El Gobierno se abre por primera vez a financiar la reforma universitaria, pero no concreta la cifra

El Gobierno se ha abierto por primera vez a financiar parcialmente la reforma de los campus que prev¨¦ la Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario (LOSU). Lo ha hecho a trav¨¦s de la ministra de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades, Diana Morant, que se ha reunido este jueves con los consejeros y viceconsejeros del ramo en su primera Conferencia General de Pol¨ªtica Universitaria. Morant, sin embargo, no ha querido concretar la cantidad.

El ministerio, adem¨¢s, va a crear un grupo de trabajo ¨Den el que estar¨¢n presentes las comunidades aut¨®nomas, el ministerio, los sindicatos y los rectores¨D para desarrollar desde la semana que viene la aplicaci¨®n de la LOSU y se ha comprometido a que los plazos fijados se alarguen, pues los rectores hab¨ªan denunciado que no pod¨ªan comenzar el nuevo curso cumpliendo las condiciones de la ley. Eso supone invertir en pol¨ªticas para dignificar las plantillas (llenas de falsos profesores asociados), dotar de medios a los cient¨ªficos o atraer talento extranjero. Solo si se aumenta un 15% la financiaci¨®n de las arcas universitarias previsto en la LOSU, se argumenta en la propia norma, se podr¨¢ ¡°buscar alternativas frente al reto demogr¨¢fico o la emergencia clim¨¢tica¡±, mejorar la docencia, formar a lo largo de toda la vida a los ciudadanos, trabajar por la empleabilidad o ¡°generar m¨¢s y mejor investigaci¨®n desde una l¨®gica de transferencia e intercambio¡±.

En el propio pre¨¢mbulo de la LOSU, el Ejecutivo reconoce que ¡°las universidades p¨²blicas espa?olas han sufrido de manera persistente una insuficiente financiaci¨®n p¨²blica en el ¨²ltimo decenio¡± y se propone como ¡°objetivo¡± que el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) se invierta en educaci¨®n universitaria p¨²blica en el conjunto del Estado en el a?o 2030. En 2022 (¨²ltimos datos), el gasto p¨²blico en pol¨ªtica universitaria (niveles educativos de grado, m¨¢ster y doctorado) se estim¨® en el 0,76% del PIB, por lo que se calcula que para llegar a ese 1% de financiaci¨®n, la partida adicional para campus deber¨¢ de crecer en 3.135 millones de euros.

?Y qui¨¦n tiene que sufragar esa partida extra de 3.135 en universidades? El gasto en Espa?a est¨¢ muy descentralizado y el 87,7% corresponde a las comunidades aut¨®nomas, que tienen transferidas las competencias de educaci¨®n superior. Y ah¨ª viene el l¨ªo, porque quien legisla c¨®mo funcionan las universidades es el ministerio y quien ejecuta son los rectores que tienen autonom¨ªa. Por eso aprobar una ley universitaria es siempre un encaje de bolillos que nunca contenta a nadie. Morant ha pedido a las comunidades que tambi¨¦n ellas hagan un esfuerzo financiero: ¡°No financian por igual. Hemos visto que unas han aumentado en torno del 40% en cinco a?os y otras en el 5%¡±.

Seg¨²n los c¨¢lculos de los rectores, limitar las horas de docencia de los profesores asociados (120), permanentes (240) y ayudantes (180) costar¨ªa 225 millones de euros por forzar a nuevas contrataciones. M¨¢s luego se necesitar¨ªa, seg¨²n ellos, una partida de 195 millones para aplicar una tasa de reposici¨®n del 120% (por cada 10 profesores de plantilla que se jubilan entran 12) con la que asumir los costes de Seguridad Social de estos 10.000 docentes, que mientras est¨¢n en ejercicio paga el Estado, pues cotizan a Muface. Y estiman que terminar con la temporalidad (que no pase del 8%) costar¨¢ 106 millones, mientras que la mejora de la calidad de la plantilla ¨Datrayendo talento, por ejemplo¨D supondr¨¢ otros 318 millones. En total, 844 millones. Morant, que ha heredado los c¨¢lculos ya hechos por el desaparecido Ministerio de Universidades, no ha querido entrar a valorar unos datos ¡°de parte¡± [de los rectores].

Cuatro a?os de negociaciones

Esta es la primera vez que p¨²blicamente el Ejecutivo se abre a financiar la ley. Desde que empez¨® a negociarse la norma en 2020 ¨Dcon el ministro Manuel Castells al frente y luego con su sucesor, Joan Subirats¨D, los gobiernos auton¨®micos de la oposici¨®n han criticado tener que aplicar las medidas de la norma sin una partida econ¨®mica adicional. A los lamentos se sum¨® el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garc¨ªa Page, que dijo estar dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional: ¡°No tengo ning¨²n problema en plantearnos un conflicto constitucional si avanza este proyecto tal y como lo est¨¢n planteando¡±. El Gobierno, mientras tanto, hac¨ªa c¨¢lculos y encarg¨® un estudio de la viabilidad econ¨®mica al Instituto Valenciano de Investigaciones Econ¨®micas (IVIE) y organiz¨® junto a los rectores unas jornadas sobre financiaci¨®n universitaria en la Universidad Men¨¦ndez Pelayo que se celebraron en septiembre.

Y ya el pasado diciembre entr¨® en escena la conferencia de rectores (CRUE), siempre muy discreta y temerosa de posicionarse, y fue implacable en su monograf¨ªa Financiaci¨®n P¨²blica en la LOSU: objetivos de financiaci¨®n p¨²blica e instrumentos: ¡°?Estamos ante un nuevo ejemplo en el que el Gobierno central legisla y las comunidades auton¨®micas pagan? (Ley de dependencia, asistencia sanitaria a desplazados, etc¨¦tera)¡±.

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