La yincana de las empresas con cr¨¦ditos ICO para sobrevivir

Los cr¨¦ditos con aval ICO otorgados por el Gobierno durante la pandemia fueron un bal¨®n de ox¨ªgeno para muchas empresas, con un ¨¢gil sistema de concesi¨®n y amplios plazos de carencia que se han ido prolongando, ante las inc¨®gnitas que planteaba la situaci¨®n econ¨®mica y sanitaria. No obstante, sus beneficiarios deber¨¢n ir pensando en empezar a devolverlos, en el mejor de los casos, a partir del pr¨®ximo 30 de septiembre.

Esa fecha resulta pr¨®xima a la fijada para el fin de la moratoria concursal, seg¨²n la cual, y tambi¨¦n con motivo de la covid-19, no hay obligaci¨®n de solicitar el concurso de acreedores, aunque se est¨¦ en situaci¨®n de insolvencia, hasta pasados dos meses desde el 30 de junio.

En un contexto econ¨®mico en el que la recuperaci¨®n pospandemia se ha visto lacrada por la situaci¨®n geopol¨ªtica derivada de la invasi¨®n de Ucrania, habr¨¢ empresas que no puedan afrontar las cuotas de los cr¨¦ditos ICO. El Gobierno estima que puede perder hasta 4.300 millones de euros, bastante menos de los 10.000 millones que lleg¨® a estimar inicialmente en el Programa de Estabilidad enviado a Bruselas en 2021. Sea como fuere, s¨ª est¨¢ claro, como indica el abogado Javier Marquina, socio de Prada Gayoso, que ¡°el Estado solo podr¨¢ recuperar el 100% de las cantidades concedidas a empresas que sean viables¡±¡°el Estado solo podr¨¢ recuperar el 100% de las cantidades concedidas a empresas que sean viables¡±. Si no lo son, explica, ¡°algo va a quedar en el camino, ya que, en el concurso, el acreedor nunca recupera toda su deuda, ni en caso de convenio, ni mucho menos en caso de liquidaci¨®n¡±.

Deuda ordinaria

Durante la pandemia, el Gobierno previ¨® un sistema para agilizar el recobro en caso de impago de los cr¨¦ditos ICO por el que encomienda su gesti¨®n a las entidades financieras, con reglas especiales si la empresa resultaba insolvente, pensadas para apoyar la continuidad de los negocios. Entre ellas, destaca la consideraci¨®n de que, si se ejecuta el aval, la totalidad del cr¨¦dito ser¨¢ ¡°ordinario¡±, algo inusual en los cr¨¦ditos p¨²blicos, para los cuales la mitad suele considerarse deuda privilegiada; lo que permite adem¨¢s que participen en los acuerdos preconcursales y concursales, frente a la regla general que impide su implicaci¨®n. Tambi¨¦n se prev¨¦ que el Ministerio de Asuntos Econ¨®micos y Transformaci¨®n Digital se subrogue en la posici¨®n del banco por el porcentaje del cr¨¦dito ICO avalado. Sobre el papel, y mientras las declaraciones de concursos no proliferaban por la moratoria, ni los cr¨¦ditos ICO deb¨ªan empezar a restituirse por las carencias, el sistema parec¨ªa adecuado.

Sin embargo, cuando han aparecido los primeros concursos en los que la empresa insolvente ha sido beneficiaria de cr¨¦ditos ICO, los jueces han identificado problemas para aplicar las reglas de recobro y la posici¨®n del aval ICO en el concurso. Como ejemplo, la sentencia de 7 de marzo de Juzgado Mercantil n¨²mero 2 de A Coru?a, que considera que, puesto que el pr¨¦stamo no ha vencido, el ministerio no puede subrogarse en el cobro.

En este contexto, Ricardo San Marcos, vicepresidente y director de concursal en Vaciero, destaca el ¡°papel protagonista del cr¨¦dito ICO para las empresas en concurso cuando haya que empezar a devolver sus principales¡±. El problema, vaticina el abogado, es que ¡°El Instituto de Cr¨¦dito Oficial no tiene instrumentos para apoyar esos acuerdos¡±, de modo que lo que parec¨ªa ventaja para ayudar a la supervivencia de las empresas, se convierte en desventaja y, en la pr¨¢ctica, implicar¨¢ que ¡°todas las empresas ir¨¢n a liquidaci¨®n¡±. La causa, explica, es que ¡°ICO es un aval que se plantea, en pr¨¦stamos con las entidades financieras, como una cl¨¢usula pari passu. Significa que las p¨¦rdidas se comparten entre el banco y el ministerio, que solo abonar¨¢ el aval al final de la operaci¨®n, perteneciendo la titularidad y la defensa del cr¨¦dito a la entidad financiera hasta entonces¡±.

Pero, a?ade, ¡°quien tiene que tomar las decisiones sobre las operaciones financieras de esos avales es el ministerio y, con arreglo a la ley presupuestaria, todos sus cr¨¦ditos los tiene que gestionar la Agencia Tributaria. De modo que es esta quien se tiene que adherir y votar en cualquier tipo de acuerdo¡±. As¨ª las cosas, concluye el abogado, ¡°las entidades financieras no van a hacer nada que no autorice el ministerio y este no va a hacer nada porque el cr¨¦dito tiene su gesti¨®n encomendada a la Agencia Tributaria y la Agencia Tributaria nunca se ha movilizado en ning¨²n procedimiento¡±.

San Marcos entiende que se trata de una ¡°v¨ªa muerta¡± que solo puede resolverse ¡°con voluntad¡± o con una reforma legislativa que faculte a las entidades financieras, en base a sus propios criterios, ¡°a tomar decisiones sobre la viabilidad de las operaciones que plantean las empresas insolventes, como en su momento hicieron para conceder el pr¨¦stamo¡±.

Para Javier Marquina, tambi¨¦n es necesario un cambio legislativo que salve el problema de jerarqu¨ªa normativa que bloquea la participaci¨®n de los ICO en los concursos: ¡°Creo que, una vez advertido el error, generado seguramente por las prisas al legislar, es muy probable que se modifique¡±. ¡°No queda otro remedio¡±, asevera. Este letrado tambi¨¦n sugiere, como alternativa, que, en todo caso, mientras sea necesario el voto del ministerio para un hipot¨¦tico convenio, se tenga un interlocutor claro por parte de la Abogac¨ªa del Estado. Se presupone que el banco, por la parte no cubierta por el aval, debe votar en el mismo sentido que el ministerio, pues ¡°tiene que ser una decisi¨®n conjunta¡±. La duda de c¨®mo se vaya a poner en pr¨¢ctica ¡°tendremos que ir vi¨¦ndola con el paso del tiempo¡±.