Denunciantes a la intemperie en las empresas: la Autoridad de Protecci¨®n al Informante sigue sin funcionar

Han pasado poco m¨¢s de 15 meses desde la entrada en vigor, el 13 de marzo del a?o pasado, de la Ley 2/2023, que protege a las personas que informen sobre infracciones y que crea el canal de denuncias. Esta norma obliga a las empresas a partir de 50 trabajadores y a entidades privadas independientemente de su tama?o que se dedican a prestar servicios financieros, a la prevenci¨®n del blanqueo o de la financiaci¨®n del terrorismo, a la seguridad del transporte y a la protecci¨®n del medio ambiente. Es el caso de una corredur¨ªa de seguros peque?a, joyer¨ªas, casas de apuestas, despachos de abogados, notar¨ªas, etc¨¦tera. Aunque las exigencias legales son numerosas, a¨²n falta un paso clave: la puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protecci¨®n del Informante, tambi¨¦n conocida como AAI.

Este organismo a¨²n no se ha creado, a pesar de que la propia ley establec¨ªa el plazo de un a?o para aprobar el Estatuto de la Autoridad a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Hacienda y para la Transformaci¨®n Digital y de la Funci¨®n P¨²blica. El real decreto se est¨¢ elaborando y se ha prescindido de la consulta p¨²blica al haberse acordado la tramitaci¨®n administrativa urgente. En ¨¦l se establece la estructura y funcionamiento de un ¨®rgano clave para el cumplimiento de la ley: gestiona las denuncias que reciba como canal externo, ya que es una alternativa para los informantes que no se sientan seguros al usar el canal interno de su empresa. Adem¨¢s, debe adoptar medidas de protecci¨®n para los informantes, elaborar una memoria anual y estad¨ªsticas, e impulsar una cultura de la informaci¨®n para prevenir delitos.

El retraso tiene consecuencias. ¡°Cuando no hay un ¨®rgano superior encargado de supervisar y sancionar, las personas f¨ªsicas y entidades implicadas legislativamente no sienten la presi¨®n de tener que cumplir con la ley¡±, explica Diana Gurau, responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento del Grupo Logalty. La experta advierte de que las organizaciones que a¨²n no han implementado el canal de denuncias interno pueden ser multadas debido al car¨¢cter retroactivo de la norma. La incertidumbre tambi¨¦n es algo que destaca Candela Sot¨¦s, del ¨¢rea de compliance en Bird & Bird. ¡°Indudablemente genera inseguridad a las empresas que se han visto forzadas a cumplir con ciertas obligaciones que recoge la ley, pero sobre las que todav¨ªa, despu¨¦s de un a?o, no existe experiencia pr¨¢ctica ni directrices sobre su aplicaci¨®n¡±, reflexiona.

En algunas comunidades aut¨®nomas se ha creado una figura similar, aunque sin facultades sancionadoras. Con todo, las expertas consideran que el balance general de este primer a?o es positivo. ¡°Muchas empresas que ya ten¨ªan implementado un canal de denuncias como un elemento fundamental de su modelo de prevenci¨®n penal, seg¨²n lo dispuesto en el art¨ªculo 31 bis apartado 5 del C¨®digo Penal, lo est¨¢n actualizando¡±, se?ala Silvia Quiles, directora del ¨¢rea penal y compliance de Ceca Mag¨¢n.

Protecci¨®n para una mayor eficacia

El canal de denuncias se ha regulado en Espa?a a partir de la transposici¨®n de la directiva europea de whistleblowing (denunciante, en ingl¨¦s) y sirve para comunicar irregularidades. Para ser eficaz, debe ofrecer garant¨ªas y protecci¨®n frente a posibles represalias, por lo que su implantaci¨®n no ha estado exenta de dificultades. Silvia Quiles admite cierta reticencia a que los hechos se den a conocer an¨®nimamente o a que el canal tambi¨¦n est¨¦ abierto a terceros, como colaboradores, proveedores o clientes, adem¨¢s de a empleados. Diana Gurau pone el acento en el reto de cumplir todos los requisitos de la norma: se debe asegurar la confidencialidad de la investigaci¨®n, la protecci¨®n de la identidad del informante y, a la vez, facilitarle el acceso al estado de su denuncia o permitirle aportar m¨¢s informaci¨®n. ¡°Esto es complicado de realizar sin una soluci¨®n inform¨¢tica que garantice dicho anonimato y confidencialidad¡±, explica.

El anonimato del denunciado y de los testigos entra?a un obst¨¢culo adicional en las compa?¨ªas de menor tama?o, donde es m¨¢s probable que todo se sepa por la falta de medios, por ejemplo, si se gestiona el canal de denuncias a trav¨¦s de una cuenta de email. ¡°Tener un correo electr¨®nico no sirve¡±, confirma Gurau. En los casos m¨¢s complejos, de grupos de empresa, tambi¨¦n hay que sortear dificultades. ¡°Algunas cuestiones de la ley dejan un cierto margen de interpretaci¨®n y deben afrontar diferencias con respecto a la normativa de whistleblowing aplicable en otras jurisdicciones en las que tambi¨¦n est¨¢n presentes¡±, apunta Candela Sot¨¦s.

La responsabilidad legal en el ¨¢mbito privado de implementarlo recae en el ¨®rgano de administraci¨®n, pero se crea la figura del responsable del canal de denuncias, que se encarga de la gesti¨®n y de la tramitaci¨®n diligente de las investigaciones y debe velar por su adecuado funcionamiento, supervisando la implantaci¨®n de la pol¨ªtica del canal y su difusi¨®n. Tambi¨¦n debe proponer actualizaciones al responsable de su cumplimiento y debe ser independiente del resto de los ¨®rganos, que no pueden darle instrucciones de ning¨²n tipo. Adem¨¢s, debe disponer de los medios para llevar a cabo sus funciones.

El responsable es quien debe asegurarse de que el informante no sufre ning¨²n tipo de represalia, al igual que las personas implicadas en la denuncia. Y, sobre todo, est¨¢ a cargo de admitir o rechazar la denuncia. En cuanto a su perfil, deber¨ªa tener conocimientos jur¨ªdicos, si bien la ley permite que la gesti¨®n de las denuncias se pueda externalizar a un tercero experto en la materia. Tras m¨¢s de un a?o, a¨²n hay flecos en la aplicaci¨®n al cien por cien de la Ley de protecci¨®n al informante.

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