La mara?a legal de las tragaperras

¡°Juegue. Avance. Uno, dos, tres. ?Premio!¡±. El soniquete de las tragaperras se ha convertido en parte indisoluble de la banda sonora de los bares, restaurantes y cafeter¨ªas del pa¨ªs. Es posible, sin embargo, que cada vez sea m¨¢s dif¨ªcil escucharlo. La raz¨®n es que algunas comunidades aut¨®nomas, preocupadas por el coqueteo de los menores con el mundo de las apuestas, quieren poner coto al acceso a los juegos de azar en la hosteler¨ªa. Baleares, por ejemplo, se ha marcado como objetivo para 2025 acallar los cantos de las 5.000 m¨¢quinas recreativas tipo B, las conocidas como tragaperras, que hay en sus islas. En modo durmiente, estas m¨¢quinas no podr¨¢n emitir sonidos, destellos luminosos, colores, ni ning¨²n est¨ªmulo que atraiga a potenciales jugadores. En sustituci¨®n, mostrar¨¢n un mensaje sobre los peligros de la ludopat¨ªa.

Las 140.792 m¨¢quinas tipo B que hay activas en Espa?a consiguieron una recaudaci¨®n de 2.252 millones de euros, seg¨²n los ¨²ltimos datos del sector. Sin embargo, el control de este notable negocio en nuestro pa¨ªs es difuso. Y avanza a distintas velocidades. Una mara?a de leyes auton¨®micas y reglamentos regulan cuestiones dispares sobre el funcionamiento de estos juegos, como la frecuencia con la que deben dar premio, los controles para vigilar que el sistema no est¨¢ trucado, el control de acceso a menores o los l¨ªmites de su publicidad.

Para responder, cada regi¨®n tiene su propio manual de instrucciones. Desde 2020, la Comunidad Valenciana es la ¨²nica regi¨®n donde se obliga a los gerentes de los locales a contar con mandos a distancia para activar las tragaperras. Por su parte, Arag¨®n acaba de prohibir el suministro de dinero en efectivo a los jugadores a trav¨¦s de tarjetas de cr¨¦dito; y Galicia ha limitado a dos el n¨²mero de estas m¨¢quinas en bares.

En este puzle normativo destaca una regla de oro: estas m¨¢quinas deben dar un n¨²mero determinado de premios, con una frecuencia que define la ley. En concreto, lo com¨²n es que las empresas del juego est¨¦n obligadas a devolver a los jugadores al menos el 70% de lo invertido. As¨ª se estipula, por ejemplo, en las normativas de Andaluc¨ªa, Extremadura, Baleares o la Comunidad de Madrid, entre otras. Seg¨²n el reglamento de esta ¨²ltima, ¡°cada m¨¢quina recreativa estar¨¢ programada y ser¨¢ explotada en ciclos de 40.000 partidas consecutivas, de forma que devuelva en cada uno de los ciclos un porcentaje de premios que no ser¨¢ inferior al 70% del valor de las partidas efectuadas¡±, explica Fernando Mart¨ªn Mart¨ªn, socio de Loyra Abogados, un despacho especializado en juegos de azar.

Ahora bien, ?c¨®mo controlar que estos recreativos den los premios que prometen? La respuesta se encuentra en el interior de los propios aparatos. Estos cuentan con un mecanismo precintado al que solo pueden acceder los inspectores, con el objetivo de controlar el historial de cada jugada, premio y secuencia de juego. As¨ª, en caso de fraude, la inspecci¨®n cuenta con una huella digital del enga?o en esta particular caja negra.

Requisitos dispares

Pero el control legal de este tipo de juegos empieza antes. Cuando un operador dise?a un modelo de juego tipo B debe pasar un exhaustivo examen t¨¦cnico, una suerte de ITV para juegos de azar que quieran acceder al mercado. Como explica Mart¨ªn Mart¨ªn, en el proceso interviene un laboratorio, encargado de certificar que la m¨¢quina cumple con todas las aristas legales: ¡°Se verifican entre otros aspectos el precio m¨¢ximo de las partidas, los mecanismos de bloqueo, la cantidad m¨¢xima que se puede ingresar en la m¨¢quina, la duraci¨®n de las partidas o los premios¡±. Todas estas cuestiones son medidas al mil¨ªmetro.

Pero la amalgama de leyes auton¨®micas que regulan estas condiciones dificulta esta burocracia. Santiago Asensi, abogado y director de Asensi Abogados, firma jur¨ªdica que tambi¨¦n est¨¢ especializada en el negocio del azar, explica que cada regi¨®n cuenta con sus propios requerimientos, lo que es problem¨¢tico, porque impide a los fabricantes comercializar un modelo ¨²nico de juego para todo el pa¨ªs. En consecuencia, los fabricantes deben ¡°adaptar sus productos a cada comunidad, con el prop¨®sito de poder homologarlos e inscribirlos en el registro correspondiente de m¨¢quinas recreativas y de azar¡±.

En 2013, el Gobierno de Rajoy emiti¨® una ley de garant¨ªa de unidad de los mercados en la que el sector del juego deposit¨® sus esperanzas para conseguir una homologaci¨®n armonizada. Pero, con el tiempo, la idea de simplificar el proceso qued¨® en agua de borrajas. ¡°La realidad¡±, agrega Asensi, ¡°es que se demostr¨® que dicha ley no result¨® ser eficaz, ya que, si bien el procedimiento de convalidaci¨®n se ha implementado en algunas comunidades aut¨®nomas, el mismo requiere pr¨¢cticamente del mismo esfuerzo que empezar de cero una nueva homologaci¨®n¡±.

Cumplir con la cadena de exigencias t¨¦cnicas no es un camino de rosas, pero no hacerlo puede traducirse en una cuantiosa sanci¨®n. Y, de nuevo, son las leyes auton¨®micas las que dibujan el mapa de multas. Aunque en este punto, coinciden los abogados consultados, los reglamentos auton¨®micos s¨ª se ponen de acuerdo y comparten marcos sancionadores parecidos. Por lo general, las multas pueden alcanzar hasta los 600.000 euros para las empresas incumplidoras. Adem¨¢s, seg¨²n la gravedad del fraude, los propietarios se enfrentan ¡°a la suspensi¨®n de la autorizaci¨®n, el cierre del local o la inhabilitaci¨®n para actividades de juego¡± por un periodo de hasta cinco a?os, explica Santiago Asensi. En los casos m¨¢s graves, indica el experto, trucar las m¨¢quinas puede derivar en la clausura definitiva de un local.

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