Aguirre no cree que Camps deba seguir su ejemplo
La presidenta de Madrid apart¨® ayer a los tres diputados imputados en la 'trama G¨¹rtel' de su grupo parlamentario.- Feij¨®o defiende que Rajoy "no tiene responsabilidades"
Esperanza Aguirre no se siente "en absoluto" un ejemplo para Francisco Camps. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer oblig¨® a los tres diputados regionales de su partido imputados por el caso G¨¹rtel a abandonar el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, cree que lo que ocurre en su comunidad "no tiene nada que ver" con lo que ocurre en Valencia "porque all¨ª no hay imputados".
La presidenta ha explicado que, aunque en Valencia se abri¨® un proceso judicial que afectaba a altos cargos tanto del PP como de la Generalitat, ya fueron exonerados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
Ayer, apenas unas horas despu¨¦s de recibir la parte del sumario del caso G¨¹rtel que el juez Pedreira ha desclasificado,y en el que la Comunidad de Madrid se ha personado, Aguirre opt¨® ayer por expulsar del Grupo Popular en la Asamblea a los tres diputados auton¨®micos imputados, el ex consejero Alberto L¨®pez Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco el diputado Alfonso Bosch. A los dos ex alcaldes, el ex alcalde de Pozuelo, Jes¨²s Sep¨²lveda, y el de Boadilla, Arturo Gonz¨¢lez Panero, que segu¨ªan como concejales tambi¨¦n los ech¨® de sus grupos municipales. En cualquier caso, la mayor¨ªa absoluta de Aguirre no corre ning¨²n riesgo, puesto que contar¨¢ ahora con 64 de los 120 diputados.
Aunque la presidenta de Madrid ha reconocido que no conoce el tema de Valencia a fondo s¨ª ha recalcado que conf¨ªa "plenamente en que el se?or Camps va a hacer lo que tenga que hacer".
Por otro lado, Aguirre ha confirmado que el PP de Madrid va a promover una reforma reglamentaria de la Asamblea regional para introducir la figura del diputado no adscrito, que ahora no existe. Dicha reforma, que supondr¨ªa un tr¨¢mite de un mes, se va a hacer de urgencia y su objetivo es que L¨®pez Viejo, Mart¨ªn Vasco y Bosch no entren en el Grupo Mixto y no cobren los beneficios asociados que incrementar¨ªan su sueldo de 3.800 a 6.000 euros.
Feij¨®o: "El momento de tomar decisiones se puede discutir"
Esquivo y sin pronunciarse con rotundidad sobre la situaci¨®n del PP tras los ¨²ltimos datos conocidos del caso G¨¹rtel al levantarse parcialmente el sumario, el presidente del Xunta de de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, se muestra a favor de que su partido adopte decisiones, aunque no precisa cu¨¢les. "El momento procesal de tomar estas decisiones se puede discutir pero quien se haya aprovechado del partido no puede estar en pol¨ªtica", ha asegurado Feij¨®o en una entrevista en la cadena SER.
El presidente gallego ha defendido la gesti¨®n que el l¨ªder del partido, Mariano Rajoy, est¨¢ haciendo de la crisis. "La inmensa mayor¨ªa de los espa?oles sabe que Rajoy no tiene responsabilidad en estas cuestiones. Yo lo que le ped¨ª siempre es que si ocurre algo en el partido en Galicia me deje a mi asumir la responsabilidad, porque si las decisiones se toman en Madrid se desautoriza al presidente del PP gallego y es una intromisi¨®n desde el punto de vista estatutario", ha indicado.
Folios por conocer
Pese a que el argumento esgrimido hasta ahora por los dirigentes populares de estar indefensos por no conocer de qu¨¦ se les acusaba ha quedado superado al levantarse los 17.000 folios del sumario, Feij¨®o ha insistido en esta l¨ªnea. "Nos hemos enterado de cosas sin tener comunicaci¨®n previa, de cosas parcialmente. Se declaran sumarios secretos y se conocen parcialmente. Todav¨ªa quedan folios sin conocer", ha afirmado.
"Lo que puedo asegurar es que mi partido tiene que tomar decisiones. Ayer se tomaron algunas importantes en la Asamblea de Madrid [donde Esperanza Aguirre expuls¨® del partido a los tres diputados implicados]. En un partido como el PP la gente que no distingue la gesti¨®n econ¨®mica de su inter¨¦s no puede estar en el partido".
Sobre las posibles ramificaciones de la trama en Galicia, Feij¨®o ha descartado cualquier responsabilidad de sus actuales gestores. "En 1996 y 1999 hab¨ªa una persona que ahora est¨¢ encarcelada [Pablo Crespo]. En 1999 se le apart¨® y si pudi¨¦semos apartarlo por segunda vez lo har¨ªamos pero ya fuera", ha afirmado el presidente gallego, quien ha a?adido que si supieran m¨¢s cosas dar¨¢ "las explicaciones que correspondan".
Por su parte, el vicepresidente tercero valenciano, Juan Cotino, ha asegurado que "habr¨¢ reuniones pertinentes para ver qu¨¦ soluciones se buscan". Pese a ello, Cotino ha insistido en que "el Ejecutivo no tiene por qu¨¦ tomar ninguna decisi¨®n" ya que "no se acusa a nadie de nada" y "nadie se ha llevado un euro de nada". El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, ha acusado hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de manipular las instituciones democr¨¢ticas para "apropiarse indefinidamente del poder pol¨ªtico", y ha defendido el derecho de los ciudadanos "a expresar su voluntad democr¨¢tica ante la relevancia" de los acontecimientos que se conocen del caso G¨¹rtel.
Los abogados creen que las escuchas del 'caso G¨¹rtel' se hicieron sin apoyo legal
El Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE) cree que la grabaci¨®n de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso G¨¹rtel y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente", informa Efe. De esta forma se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes.
El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violaci¨®n del secreto profesional" que, en su opini¨®n, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un grav¨ªsimo atentado" contra el Estado de Derecho. Estos procedimientos, subrayan los abogados, est¨¢n reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ileg¨ªtima vulneraci¨®n de derechos fundamentales.
El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado ten¨ªa que haberlas autorizado el juez Baltasar Garz¨®n en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa. Por ello, seg¨²n el CGAE, las grabaciones de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deber¨ªan haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.
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