryptoSpain) remitiera dos escritos a la Fiscal¨ªa General del Estado, en los que asumi¨® la responsabilidad de sus actos y confes¨® haber entregado 100.000 euros a Luis P¨¦rez, Alvise, el l¨ªder de Se Acab¨® la Fiesta (SALF), en plena campa?a para las elecciones europeas; el empresario ha enviado otros dos documentos a la Audiencia Nacional para mostrar su intenci¨®n de colaborar con la justicia, tras conocer que el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 4, Jos¨¦ Luis Calama ¡ªconocido por investigar otras presuntas estafas con divisas digitales, como la trama de Arbistar¡ª, ha comenzado a estudiar el presunto fraude, que puede alcanzar entre los 300 y 600 millones de euros. La elevada cantidad se debe a que los inversores hac¨ªan una aportaci¨®n inicial de 2.000 euros anuales.

En el primer escrito, presentado el 25 de septiembre, la defensa de Romillo puso a disposici¨®n del juez su patrimonio. As¨ª, inst¨® a la emisi¨®n de una Orden Europea de Investigaci¨®n (OEI) a Portugal para pedir el desbloqueo de cuentas bancarias a nombre de Sabroso LDA, uno de sus negocios que gestionaba con su padre. Seg¨²n indica el texto, consultado por este peri¨®dico, uno de los motivos por los que dej¨® de pagar a los inversores fue la congelaci¨®n de los fondos en el pa¨ªs vecino. En esta l¨ªnea, los abogados tambi¨¦n han pedido la designaci¨®n de un administrador judicial para 13 empresas de su entramado con el fin de evitar su quiebra y afrontar las deudas mediante los ingresos de las mismas.

Entre los negocios, se encuentran restaurantes en Madrid, M¨¢laga y Granada; alojamientos tur¨ªsticos; alquiler de embarcaciones y coches de lujo; la organizaci¨®n del festival Selvatic Fest; una empresa de consultor¨ªa de gesti¨®n empresarial y otra de instalaciones para ocio, entretenimiento y celebraci¨®n de eventos. Seg¨²n explican los textos, la estructura societaria les ha ayudado a ¡°cumplir con todos los contratos de los inversores¡± hasta que cumplir con los compromisos se ha hecho ¡°insostenible¡±.

La administraci¨®n judicial tambi¨¦n ha sido solicitada por una de las representaciones de afectados que se ha personado en la Audiencia Nacional, la que dirige Emilia Zaballos. En su denuncia, la letrada pidi¨® como medidas cautelares la intervenci¨®n de las empresas, entre otros motivos, para evitar que se traspase a terceros, lo que dificultar¨ªa que los inversores en Madeira Invest recuperen el dinero perdido; y la localizaci¨®n de activos en Estonia y Rep¨²blica Dominicana.

El siguiente escrito de Ramillo fue registrado este jueves, en el que insiste en su voluntad de cooperar, en caso de que finalmente se abra una investigaci¨®n formal. As¨ª, se ha prestado a declarar ante el juez y a aportar documentaci¨®n, al tiempo que se ha comprometido a liquidar sus bienes ¡°con el fin de hacer frente a los pagos de los inversores¡±. No obstante, las ofertas del responsable de Madeira Invest Club van m¨¢s all¨¢ del plano judicial, pues sus abogados tambi¨¦n se han sentado con la defensa de algunos de los afectados en busca de soluciones para resarcir el da?o a los inversores, seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas.

Tres denuncias y debate sobre la competencia

La Audiencia Nacional ha recibido tres denuncias colectivas presentadas por los despachos Ar¨¢nguez Abogados y Zaballos Abogados, conocidos por defender a miles de afectados por estafas piramidales con divisas digitales, a las que se ha sumado la asociaci¨®n de consumidores Ances. En paralelo, la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo investiga a Alvise P¨¦rez ¡ªel alto tribunal es el ¨®rgano competente para investigar a aforados como son los eurodiputados¡ª por una presunta financiaci¨®n ilegal, como consecuencia de las revelaciones de Romillo. Por el momento, ning¨²n tribunal ha abierto ninguna causa judicial.

El juez instructor de la Audiencia Nacional solo ha dictado, el 20 de septiembre, un auto de incoaci¨®n de diligencias previas. Esto es paso previo a la apertura de una investigaci¨®n judicial, pues ¨²nicamente inicia el estudio si los hechos denunciados pueden estar vinculados a delito. Este examen lo ha complementado, adem¨¢s, con la petici¨®n a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional de un informe sobre si considera que los hechos denunciados son constitutivos de delito y son competencia de dicho ¨®rgano judicial, seg¨²n han se?alado fuentes del ¨®rgano judicial.

La competencia es el principal escollo que debe resolverse. El hecho de que la Fiscal¨ªa del Supremo haya entrado en juego ha abierto un debate que ha llegado hasta las representaciones legales de los afectados por la presunta estafa. Por un lado, Ar¨¢nguez Abogados plante¨® en una ampliaci¨®n de su denuncia enviar todas las diligencias al alto tribunal; mientras que Zaballos Abogados apuesta por mantener la parte de la estafa, ¡°el tronco central¡±, en la Audiencia Nacional para buscar la reparaci¨®n del da?o a los perjudicados y que la parte relativa al europarlamentario, ¡°la rama colateral¡±, se quede en el Supremo. En su opini¨®n, la representaci¨®n de los perjudicados solo puede ir contra el pol¨ªtico si en el sumario hay evidencias de que este particip¨® en la gesti¨®n de Madeira Invest Club.

En este sentido, el juez instructor tambi¨¦n debe analizar si las denuncias cumplen los requisitos legales para que el ¨®rgano centralice la investigaci¨®n, como son que el perjuicio econ¨®mico supere los siete millones de euros, que haya m¨²ltiples perjudicados y en distintas zonas del territorio nacional, incluso en otros pa¨ªses.