El gobierno de Biden, contra las demandas clim¨¢ticas de los j¨®venes

Aunque todos estamos pagando ya un precio muy alto por el cambio clim¨¢tico, los ni?os y j¨®venes de hoy tendr¨¢n que soportar condiciones mucho peores, y durante mucho m¨¢s tiempo. De hecho, el cambio clim¨¢tico seguir¨¢ intensific¨¢ndose durante el resto de sus vidas si seguimos por el camino actual. Esa es la raz¨®n por la que un grupo de j¨®venes estadounidenses present¨® una demanda contra Estados Unidos en 2015, exigiendo que el cambio clim¨¢tico se tenga en cuenta de forma responsable en las decisiones del Gobierno.

Yo me habr¨¦ ido mucho antes de que se sientan todos los efectos de la modificaci¨®n del clima, pero cada uno de los 21 j¨®venes que presentaron la querella, bautizada como Juliana contra Estados Unidos, ver¨¢ sus vidas alteradas de manera fundamental. Cuando lo que est¨¢ en juego es su futuro, pedir a los ni?os estadounidenses que esperen a tener edad suficiente para votar a favor de un cambio no es una opci¨®n viable.

El sistema judicial (cuando funciona) es un mecanismo importante a trav¨¦s del cual los ciudadanos pueden exigir responsabilidades a los l¨ªderes electos. Y para los ni?os, a estas alturas, es su ¨²nico recurso. El cambio clim¨¢tico, actualmente una de las principales causas de ansiedad y depresi¨®n juvenil, ya afecta a su salud f¨ªsica y mental.

Los ¡°Juliana 21¡å defienden a todos los estadounidenses. Todos tenemos derecho a un clima soportable, con aire y agua limpios. Pero en lugar de tramitar la demanda, el Gobierno federal parece oponerse categ¨®ricamente a que los j¨®venes demandantes tengan su d¨ªa en los tribunales. En los nueve a?os transcurridos desde que se present¨® la querella, los Juliana 21 y su equipo jur¨ªdico han luchado contra 14 intentos del gobierno de Estados Unidos de detenerla en seco. (Tengo toda la informaci¨®n: he sido perito voluntario en esta causa).

El mes pasado, por s¨¦ptima vez en la demanda Juliana, el Gobierno federal solicit¨® un mandamiento judicial, una t¨¢ctica jur¨ªdica extrema en la que un tribunal superior ordena a un tribunal inferior que no atienda un caso (en lugar de seguir el proceso habitual, en el que el tribunal superior se pronuncia sobre una causa solo despu¨¦s de que la hayan visto los tribunales inferiores). La nueva maniobra subvierte el proceso judicial e impide que las pruebas de Juliana 21 sean o¨ªdas y examinadas en una audiencia p¨²blica.

La actuaci¨®n del Gobierno es desconcertante, teniendo en cuenta que los tribunales de todo el mundo y de Estados Unidos han permitido a j¨®venes demandantes presentar querellas similares. Por ejemplo, en otra demanda presentada por la organizaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro Our Children¡¯s Trust (que tambi¨¦n interpuso la demanda Juliana), un tribunal de Montana determin¨® recientemente que cada tonelada adicional de emisiones de gases de efecto invernadero incrementar¨ªa las ya graves lesiones del derecho de amparo constitucional de los j¨®venes demandantes. Por consiguiente, el juez dictamin¨® que los funcionarios p¨²blicos deben tener muy en cuenta estos perjuicios a la hora de revisar las solicitudes de permisos de explotaci¨®n de combustibles f¨®siles. Despu¨¦s de que el Tribunal Supremo de Montana haya rechazado un intento del Estado de suspender la aplicaci¨®n de esta sentencia hist¨®rica, los organismos estatales ya est¨¢n trabajando para aplicar la nueva norma.

Juliana, a su manera, tambi¨¦n ha hecho historia jur¨ªdica: ninguna otra causa en Estados Unidos ha tenido siete solicitudes de expedici¨®n de mandamientos en su contra. Como se?alan los demandantes, ¡°de los m¨¢s de 40.000 casos civiles en los que Estados Unidos es un demandado representado por el Departamento de Justicia¡±, ¨²nicamente en Juliana ¡°el Procurador General ha intentado parar la elaboraci¨®n de un expediente probatorio en el juicio... bas¨¢ndose ¨²nicamente en que al Gobierno le cuesta demasiado dinero ejecutarlo¡±.

Como reconoc¨ªa el tribunal de Montana, la crisis clim¨¢tica es m¨¢s grave a medida que pasan los d¨ªas. Cada d¨ªa se emite m¨¢s di¨®xido de carbono a la atm¨®sfera; y cada d¨ªa, el Gobierno estadounidense gasta decenas de millones de d¨®lares en subvencionar la industria de los combustibles f¨®siles. Esto nos cuesta el doble, porque estamos pagando tanto las subvenciones en s¨ª como los da?os para la salud y el medio ambiente causados por la perforaci¨®n y el suministro de energ¨ªa a nuestros sectores energ¨¦ticos con combustibles altamente contaminantes en lugar de con energ¨ªas renovables limpias y disponibles.

Si el precio de litigar es demasiado alto para el Gobierno, ello se debe en parte a que el Ejecutivo ha librado una batalla de nueve a?os para sofocar las voces de Juliana 21. De hecho, un nuevo retraso no har¨ªa m¨¢s que aumentar los costes totales previstos del litigio. Es m¨¢s, mi propia evaluaci¨®n de los costes medioambientales incurridos en estos ¨²ltimos nueve a?os de retrasos muestra que son abrumadoramente superiores a los costes financieros citados por el Gobierno.

Este no es un asunto en el que la Administraci¨®n pueda decir: ¡°No interferimos en los asuntos del Departamento de Justicia¡±. En este caso, la Administraci¨®n es la demandada, y tiene plena responsabilidad por las acciones de su procurador general.

El mejor resultado ¡ªmoral, econ¨®mico y medioambiental¡ª ser¨ªa llegar a un acuerdo con los ni?os. Lo ¨²nico que quieren es que el Gobierno tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones pol¨ªticas los efectos que el cambio clim¨¢tico tiene para ellos y para las generaciones futuras. Parece una obviedad.

Si, por alguna extra?a raz¨®n, la Administraci¨®n no quiere llegar a un acuerdo, al menos deber¨ªa permitir que el asunto fuera a juicio. La Constituci¨®n y el sistema judicial de Estados Unidos son poderosos veh¨ªculos para dar forma a lo que nuestra democracia ofrece a los j¨®venes que no tienen voto en un problema a largo plazo que supone una amenaza para la vida, como la crisis clim¨¢tica.

Los Juliana 21 entienden que si el fiscal general consigue retrasar de nuevo su juicio, seguir¨¢n sin poder impedir que su Gobierno empeore el problema. Del mismo modo que es urgente abordar la crisis clim¨¢tica, es urgente impedir ¡ªya mismo¡ª que el fiscal general recurra a la extraordinaria t¨¢ctica de solicitar al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito o al Tribunal Supremo que desestime el caso, negando de hecho a los j¨®venes demandantes su derecho a un juicio.

Debemos apoyar a Juliana 21. En este caso, la justicia retrasada es en realidad justicia denegada.

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