Las prisiones privadas se frotan las manos (y la cartera) ante el plan de deportaciones de Trump

Si hubo una industria especialmente pendiente del resultado electoral en Estados Unidos, esa fue la de las prisiones privadas. Los efectos econ¨®micos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ser¨¢n generalizados, pero en el caso de este sector, que vive de los contratos p¨²blicos para acoger los excedentes de poblaci¨®n carcelaria, y espera con ans¨ªa convertirse en punto de detenci¨®n de los millones de inmigrantes indocumentados que Trump ha prometido deportar, la diferencia entre un triunfo dem¨®crata y uno republicano era algo similar a la distancia entre sobrevivir con dificultades y abrazarse a la abundancia.

As¨ª lo han interpretado los inversores: en verano, cuando se produjo el intento de asesinato de Trump, los dos principales grupos estadounidenses, Geo Group y CoreCivic, revivieron en Bolsa porque se entend¨ªa que el disparo reforzaba a Trump y lo acercaba a la victoria. Una vez cerradas las urnas, conforme el recuento avanzaba cargado de buenas noticias para los republicanos, lleg¨® la explosi¨®n: sus acciones se dispararon hasta cerrar la primera sesi¨®n postelectoral con ganancias de un 42% y un 29% respectivamente.

Esos n¨²meros, muy poco usuales para una sola jornada, han tenido continuidad en los d¨ªas posteriores. Y han desatado algo parecido a la euforia entre sus altos ejecutivos, que hablan de aumentar su capacidad a millones de reclusos si fuera necesario. ¡°Geo Group se cre¨® para este momento ¨²nico en la historia de nuestro pa¨ªs y las oportunidades que traer¨¢¡±, dijo George Zoley, consejero delegado de la firma, a modo de ofrecimiento a Trump.

Seg¨²n un informe de la ONG The Sentencing Project publicado en verano del a?o pasado, la poblaci¨®n carcelaria en prisiones privadas en EE UU ronda el 8% del total. Esto es, casi 100.000 reclusos habitan celdas de prisiones con ¨¢nimo de lucro. La cifra sale de sumar los detenidos bajo jurisdicci¨®n federal con los de otros 27 estados, mientras que en los restantes 23 estados no se utilizan prisiones privadas para albergar a presos. A ese n¨²mero habr¨ªa que sumar otros 16.000 detenidos por los servicios de inmigraci¨®n.

El viraje es total. La tendencia creciente era que los grupos de prisiones privados fueran, cada vez m¨¢s, repudiados. En 2019, la presi¨®n de las organizaciones humanitarias en su contra surti¨® efecto, y los ocho mayores bancos estadounidenses acordaron cerrarles el grifo de la financiaci¨®n por razones ¨¦ticas, aumentando as¨ª su coste de pedir prestado. Poco despu¨¦s, la mala marcha del negocio por la ca¨ªda de detenciones durante los confinamientos de la pandemia, y la ingente deuda que acumulan, les oblig¨® a suspender el elevado dividendo que repart¨ªan, uno de sus grandes atractivos para atraer nuevos accionistas, lo que produjo un desplome en Bolsa. Para rematar la ristra de malas noticias, el presidente Joe Biden firm¨® en 2021 una orden ejecutiva en la que prohib¨ªa renovar los contratos de las c¨¢rceles privadas con la Administraci¨®n federal, lo que cortaba una de las patas de su negocio y les dejaba a expensas de sus tratos con los Estados.

Geo Group y CoreCivic no se tomaron la afrenta dem¨®crata nada bien. La primera advirti¨® de que el veto federal pod¨ªa suponer cientos de despidos y un da?o a las comunidades donde se asientan sus instalaciones. Y la segunda defendi¨® que la alta tasa de encarcelados por centro, una de las acusaciones recurrentes, no era culpa suya. Mientras tanto, Biden, seg¨²n sus propias palabras, trataba de acabar con los beneficios econ¨®micos de unas corporaciones a las que acus¨® de promover un encarcelamiento ¡°menos humano y seguro¡±.

No se trataba de una cruzada personal nacida de la nada. Las criticas a ese modelo vienen de lejos: a las continuas denuncias por parte de ONGs se sum¨® en 2016 una investigaci¨®n del Departamento de Justicia en la que se recog¨ªa que las c¨¢rceles privadas registran tasas m¨¢s altas de agresiones, incidentes m¨¢s comunes por un uso desmedido de la fuerza, y confinamientos m¨¢s frecuentes. El organismo tambi¨¦n inst¨®, ya en aquel a?o, a no renovar los contratos cuando expirasen o a reducir el alcance de los contratos antes de que expiren.

