Agricultores y colapso burocr¨¢tico
El medio rural no es donde se concentra el mal uso de los fondos p¨²blicos y no debe de ser ning¨²n chivo expiatorio
Las marchas de los tractores se han extendido por los pa¨ªses de la UE. Los agricultores y las grandes organizaciones agrarias espa?olas tambi¨¦n han salido a la calle para protestar. Demandan precios justos para sus productos, mayor control de las importaciones de fuera de la UE y una menor carga burocr¨¢tica.
Estas reivindicaciones pueden ser evaluadas teniendo en cuenta la pol¨ªtica agr¨ªcola com¨²n (PAC) y la pol¨ªtica comercial que dicta la UE. La PAC tiene como objetivos asegurar una oferta de alimentos estable, mantener los ingresos de los agricultores y proteger el medioambiente, conservando un medio rural din¨¢mico. Sin embargo, surge la duda de si estos objetivos son compatibles. Para alcanzarlos hay en marcha 28 planes estrat¨¦gicos con el fin de financiar la transici¨®n hacia un modelo de agricultura sostenible. Sobre la mesa est¨¢n unos 300.000 millones de euros en financiaci¨®n p¨²blica, de los cuales Espa?a cuenta con casi un 12%. ?Por qu¨¦ la percepci¨®n del campo es que estos recursos o son insuficientes o no se est¨¢n distribuyendo o gestionando de forma eficiente? Veamos cada una de las demandas.
La primera es la que pide precios justos. Mientras que entre los objetivos espec¨ªficos de la PAC est¨¢ mejorar la posici¨®n de los agricultores en la cadena alimentaria, estos piden menos regulaciones y precios m¨¢s altos. No obstante, una de las caracter¨ªsticas de los mercados de productos agr¨ªcolas es que operan en lo que los economistas llamamos competencia perfecta. En el mercado interact¨²an muchos productores y consumidores sin tener poder sobre el precio, que depende de la oferta y la demanda global. Para elevar el precio pueden establecerse niveles m¨ªnimos en origen que sean justos, como pretende la ley de la cadena alimentaria de 2021. Pero dicha ley no est¨¢ desarrollada suficientemente y la diferencia entre precios en origen y destino ha aumentado desde su implantaci¨®n. Otra v¨ªa para elevar los precios ser¨ªa a trav¨¦s de la pol¨ªtica comercial comunitaria, con un endurecimiento de medidas proteccionistas, como los aranceles, impuestos que pagan los importadores. Pero esto va en contra de lo estipulado en los acuerdos de libre comercio m¨¢s recientes que han eliminado los aranceles de los productos agr¨ªcolas.
De ah¨ª que la segunda demanda sea un mayor control de las importaciones. Los agricultores apuntan que los precios de los productos importados son m¨¢s bajos porque terceros pa¨ªses tienen regulaciones medioambientales y laborales menos exigentes. Aunque hay controles de importaci¨®n para que los productos importados cumplan con las normas de seguridad alimentaria de la UE, estos no se extienden a otros ¨¢mbitos como el laboral y medioambiental y a¨²n falta tiempo para que se aplique la ley de diligencia debida.
La tercera petici¨®n exige reducir la carga burocr¨¢tica. Los agricultores tienen que cumplir condiciones espec¨ªficas para acceder a los subsidios que ofrece la UE y las administraciones de los pa¨ªses miembros. Entre ellas est¨¢n dedicar un porcentaje sin cultivar para que la naturaleza pueda recuperarse, restringir el uso de fitosanitarios y herbicidas, y acatar la legislaci¨®n referente a condiciones de trabajo. El marem¨¢gnum de tipos de ayudas, condiciones a cumplir y obligaciones de datos a recopilar y presentar es desmesurado. Algo estamos haciendo mal. Las regulaciones y ayudas deber¨ªan servir para mejorar las condiciones de los agricultores y del medio rural, no para poner cada vez m¨¢s requisitos en el proceso de conseguir que se reconozca el derecho a recibirlas. Claramente, es necesario que exista un control, pero sin ser excesivo, recurrente y redundante. Una racionalizaci¨®n de la burocracia es imprescindible para ayudar al campo. Por desgracia, en Espa?a arrastramos un exceso regulatorio como consecuencia de los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que salieron a la luz con la crisis econ¨®mica.
El sector agrario y el medio rural no es donde se concentra el mal uso de los fondos p¨²blicos y por tanto no deben ser el chivo expiatorio de las malas pr¨¢cticas de otros sectores. Este ¨²ltimo punto se puede y se debe mejorar.
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