El Gobierno recurrir¨¢ la ley de universidades de Ayuso por injerencia en la norma estatal y denuncia el ¡°maltrato¡± a las p¨²blicas

El Gobierno recurrir¨¢ en los tribunales la Ley de Educaci¨®n Superior, Universidades y Ciencia promovida por el Ejecutivo madrile?o de Isabel D¨ªaz Ayuso si se aprueba con la formulaci¨®n del borrador. De esta forma, la ministra de Ciencia, Innovaci¨®n y Universidades respalda a los rectores de los seis campus p¨²blicos que han denunciado por escrito una supuesta injerencia de la Administraci¨®n regional en sus competencias. Diana Morant, que ha hecho este anuncio este martes en una visita a la Universidad Aut¨®noma de Madrid, considera que pese al ¡°maltrato¡± a las universidades p¨²blicas ¨Dque est¨¢n infrafinanciadas¨D es ¡°peor lo que se ha visto en el borrador¡±, del que han trascendido por el momento solo ocho p¨¢ginas muy pol¨¦micas. Seg¨²n la ministra, su departamento estar¨¢ ¡°vigilante¡± por si es necesario presentar un recurso. El secretario general de Universidades, Francisco Garc¨ªa, se reuni¨® con los rectores este lunes para conocer de primera mano su situaci¨®n.

¡°Con los borradores de la ley estamos descubriendo que Ayuso tiene una agenda oculta para la privatizaci¨®n de las universidades, en vez de atender a su obligaci¨®n de financiar a las universidades p¨²blicas. Lo que est¨¢ haciendo es cargarse el sistema p¨²blico a trav¨¦s de esta nueva ley. Estaremos vigilantes porque, si se aprueba esta ley, estar¨ªamos hablando de incumplir la ley estatal, incumplir el marco competencial que tenemos en este pa¨ªs ¨Drepartido entre el Estado, las comunidades aut¨®nomas y las universidades¨D y vemos que agrede la autonom¨ªa de las universidades¡±.

Morant ha argumentado que si no se financia a las universidades p¨²blicas, ¡°se agrede a su autonom¨ªa¡± y ha desmenuzado varios datos: la inversi¨®n por alumno es un 21% menor que la media espa?ola y las transferencias que se hacen representan el 0,4% del PIB de la comunidad, por debajo de la media del 0,55%. Y ha remarcado que a la ¡°financiaci¨®n paup¨¦rrima¡± se va a sumar que esta va a estar condicionada a que los campus se autofinancien en un 30%, lo que est¨¢ vinculado en su mayor parte al precio de las matr¨ªculas que pagan las familias. A la ministra le preocupa que ello suponga de nuevo un alza de tasas (han bajado por un acuerdo de todas las regiones, pero siguen siendo las m¨¢s altas de Espa?a con Catalu?a).

Por otro lado, el ministerio se ha fijado en los criterios de castigo del vandalismo o los escraches que propone el borrador. ¡°Es tambi¨¦n una sanci¨®n a la libertad de expresi¨®n de la comunidad universitaria, va m¨¢s all¨¢ de los derechos recogidos en la Constituci¨®n Espa?ola, de la ley estatal [Ley Org¨¢nica del Sistema Universitario, LOSU] y la Ley de convivencia universitaria¡±.

El pasado jueves, los rectores enviaron un informe muy cr¨ªtico sobre lo que se conoce de la norma al consejero de Educaci¨®n, Emilio Viciana, adelantado por EL PA?S, en el que se quejaban sin ning¨²n disimulo: ¡°Varias de las propuestas afectan y/o podr¨ªan afectar directamente a la autonom¨ªa universitaria y a la organizaci¨®n de las universidades, generando situaciones inciertas y con car¨¢cter que puede considerarse invasivo sobre la autonom¨ªa universitaria¡±. Estas propuestas afectan a la elecci¨®n de gerente y rector, la existencia de un interventor nombrado por el Consejo Social (presidido por el consejero de Educaci¨®n) o el reconocimiento de materias de FP Superior.

El Ejecutivo madrile?o pretende que puedan presentarse a rector quienes est¨¦n ¡°en posesi¨®n de la correspondiente acreditaci¨®n para el acceso al cuerpo de catedr¨¢ticos de universidad¡±, es decir, quienes hayan demostrado ante la agencia de calidad universitaria que re¨²nen los m¨¦ritos suficientes para ser catedr¨¢ticos, aunque no ejerzan. Sin embargo, la LOSU (2023) deja en manos de cada instituci¨®n ¡ªa trav¨¦s de los estatutos¡ª la selecci¨®n de m¨¦ritos de investigaci¨®n, docencia y experiencia de gesti¨®n que deben cumplir los aspirantes. ¡°Si la redacci¨®n se mantuviera, podr¨ªa contravenirse el derecho constitucional a la autonom¨ªa universitaria, que garantiza el art¨ªculo 27.10 CE¡±, aseguran los rectores.

El 10 de junio, Morant ya hab¨ªa mostrado su ¡°preocupaci¨®n por la falta de respeto a la autonom¨ªa universitaria¡±. La ministra asegur¨® entonces que el Gobierno regional podr¨ªa, de aprobarse la ley, ¡°nombrar las gerencias universitarias¡±, lo que ¡°politizar¨ªa los campus¡±. Pero lo cierto es que, en ese caso, de haber intromisi¨®n ser¨ªa tangencial, porque lo que el Ejecutivo madrile?o quiere es que haya un concurso p¨²blico y reservarse el poder de ¡°fijar el procedimiento y caracter¨ªsticas¡± del mismo para la elecci¨®n del gerente. Aunque el elegido ser¨ªa nombrado y cesado por el rector.

La Conferencia de Rectores de las Universidades P¨²blicas de Madrid (CRUMA), sin embargo, considera que se trata de una clara injerencia en su independencia de acci¨®n. ¡°Es someter a un concurso p¨²blico la designaci¨®n de un consejero de la comunidad aut¨®noma; ello porque el gerente forma parte del equipo rectoral¡±, afirm¨® en su an¨¢lisis de 18 p¨¢ginas.

El Gobierno de Ayuso pretende aumentar ¡°los cr¨¦ditos m¨ªnimos que se reconocen entre ense?anzas superiores universitarias y no universitarias, para garantizar reconocimientos de calidad¡±, lo que de facto supone que en las universidades privadas que ofertan tambi¨¦n FP Superior estos alumnos puedan titularse primero de la FP y saltar luego a la universidad cursando muy pocas asignaturas, dado que les han sido convalidadas. Frente a eso, la CRUMA recuerda: ¡°Es la universidad la que propone el reconocimiento [de convalidaci¨®n de asignaturas] a la Comunidad¡±.

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