Las perspectivas con Trump a los mandos son muy diferentes. En una vuelta al pasado que pocos esperaban, las c¨¢rceles privadas han pasado a ser objeto de deseo de los mercados, con una revalorizaci¨®n que, en el caso de Geo Group, roza el 90% en un mes, y en el de CoreCivic el 60%. La capitalizaci¨®n burs¨¢til de la primera roza ya los 4.000 millones de d¨®lares, y la de su rival los 2.500 millones. Ese avance vertiginoso, acentuado desde las elecciones, las ha hecho aparecer, junto al bitcoin, el d¨®lar, las petroleras, o la Tesla de Elon Musk, en las listas de grandes ganadoras de un Gobierno republicano.

¡°Una gran oportunidad¡±

El tono de sus directivos durante la reciente presentaci¨®n de resultados es una muestra clara de c¨®mo de alineados parecen estar los intereses del sector con los del nuevo presidente. ¡°Para nosotros, esta es una oportunidad sin precedentes de ayudar al gobierno federal y a la administraci¨®n entrante de Trump a lograr una pol¨ªtica de inmigraci¨®n mucho m¨¢s agresiva en la aplicaci¨®n de la ley, tanto en el interior como en las fronteras, as¨ª como la expulsi¨®n de extranjeros criminales¡±, afirm¨® el consejero delegado de Geo Group, Brian Robert Evans.

No parece que la falta de espacio f¨ªsico vaya a suponer un problema. Aprobar la construcci¨®n de nuevas c¨¢rceles implica una burocracia m¨¢s farragosa, pero no sucede lo mismo con a?adir nuevos edificios a las instalaciones ya existentes, que como han recordado estos d¨ªas sus due?os, se asientan sobre enormes parcelas de terreno.

Uno de los negocios que m¨¢s conf¨ªan en ver crecer es el ligado a los migrantes. El Servicio de Inmigraci¨®n y Aduanas de EE.UU (ICE) es un importante cliente de las dos empresas, y GEO asegura contar con unas 31.000 camas de capacidad para este segmento, ampliables a cientos de miles ¡°y hasta varios millones de participantes¡±, seg¨²n se?ala la empresa utilizando un eufemismo.

Las personas arrestadas por el ICE no cumplen condena por delitos, sino que est¨¢n retenidas mientras un juez de inmigraci¨®n decide si deben ser deportadas. Los niveles de detenci¨®n alcanzaron un m¨¢ximo de m¨¢s de 55.000 bajo la administraci¨®n Trump y cayeron en 2021, en medio de la pandemia, a un m¨ªnimo de 13.000, con el objetivo de permitir que hubiera m¨¢s distancia social entre reclusos y evitar as¨ª contagios. La propia instituci¨®n reconoce que durante la covid-19 ¡°ajust¨® temporalmente su postura de aplicaci¨®n de la ley para centrarse estrictamente en los extranjeros delincuentes y las amenazas a la seguridad p¨²blica¡±.

Estos acuerdos suponen una parte fundamental de la facturaci¨®n de las prisiones privadas. En 2022, Geo Group obtuvo 1.050 millones de d¨®lares en ingresos solo gracias a los contratos del ICE, lo que supuso un 43,9% de sus ingresos totales, de 2.400 millones de d¨®lares. Fuera de las fronteras estadounidenses, su presencia es m¨¢s residual, pero tambi¨¦n brinda sus servicios puntualmente a gobiernos en el Reino Unido, Australia y Sud¨¢frica. En estos dos ¨²ltimos pa¨ªses opera sendos correccionales con m¨¢s de 3.000 camas cada uno, mientras que en el Reino Unido se dedica a la custodia y escolta de prisioneros en su flota de m¨¢s de 400 veh¨ªculos.

M¨¢s all¨¢ de esas ramificaciones internacionales, su negocio dom¨¦stico es, con diferencia, el que reporta m¨¢s ingresos al sector. Y esperan que con Trump se multiplique. El republicano hizo menciones frecuentes a la inseguridad durante su campa?a electoral, y busc¨® transmitir una imagen de mano dura con la delincuencia frente a la supuesta laxitud de los dem¨®cratas. ¡°No se puede cruzar la calle para comprar una barra de pan. Te disparan, te asaltan, te violan¡±, dijo recientemente el expresidente en un evento de campa?a al norte de Detroit. ¡°Eso simplemente no es cierto¡±, le respondi¨® el jefe de polic¨ªa de Detroit, James White.