?Quiere abrir una planta fotovoltaica en Espa?a? ?rmese de paciencia y rod¨¦ese de una cohorte de abogados

La semana pasada, el grupo franc¨¦s Cobra anunci¨® la puesta a punto de un importante macroproyecto verde en Espa?a. La multinacional gala hizo p¨²blico un contrato de inversi¨®n con Natixis CIB y el banco Santander por una financiaci¨®n de 700 millones de euros, destinados a la construcci¨®n de 21 plantas fotovoltaicas con capacidad de generar 1.231 megavatios (MW). Operaciones como esta no se cierran en una tarde. Requieren largas horas de estudio y negociaciones con potentes despachos de abogados. En el caso Natixis y Santander, los inversores han contado con los servicios de la divisi¨®n espa?ola del bufete Watson Farley & Williams, una firma especializada en operaciones energ¨¦ticas.

Buscar consejo legal antes de invertir en una renovable es lo normal, pues en juego hay cifras estratosf¨¦ricas, pero, sobre todo, los inversores saben que esta aventura implica adentrarse en una peligrosa telara?a burocr¨¢tica y legal. Las leyes marcan un exigente calendario de plazos legales e hitos administrativos, y fallar en un tr¨¢mite puede condenar al naufragio un proyecto millonario.

En primer lugar, la ley exige que cualquier planta e¨®lica o solar debe estar operativa en cinco a?os desde que comienza su tramitaci¨®n. Pero hay un problema: un tap¨®n de solicitudes colapsa las oficinas p¨²blicas, que no dan abasto para dar luz verde al centenar de peticiones de licencia que se amontonan en sus oficinas. Seg¨²n fuentes del sector energ¨¦tico, hasta 50.000 millones de euros podr¨ªan quedar varados por los retrasos de las administraciones nacionales y auton¨®micas.

Riesgo de ejecuci¨®n

¡°La existencia de un volumen de proyectos tan elevado ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de su tramitaci¨®n hasta el punto de que se est¨¢ poniendo en riesgo su ejecuci¨®n¡±, corrobora Miguel Cuesta Boothman, abogado socio especialista en energ¨ªa Montero Aramburu, quien advierte de la existencia de ¡°tensiones y cuellos de botella¡±. Los plazos son tan ajustados que los promotores temen no conseguir los sucesivos permisos administrativos a tiempo para iniciar las obras. Cuando obtienen las licencias comienza otra carrera a contrarreloj: construir la planta y echarla a rodar a tiempo. En t¨¦rminos generales, la ley exige cumplir cuatro grandes hitos burocr¨¢ticos: conseguir un permiso de conexi¨®n a la red, una declaraci¨®n de impacto ambiental favorable, la autorizaci¨®n para construir y, por ¨²ltimo, la autorizaci¨®n de explotaci¨®n definitiva. Y cada fase tiene un plazo.

Los promotores deben andarse con ojo. No cumplir con los sucesivos plazos legales se torna en pesadilla, pues puede producir un fallo en la cadena de contratos (bancos que no cobran, constructores que quedan varados, inversores en la estacada¡­). ¡°La principal consecuencia es la caducidad del permiso de acceso y conexi¨®n a la red¡±, advierte el abogado Boothman. Lo que, llanamente, implica ¡°el fin del proyecto en casi todos sus ¨¢mbitos¡±. Hay una fecha clave, el 25 de enero de 2024. Es el l¨ªmite que tienen mil parques e¨®licos y solares ¡ªel grueso de los proyectos de renovables que planean construirse¡ª para conseguir la codiciada licencia de obra. Rebasar el plazo supondr¨ªa la caducidad de la autorizaci¨®n ambiental que ya tienen concedida. Por el momento, la pelota est¨¢ en el tejado de la administraci¨®n. El plazo fue ampliado este verano por el Ministerio de Transici¨®n Ecol¨®gica por seis meses, motivado por las quejas del sector que denunciaba que el d¨ªa se echaba encima y que no podr¨ªan cumplir con el papeleo.

Para Mar¨ªa Pilar Garc¨ªa Guijarro, socia directora del bufete Watson Farley & Williams en Espa?a, la ampliaci¨®n de este margen legal fue un parche. ¡°La extensi¨®n del plazo para obtener la autorizaci¨®n de construcci¨®n se ha traducido en la reducci¨®n del tiempo para construir la planta¡±, que antes era de dos a?os, y ahora debe materializarse en poco m¨¢s de uno. El efecto domin¨® se agrava, pues el t¨¦rmino para conseguir la autorizaci¨®n de explotaci¨®n a tiempo, el ¨²ltimo de los logros burocr¨¢ticos, permanece inamovible: sigue siendo cinco a?os. Y las prisas provocan problemas coyunturales, como ¡°una sobrecarga de trabajo de las empresas constructoras¡±, se?ala Garc¨ªa Guijarro, adem¨¢s de una repentina falta de suministros y el consiguiente incremento de los costes por una explosi¨®n de la demanda.

Para Andr¨¦s Jim¨¦nez D¨ªaz, socio de derecho p¨²blico de Eversheds Sutherland, una de las causas de los retrasos de la Administraci¨®n es que la ley no distingue entre proyectos de gran envergadura y modestos. Todos est¨¢n sujetos a los mismos plazos, ¡°aun cuando la ejecuci¨®n de los grandes proyectos puede presentar condicionantes t¨¦cnicos o medioambientales especiales¡±, remarca Jim¨¦nez. Solo en el caso de plantas de energ¨ªa hidr¨¢ulica de bombeo, la ley concede siete a?os de margen para que la planta est¨¦ operativa.

Como a?ade el abogado, la propia Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reconocido en varias ocasiones que la mayor parte de los hitos no dependen de la diligencia del promotor, ¡°sino de la celeridad o tardanza de la Administraci¨®n en resolver y conceder las autorizaciones¡±. La propia administraci¨®n reconoce que los promotores de los proyectos verdes tienen las manos atadas. Solo cabe esperar. Otro escollo, apunta Coral Y¨¢?ez, socia de Bird & Bird, radica en la falta de experiencia de los ayuntamientos a la hora de valorar los casos. ¡°Algunos est¨¢n familiarizados con este tipo de expedientes pero para otros todav¨ªa es algo nuevo¡±, apunta la experta. Sobre todo, agrega, cuando quien abre el expediente son ¡°ayuntamientos peque?os con recursos limitados y sin una normativa urban¨ªstica adaptada¡±, lo que ¡°puede dificultar el proceso¡±.

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