M¨¢s acceso a los datos, mejores pol¨ªticas p¨²blicas

El creciente inter¨¦s por desarrollar pol¨ªticas p¨²blicas basadas en evidencias se debe fundamentar, principalmente, en dos pr¨¢cticas: la evaluaci¨®n, para determinar su eficiencia y eficacia; y la colaboraci¨®n entre administraciones p¨²blicas y comunidad cient¨ªfica para desarrollar metodolog¨ªas rigurosas y facilitar los datos administrativos necesarios para implementar dichas evaluaciones. En este ¨¢mbito, el reciente convenio firmado por el INE, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Banco de Espa?a y el SEPE con el que se permitir¨¢ el acceso conjunto a sus bases de datos para trabajos cient¨ªficos de investigaci¨®n de inter¨¦s p¨²blico, aunque sea una noticia de car¨¢cter t¨¦cnico, tiene una elevada trascendencia ciudadana, ya que puede mejorar el uso de los recursos p¨²blicos. El convenio entre estas cinco instituciones nace, adem¨¢s, con vocaci¨®n de seguir creciendo con la adhesi¨®n de otras en el futuro.

La posibilidad que se abre a los investigadores, adem¨¢s de otros usos, supone dotar de una mayor potencia y profundidad a todas las evaluaciones de pol¨ªticas p¨²blicas al aprovechar la riqueza y granularidad de los datos recogidos por la Administraci¨®n.

Esta colaboraci¨®n tiene lugar en un momento de alta demanda de datos para la evaluaci¨®n, ya que se est¨¢ desplegando la arquitectura administrativa que previ¨® la ley de institucionalizaci¨®n de la evaluaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas en la Administraci¨®n General del Estado, una vez consolidados los Spendings Reviews llevados a cabo por la Airef. En este contexto, se hace a¨²n m¨¢s necesario trabajar en los cimientos de cualquier proceso de evaluaci¨®n: la identificaci¨®n de los datos relevantes y el acceso a estos, por lo que este convenio deber¨ªa servir de referencia para todas las instituciones p¨²blicas del pa¨ªs, independientemente de su adscripci¨®n nacional, regional o local.

La capacidad del sector p¨²blico para generar datos con los que determinar la eficacia y eficiencia de las pol¨ªticas p¨²blicas es muy elevada y, por tanto, el acceso a estos de manera sencilla e interoperable nunca deber¨ªa construir un obst¨¢culo, siempre garantizando el anonimato y privacidad de los mismos.

En la coyuntura actual, donde confluyen la vuelta de las reglas fiscales y retos relevantes en materia de inversi¨®n en la transici¨®n verde y digital a la que nos enfrentamos, no podemos permitirnos como sociedad llevar a cabo pol¨ªticas p¨²blicas que no resulten eficientes y eficaces en l¨ªnea con la evidencia cient¨ªfica. Este convenio allana el camino en esa direcci¨®n y es algo que celebrar. No obstante, ser¨¢ la voluntad por recorrerlo de todas las administraciones la que determine su ¨¦xito, y desde luego, para ello es imprescindible que se entienda la evaluaci¨®n no como una amenaza, sino como una herramienta para mejorar su gesti¨®n y, en definitiva, aumentar el bienestar de nuestra sociedad.

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