La Audiencia Provincial ordena detener a los administradores de CPV

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la detenci¨®n de los administradores de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) ante el posible riesgo de fuga por las elevadas condenas que prev¨¦ imponer el tribunal por la supuesta estafa de la inmobiliaria que, en octubre de 2002, cerr¨® sus oficinas dejando a miles de afectados sin piso en los PAUs de los barrios del norte, pese haber adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas. Los cuatro principales acusados ya han sido arrestados.

En un auto, la Secci¨®n Decimoquinta decreta la detenci¨®n de Francisco Garc¨ªa Moreno, el m¨¢ximo responsable de la compa?¨ªa, sus dos hijos, Francisco y Miguel ?ngel -administrdores de la sociedad-, y un amigo de ¨¦stos, Miguel Angel Morillo.

La Sala fundamenta su decisi¨®n en "las penas que pudieran imponerse a los acusados, una vez deliberada la sentencia, el escaso tiempo que han estado en prisi¨®n provisional, la naturaleza de los hechos, la situaci¨®n econ¨®mica de los acusados y el aseguramiento de su presencia en fases posteriores del proceso". La sentencia por el denominado caso CPV se notificar¨¢ en las pr¨®ximas horas a las partes personadas en el procedimiento.

Petici¨®n de penas

Adem¨¢s, la Secci¨®n 15 celebrar¨¢ ma?ana, a las 9.45 horas, una vistilla en la que los abogados defensores, las acusaciones personadas y el fiscal se pronunciar¨¢n sobre la situaci¨®n de prisi¨®n preventiva de los responsables directos de la estafa. Este procedimiento se inici¨® en febrero de 2000, cuando la propia Junta de Compensaci¨®n del PAU de Sanchinarro interpuso una denuncia, al comprobar que estaban circulando escrituras falsas de propiedad sobre estos terrenos. La causa lleg¨® a archivarse en 2002 cuando los responsables de CPV presentaron un supuestos aval que garantizaba la devoluci¨®n de las cantidades.

La Junta de Sanchinarro recurri¨® esta decisi¨®n y el caso sigui¨® adelante. Los procesados se enfrentan a 15 y cuatro a?os de prisi¨®n por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental, y a una multa de 60 euros diarios durante 36 meses. As¨ª, el fiscal rebaj¨® el 17 de septiembre de 72 a 68 a?os de prisi¨®n la petici¨®n de penas para los seis acusados, entre los que figura tambi¨¦n los supuestos testaferros de la sociedad, Adelina E.A. y Alfredo V.G.

La Fiscal¨ªa de Madrid sostiene que los encausados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.