Vender una marca de moda en bancarrota
La nueva ley concursal ha impulsado una creciente tendencia inversora en la compra de unidades productivas de negocios arruinados
El reciente anuncio de subasta de la firma de moda Po¨¨te ¡ªque se dio a conocer porque la Princesa de Asturias us¨® en varios actos sus vestidos¡ª por el llamativo precio de un euro puso el foco en esta f¨®rmula para intentar salvar las conocidas como unidades productivas de empresas o la parte viable de compa?¨ªas insolventes. Estas operaciones est¨¢n en alza desde que la entrada en vigor de la ¨²ltima reforma de la ley concursal aumentara la seguridad jur¨ªdica del comprador al fijar que solo el juez del concurso y no el de lo social tiene competencia para decidir sobre la sucesi¨®n de empresas en estos casos.
Porque, aunque el precio pueda parecer una ganga, en el trasfondo de estas operaciones hay multitud de cuestiones legales. En realidad, ¡°el precio de las ventas de unidades productivas consiste en el pago en efectivo m¨¢s lo ahorrado al concurso de acreedores¡±, explica Bernard Afonso, socio en DWF-RCD. ¡°Por ejemplo, si el adquirente se subroga en un n¨²mero de contratos laborales que hubiesen supuesto indemnizaciones por valor de un mill¨®n de euros, esa cantidad forma parte del precio¡±, indica. En el caso de Po¨¨te, aclara Manuel Gordillo, abogado en Abencys que actu¨® como su administrador concursal, solo se subastaba la marca, pues la firma lleg¨® al concurso sin actividad.
Beatriz R¨²a, socia de procesal y concursal de Vaciero, a?ade que, adem¨¢s, se puede conseguir que el adquirente no se subrogue en las indemnizaciones y cr¨¦ditos laborales que asuma el Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa). La concurrencia de ofertas es esencial para incrementar el precio de compra, ya que el comprador intentar¨¢ asumir el menor pasivo posible, y el administrador concursal informar¨¢ favorablemente la oferta si es la mejor alternativa posible.
Los expertos coinciden en que el mercado de las ventas de estos negocios est¨¢ creciendo y en que los postores perciben estas compras como aut¨¦nticas oportunidades. Manuel Gordillo afirma que hay una considerable demanda de servicios de asesoramiento para estas ventas. En el mismo sentido se pronuncia R¨²a, quien declara que ¡°hay muchos fondos buscando operaciones en entornos de insolvencia¡± debido a sus ventajas. Entre ellas, nada desde?able, aclara la abogada, su fiscalidad, ya que ¡°no est¨¢n sujetas a IVA y se hallan exentas de transmisiones patrimoniales¡±.
Son operaciones que se cierran muy r¨¢pido. La duraci¨®n depende de ¡°la situaci¨®n de insolvencia en la que est¨¦ la compa?¨ªa, de modo que cuanto m¨¢s grave sea, m¨¢s urgir¨¢¡±, indica Gordillo, concluyendo que ¡°un proceso al uso no deber¨ªa tardar m¨¢s de tres o cuatro meses¡±.
Las demoras que se han producido en los juzgados por la reciente huelga de los letrados de la Administraci¨®n de Justicia han podido ralentizar algunas operaciones, pero Manuel Gordillo indica que, en general, ¡°todos los que intervienen en la Administraci¨®n de Justicia est¨¢n abiertos a colaborar en casos sensibles y excepcionales como son las ventas de unidades productivas¡±.
Entre los tipos de potenciales adquirentes, Bernard Afonso distingue entre ¡°compradores de proximidad que o pertenecen al c¨ªrculo ¨ªntimo o familiar del propietario, o son sus competidores¡± y compradores profesionales o financieros, ¡°normalmente expertos en detectar oportunidades de negocio y colocar a sus equipos de administraci¨®n y gesti¨®n al frente de negocios viables¡±. Adem¨¢s, la legislaci¨®n concursal ha potenciado la adquisici¨®n de la unidad productiva por parte de los trabajadores. Es el caso de una de las ¨²ltimas operaciones en las que han intervenido en Vaciero, indica Beatriz R¨²a.
Pujas
Pese a que la reforma concursal prev¨¦ que por defecto la transmisi¨®n de las unidades productivas se lleve a cabo mediante subasta electr¨®nica, ¡°muchos juzgados no lo aplican¡±, explica Bernard Afonso. Y es que ¡°no estamos vendiendo un coche, sino un ente vivo¡±, comenta. Como alternativa, su despacho opta por la subasta notarial. En sentido parecido se pronuncia ?Itsaso Santos, abogada y socia en PKF-Attest, quien incide en que ¡°las reglas de publicidad y tiempos deben ser muy claras¡±. La experta advierte de que muchas veces hay una estrategia detr¨¢s de cada puja, con un mayor riesgo sobre todo para quien hace la primera oferta. Por eso, en las reglas que rigen las operaciones en las que se designa administradora concursal suele incluir ventajas para estos primeros postores (por ejemplo, paso directo a la segunda fase de la subasta siempre que igualen la puja m¨ªnima, que ser¨¢ la mayor de las ofertas de la primera fase).
Beatriz R¨²a pone el ¨¦nfasis en los casos de ofertas concurrentes y ajustadas, con conceptos no homog¨¦neos, en los que puede discutirse si efectivamente una oferta es mejor que otra. Para evitar disputas, Afonso aconseja que las operaciones sean siempre globales, porque facilita la comparaci¨®n de ofertas, ahorra litigios y agiliza la compraventa.
La complejidad de las operaciones, indica Afonso, se acent¨²a cuando la unidad productiva pertenece a un grupo de sociedades en el que algunas est¨¢n en concurso y otras no, pues ¡°la transmisi¨®n de las no insolventes no puede beneficiarse de las prerrogativas previstas para el concurso¡±, y ¡°se agrava si alguna de ellas es extranjera¡±, afirma el abogado. Para R¨²a tambi¨¦n son problem¨¢ticos, por la duda sobre la legislaci¨®n aplicable, los casos en los que alguna de las sociedades participadas es adem¨¢s microempresa, pues cuentan con normativa de insolvencias especial desde este a?o.
En todo caso, la enajenaci¨®n de la unidad productiva mediante subasta (electr¨®nica, judicial o notarial) es resuelta por el juez en una resoluci¨®n que no admite recurso, salvo que se incumpla o se impugnen los par¨¢metros de fijaci¨®n de la propia subasta.
Auditor¨ªa legal
La principal fuente de riesgos para los compradores de ventas de unidades productivas es la falta de información. Así lo asegura Bernard Afonso, abogado de DWF-RCD, que subraya el peligro de hacer la auditoría legal (due diligence, en inglés) con un escaso margen de tiempo con respecto al que se tiene en una compra de empresa fuera del proceso del concurso. Sin embargo, apunta Beatriz Rúa (Vaciero), “hay operaciones que te permiten el rigor y otras en las que puedes morir por el análisis”. Para agilizarlas, Itsaso Santos (PKF-Attest) aconseja dar acceso confidencial a los postores a data rooms o espacios virtuales restringidos en los que consultar la documentación relevante de la unidad productiva.
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