Los jueces valencianos ven legal que Camps aceptara regalos de la 'trama G¨¹rtel'

Los jueces que han decidido archivar la investigaci¨®n sobre un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat y otros tres cargos p¨²blicos del PP valenciano hacen en su auto una interpretaci¨®n especial de lo que significa el art¨ªculo 426 del c¨®digo Penal (La autoridad o funcionario p¨²blico que admitiere d¨¢diva o regalo que le fueren ofrecidos en consideraci¨®n a su funci¨®n o para la consecuci¨®n de un acto no prohibido legalmente, incurrir¨¢ en la pena de multa de tres a seis meses).

Dos de los tres magistrados que han analizado los recursos de los altos cargos del PP entienden que ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, hizo todos los regalos que se citan en el auto, pero las d¨¢divas no estaban relacionadas con la funci¨®n que ocupaban entonces Francisco Camps, presidente; Victor Campos, vicepresidente; Rafael Betoret, jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y Ricardo Costa (portavoz parlamentario del PP). Los jueces lo escriben as¨ª: "Entendemos que no cabe en el ¨¢mbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo gen¨¦rico en considerar que la conducta de admitir una d¨¢diva por una autoridad o funcionario p¨²blico, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ¨¦tico, implique pr¨¢cticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza en consideraci¨®n a su funci¨®n, por el mero hecho de constatarse que se re¨²ne la cualidad de autoridad o funcionarios p¨²blico". Y a?aden: "Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicaci¨®n contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tend¨ªa a la obtenci¨®n de una determinada contraprestaci¨®n".

La red de empresas dirigidas por Francisco Correa, el hombre que organiz¨® durante 10 a?os todos los actos del PP y trab¨® contactos con decenas de dirigentes de este partido en ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas para lograr cientos de contratos, pag¨® varios millones de euros en comisiones ilegales a alcaldes, diputados y al menos un consejero auton¨®mico e hizo regalos caros a otros dirigentes populares. Su principal centro de negocio desde 2004 fue la Comunidad de Madrid, donde soborn¨® a alcaldes, diputados auton¨®micos y, al menos, un consejero. Correa extendi¨® sus tent¨¢culos a la Comunidad Valenciana, donde cre¨® una empresa llamada Orange Market, al frente de la cual puso a ?lvaro P¨¦rez que desde el primer d¨ªa de funcionamiento logr¨® ingresos de la administraci¨®n auton¨®mica que dirige Francisco Camps. En cuatro a?os, cerca de 8 millones de euros, m¨¢s otro mill¨®n por organizar los actos del PP valenciano.

Para cultivar esa fuente de ingresos, El Bigotes, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, hizo regalos a diestro y siniestro, acreditados por los apuntes registrados en la contabilidad B de la trama empresarial corrupta, los testimonios de muchos de los implicados y los documentos de los establecimientos donde se hicieron los regalos. Los funcionarios declararon que les daban contrato sin concurso porque los conoc¨ªan como proveedores y por su experiencia. Sin embargo, al menos en el primer a?o de existencia de la empresa, no hab¨ªan hecho ni un solo trabajo para la Comunidad Valenciana y recibieron m¨²ltiples contratos, algunos troceados en varias partes con importes inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas y el concurso p¨²blico. La empresa que lograba estos negocios, regalaba a la vez trajes, zapatos, entradas de circo, juguetes car¨ªsimos, corbatas, bolsos, relojes y pulseras a los dirigentes del PP valenciano, al presidente Camps y a su familia. Muchos de los regalos los hac¨ªa El Bigotes por Navidad y otros, durante el resto del a?o y durante cuatro ejercicios seguidos.

El juez que investig¨® el caso en Valencia encontr¨® suficientes indicios de un delito de cohecho y sostuvo en un auto que los dirigentes del PP valenciano deber¨ªan ser juzgados por un jurado popular. Pero tres compa?eros suyos, que forman la sala encargada de estudiar los recursos de las partes, han dado la raz¨®n a Camps y a los suyos y han decidido archivar el caso.

El magistrado Juan Montero Aroca ha formulado un voto particular en el que discrepa de la interpretaci¨®n que sus dos compa?eros han hecho del art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal: "No me parece que ese tipo penal tenga que requerir una relaci¨®n de causalidad".

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia implica que cualquier alto cargo de la Comunidad Valenciana puede admitir, sin ning¨²n problema, regalos por varios miles de euros de empresas que contraten con la administraci¨®n valenciana. Esos regalos, seg¨²n dos de los tres jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Valenciano, son legales.