Gu¨ªa para defenderse de los ¡®sablazos¡¯ en los restaurantes
Algunas pr¨¢cticas en la hosteler¨ªa son irregulares y el cliente tiene la posibilidad de denunciarlas
10 euros por una cerveza; 14 por caf¨¦, ca?a y pincho de tortilla con pan obligatorio cobrado aparte a 2,30 euros; 70 euros por una sangr¨ªa en un chiringuito de verano... A menudo, la clavada del bar, restaurante o cafeter¨ªa acaba viraliz¨¢ndose y provocando una ola de comentarios en las redes sociales. M¨¢s all¨¢ de las razones empresariales y la libertad de precios reinante, se desliza la duda sobre cu¨¢ndo es posible reclamar la factura y cuando habr¨¢ que conformarse con desahogarse en Twitter.
Cada empresario es libre para fijar el coste de los platos y servicios en la carta del local. Controlarlos, se?ala Olalla Carballo, abogada experta en consumo, ¡°atentar¨ªa contra el principio de libertad de mercado consagrado en el art¨ªculo 38 de la Constituci¨®n Espa?ola¡±. Por tanto, con independencia del reproche social que pueda merecer, apostilla Gerardo Ruiz, letrado del departamento de Consumo de Leg¨¢litas, ¡°cada establecimiento puede cobrar lo que considere oportuno¡±. Eso s¨ª, deben cumplir con la legislaci¨®n sectorial y respetar la regulaci¨®n que protege de abusos a los consumidores.
El caf¨¦ del bar del barrio no cuesta igual que el que se toma en un hotel o en la plaza Mayor de Madrid. La diferencia, justifica Emilio Gallego, secretario general de Hosteler¨ªa de Espa?a, ¡°viene fijada por el nivel de vida de las ciudades, la propia competencia, zonas, categor¨ªa del establecimiento y por el tipo de servicio que se ofrece¡±. Lo que s¨ª puede exigir el usuario es que tanto los precios como la calidad del producto cuadren con lo anunciado por el sitio. No se puede vender como merluza fresca lo que es pescado congelado, por ejemplo. Por otro lado, la factura tampoco puede a?adir suplementos por costes del negocio como la lavander¨ªa de los manteles.
El comensal no tiene por qu¨¦ llevarse un susto al pagar la cuenta. El local debe mostrar sus tarifas de forma visible a trav¨¦s de la carta, murales, pizarras o similares. La ley de consumidores, se?ala Elena Zapata, abogada especialista en la materia, les exige informar adecuadamente al cliente ¡°y dar la m¨¢xima publicidad de sus precios, as¨ª como de cualquier otro gasto adicional que se cobre por servicios accesorios: cubierto, pan, aperitivo, plus de terraza, etc¨¦tera¡±. En consecuencia, el coste de los platos fuera de carta que canta el camarero o las bebidas no incluidas en el men¨² deben venir por escrito. En cambio, si est¨¢ en la lista de precios, es legal facturar por conceptos tan ex¨®ticos como descorchar la botella de vino.
El problema, agrega Ruiz, es que en materia de publicidad de precios ¡°cada comunidad aut¨®noma fija sus reglas¡±. En Canarias, por ejemplo, est¨¢ prohibido incluir conceptos por ¡°cubierto¡± o ¡°mesa¡±. Algunas autonom¨ªas, apunta Zapata, exig¨ªan que los hosteleros remitieran la lista a la autoridad competente. No se permit¨ªa cobrar ni servicios ni cantidades distintas a las notificadas, una manera de evitar que los locales hinchasen sus tarifas de forma sorpresiva. Ahora, basta con publicarlos en el establecimiento, lo que no siempre evita el sobresalto, sobre todo en temporada tur¨ªstica.
Pol¨¦mico pincho de tortilla
Adem¨¢s de exigir transparencia, los usuarios pueden rechazar el pago de servicios no solicitados. Hace solo unos meses se viralizaba la cuenta de un pincho de tortilla en la barra de un bar en la Gran V¨ªa de Madrid. La comensal se quejaba de que le hab¨ªan cobrado un extra de 2,3 euros por el pan de la tapa cuando hab¨ªa pedido que no se lo pusieran. La camarera le contest¨® que el pan era ¡°obligatorio¡±. Pero, como explica Olalla Carballo, en estos casos el consumidor tiene la ley de su parte. ¡°Si el establecimiento decide acompa?ar el pincho de una raci¨®n de pan que yo no he solicitado, ese servicio debe ser de cortes¨ªa¡±, afirma. Lo correcto, agrega, es que ¡°se pregunte previamente al usuario para que este pueda decidir¡±. Algo en lo que coincide Gallego: ¡°Al cliente solo se le puede cobrar aquello que ha solicitado y de lo que previamente se le ha informado¡±.
Otras irregularidades denunciables hacen referencia a c¨®mo se informa al comensal. El cliente no tiene por qu¨¦ averiguar el precio justo de su comanda, como si se tratase del m¨ªtico concurso de televisi¨®n. Los productos que figuran en las cartas deben incluir el IVA, es decir, el precio final que se va a pagar. Rosana P¨¦rez Gurrea, abogada y profesora, alerta: ¡°Desde Consumo se ha advertido de que esta obligaci¨®n se est¨¢ incumpliendo¡±. La t¨ªpica leyenda ¡°seg¨²n mercado¡± no es suficiente, y debe acompa?arse diariamente del coste exacto del plato. Adem¨¢s, cuando la raci¨®n se cobra seg¨²n el peso del producto que se sirve, el cliente tiene derecho a saber cu¨¢nto le va a costar.
Si en la nota del restaurante o bar aparecen conceptos no solicitados o no informados, agrega Zapata, ¡°nos podemos encontrar ante una mala praxis empresarial que, incluso, puede considerarse como pr¨¢ctica desleal por enga?osa¡±. En estos supuestos, habr¨¢ que pedir la hoja de reclamaciones para iniciar el tr¨¢mite ante la Administraci¨®n.
En cualquier caso, para que la comida no termine atragant¨¢ndose es mejor dejar la verg¨¹enza a un lado y preguntar por el precio de la cerveza antes de pedirla. ¡°Lo cierto es que, si no lo hacemos, estamos expuestos a no poder reclamar despu¨¦s¡±, concluye Carballo.
Costes por cancelaci¨®n
La política de cancelación del restaurante madrileño con estrella Michelin El invernadero ha levantado polémica. La organización de consumidores Facua denunció por abusiva la cláusula por la que el local cobra 100 euros a cada cliente que anula su reserva con 24 horas o menos de antelación. Los usuarios, defendió el negocio, son informados de dicha penalización, que, además, viene recogida en la página web del sitio. Un aviso previo que, en opinión de Gerardo Ruiz, abogado de Legálitas, “legitima” al establecimiento para cobrar al tratarse de “una condición contractual”. En la misma línea, Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, subraya que los costes de una anulación son “muchas veces irrecuperables”.
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