Regulaci¨®n y voluntariedad en la transici¨®n clim¨¢tica

La guerra en Ucrania y las consecuencias energ¨¦ticas y econ¨®micas de la misma parecen haber dejado en segundo plano los esfuerzos de las empresas por avanzar en la integraci¨®n de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos por sus siglas ASG. Pese al notable boom experimentado en el marco de la pandemia, con la declaraci¨®n del Foro Econ¨®mico Mundial de 2020 sobre el ¡°Capitalismo de stakeholders¡± (una suerte de cultura empresarial dirigida a atender no s¨®lo los intereses de los accionistas, sino tambi¨¦n los del conjunto de partes implicadas, como los trabajadores, consumidores o el medio ambiente y la comunidad), tres a?os despu¨¦s de aquella declaraci¨®n, las intenciones avanzan mucho m¨¢s r¨¢pido que la realidades.

As¨ª, el ¨²ltimo informe de seguimiento de la responsabilidad clim¨¢tica, un informe que hace seguimiento a los compromisos clim¨¢ticos de 24 de las compa?¨ªas m¨¢s grandes del mundo, se?ala que la mayor¨ªa de los compromisos adquiridos son declaraciones ambiguas, con escasa credibilidad y excluyendo del alcance del c¨¢lculo de las emisiones las generadas en su cadena se suministro -lo que se denomina el alcance 3 en jerga clim¨¢tica. El informe se?ala que existen algunas compa?¨ªas que est¨¢n expresando algunas buenas pr¨¢cticas, pero los resultados de este an¨¢lisis no son particularmente alentadores. En conjunto, 15 de las 24 compa?¨ªas analizadas mantienen compromisos con un nivel de integridad bajo o muy bajo. Estas firmas, que deber¨ªan estar liderando la transici¨®n hacia la econom¨ªa de cero emisiones, se encuentran, hasta el momento, muy lejos de cumplir su rol de empresas de referencia en la transici¨®n clim¨¢tica.

Los compromisos voluntarios no son, por lo tanto, suficientes para acelerar la transici¨®n clim¨¢tica. El acceso de grandes compa?¨ªas a certificaciones ASG se multiplica, y es dif¨ªcil distinguir el liderazgo hacia la sostenibilidad de las operaciones de marketing y comunicaci¨®n, incluso en la utilizaci¨®n de los est¨¢ndares m¨¢s exigentes como lo es el establecido por B-Corp. B-Corp es una alianza de empresas de car¨¢cter internacional que impulsa un modelo de gesti¨®n y certificaci¨®n basada en una amplia gama de criterios, de manera que lograr la certificaci¨®n es una garant¨ªa de cumplimiento de determinados compromisos de responsabilidad social y ambiental. La noticia de que una important¨ªsima multinacional del mundo de la alimentaci¨®n ha accedido recientemente a la certificaci¨®n como B-Corp, pese a las numerosas evidencias de pr¨¢cticas poco compatibles con la protecci¨®n ambiental, ha encendido el debate sobre la necesidad y conveniencia de endurecer los criterios para acceder a la certificaci¨®n a trav¨¦s de este est¨¢ndar.

Los poderes p¨²blicos son conscientes de estas contradicciones y est¨¢n avanzando en la consolidaci¨®n de esquemas de rendici¨®n de cuentas en materia social y ambiental basados en m¨¦tricas comparables, verificables y comunicables. As¨ª, la EFRAG (Agencia Europea de Reporte Financiero), la IFRS (La Fundaci¨®n Internacional de Informaci¨®n Financiera) y la propia Comisi¨®n del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) est¨¢n trabajando en normas de informaci¨®n no financiera que eviten la proliferaci¨®n del denominado ¡°greenwashing¡±, esto es, la pr¨¢ctica de disfrazar como ¡°verde¡± o ¡°sostenible¡± lo que en esencia no lo es. El debate sobre la profundidad, alcance y aplicaci¨®n de estas normas est¨¢ todav¨ªa por culminarse, de manera que en los pr¨®ximos meses esperamos encontrar avances. No muchos, la verdad: con todas sus declaraciones sobre la transformaci¨®n del prop¨®sito empresarial, la pr¨¢ctica de estos ¨²ltimos tres a?os apunta menos de lo esperado a verdaderas transformaciones empresariales.

Por si solo, el mercado no se est¨¢ mostrando capaz de catalizar la transici¨®n hacia econom¨ªas bajas en carbono. Ser¨¢ necesario acelerar la regulaci¨®n en materia de informaci¨®n no financiera, el control de emisiones, la financiaci¨®n clim¨¢tica y la responsabilidad social. La Uni¨®n Europea tiene previsto presentar en un futuro pr¨®ximo su propuesta de Diligencia Debida en materia de derechos humanos y protecci¨®n ambiental, una normativa que regular¨¢ la responsabilidad de las empresas sobre violaciones de derechos humanos e impacto ambiental en toda su cadena de suministros. Espa?a pudo, en 2022, adelantarse y liderar este debate, al incorporar a su plan normativo anual la elaboraci¨®n de una ley propia. Lamentablemente, terminado el per¨ªodo legislativo, el Gobierno no present¨® su propuesta, de manera que nos encontramos en la l¨ªnea de salida cuando podr¨ªamos haber sido l¨ªderes europeos en este debate. Sabemos, sin embargo, que sin un marco institucional y regulatorio adecuado, las mejores intenciones en reducci¨®n de emisiones y responsabilidad social caer¨¢n en saco roto. Las empresas, solas, no pueden avanzar al ritmo que necesitamos.

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