Una gran estafa con 1.889 v¨ªctimas

Casi cuatro a?os ha tardado la justicia en sentar en el banquillo a los seis acusados de perpetrar una de las mayores estafas inmobiliarias ocurridas en Madrid en los ¨²ltimos 20 a?os: la cometida contra sus clientes por la Cooperativa Peninsular de Viviendas (CPV), destapada por EL PA?S en noviembre de 2002. Las cifras de esta macroestafa no son desde?ables. Seg¨²n la Fiscal¨ªa de Madrid, seis personas vinculadas a CPV dejaron sin sus ahorros a 1.889 familias humildes que aspiraban a tener un piso en los nuevos barrios del norte de Madrid. El fiscal pide para todos ellos 72 a?os de c¨¢rcel.

Tras casi cuatro a?os investigando este masivo enga?o, que ha dejado un sumario con miles de folios, ya hay escrito de acusaci¨®n del fiscal, paso previo a la celebraci¨®n del juicio. Previsiblemente, ser¨¢ en abril en la Secci¨®n 15 de la Audiencia Provincial, que preside Alberto Jorge Barreiro.

El fiscal describe con la precisi¨®n de un delineante como Francisco Garc¨ªa Moreno, en connivencia con sus dos hijos y dos testaferros, vaci¨® los bolsillos a nada menos que 1.889 familias necesitadas de una vivienda (muchas eran parejas de novios que quer¨ªan casarse). Cuenta tambi¨¦n el fiscal c¨®mo Garc¨ªa, experto en negocios inmobiliarios, consigui¨® que esas familias le entregaran 37 millones de euros (unos 6.000 millones de pesetas) a cambio de casas en los nuevos desarrollos urban¨ªsticos de Sanchinarro, Montecarmelo y Las Tablas. Corr¨ªa el a?o 2000 y las casas jam¨¢s llegaron a levantarse. Entre otras cosas, porque la CPV carec¨ªa de suficiente suelo en esa zona para construirlas all¨ª.

26,8 millones de euros

Tambi¨¦n detalla el fiscal c¨®mo los acusados destinaron a los preparativos de la construcci¨®n de las casas s¨®lo una m¨ªnima parte de los 37 millones que captaron de sus v¨ªctimas. Y c¨®mo "incorporaron el resto [del dinero] a su patrimonio con car¨¢cter indefinido". La estafa total asciende a 26,8 millones de euros.

Tras estallar este esc¨¢ndalo en noviembre de 2002, las v¨ªctimas de la CPV se echaron a la calle en decenas de manifestaciones. Exig¨ªan sus casas y reclamaban la responsabilidad del Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por la ausencia de fiscalizaci¨®n de este tipo de sociedades.

El escrito de acusaci¨®n del fiscal es demoledor por la crudeza de los hechos que describe.

El ministro fiscal define a Francisco Garc¨ªa como el cerebro de esta macroestafa. La CPV se constituye el 30 de diciembre de 1997 con un capital social de 4.200 euros, que luego fue ampliado a 354.000 euros. Cantidad "claramente insuficiente para afrontar las operaciones mil millonarias que desde el principio acometi¨® esta mercantil", denuncia el fiscal. Oficialmente, Francisco Garc¨ªa puso al frente de la CPV, para no figurar ¨¦l, a sus dos hijos -los hermanos y tambi¨¦n acusados Miguel ?ngel y Francisco Garc¨ªa S¨¢nchez- y a un amigo de ¨¦stos, Miguel ?ngel Morillo. Para cada uno de ellos el fiscal reclama 12 a?os de c¨¢rcel por estafa y otros 4 por falsedad en documentos. Para los dos testaferros acusados -Adelina Erles Abad¨ªa y Alfredo V¨¢zquez Garc¨ªa-, el fiscal reclama otros cuatro a?os por falsedad. En total, 72 a?os para todos ellos.

Detalla el fiscal que, en 1998, los procesados decidieron intervenir en los desarrollos urban¨ªsticos del norte de Madrid: Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo. Y lo hacen sin tener un duro y pr¨¢cticamente ning¨²n suelo all¨ª. A¨²n as¨ª, hicieron una espectacular campa?a publicitaria para captar clientes. Por entonces, los precios de los pisos ya estaban por las nubes. Sobre el papel, la CPV ofrec¨ªa casi un chollo. Eso despert¨® el inter¨¦s de muchas parejas interesadas en disponer, en ese lugar, de una casa con zona ajardinada, piscina y pista de padle.

Con las primeras entregas de dinero, la CPV adquiri¨® un solar de 15.000 metros cuadrados en Sanchinarro. Suficiente para 40 casas, no m¨¢s. Pero ello le permiti¨® entrar en la junta de compensaci¨®n de suelo de esos nuevos barrios. A las familias que adelantaban dinero, la CPV les hac¨ªan una suerte de "contrato de adquisici¨®n de vivienda", En esos contratos se indicaba que el dinero adelantado ir¨ªa directamente a una "cuenta especial" abierta y controlada por un banco.

CPV dec¨ªa a las familias, adem¨¢s, que el dinero, por si surg¨ªa alg¨²n problema, estaba avalado por un gran banco. La inmobiliaria abri¨® cuentas especiales en seis bancos. Aqu¨ª lleg¨® el primer enga?o: inicialmente ese aval fue suscrito por Caja Madrid, pero fue rescindido meses despu¨¦s debido a que era muy gravoso para CPV. Poco despu¨¦s, el 30 de agosto de 2000, suscribieron un aval con la compa?¨ªa Asefa, que lo rescindi¨® por impago nueve meses despu¨¦s. Tanto la cuenta especial como el aval eran obligaciones legales. Esas cuentas obligan a que el dinero que salga de ellas se destine exclusivamente a la construcci¨®n de las casas y no a otro cometido. Es decir, hay que justificar el destino del dinero, que no era de CPV, sino del ahorro de las familias.

Para dar apariencia de que exist¨ªa el citado aval, m¨¢s adelante lo suscribieron con una compa?¨ªa italiana. Pero en realidad, se trataba de una ficci¨®n, ya que esa compa?¨ªa no pod¨ªa figurar como avalista, al no estar inscrita en el Registro del Banco de Espa?a. Cuando los clientes se dieron cuenta de que esa compa?¨ªa era inoperante, CPV suscribi¨® el aval con Europe Cauzione, tambi¨¦n italiana, cuyo agente en Espa?a era el mismo que el de la anterior. En realidad todo era un parip¨¦. Cuando salt¨® el esc¨¢ndalo, las v¨ªctimas se encontraron sin casa, sin ahorros y sin aval.